El Ejército cesa de sus funciones al capitán investigado por la muerte de dos militares en Cerro Muriano

Según ha podido confirmar ABC, el cese por parte del Cuerpo General del Ejército se produce después de que los letrados de la viuda y de la familia del cabo Jiménez -Antonio Granados y José Francisco Pérez, respectivamente-, lo solicitaran el pasado día 9 de marzo y al amparo de la Ley de la Carrera Militar de 2007.

Según consta en el apartado de Personal del boletín, el capitán cesa en su actual destino del Regimiento de Infantería La Reina 2, que forma parte de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y que desplegaba las maniobras en aquel momento, «y pasa a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino en Córdoba».

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Esta medida surtirá efecto desde mañana viernes y queda bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, «quedando adscrito exclusivamente a efectos de tramitación administrativa en la Subdelegación de Defensa en Córdoba», que tendrá que darle destino ahora. El capitán tiene que personarse en la unidad central operativa señalada a esos efectos, indica el Boletín Oficial de Defensa, según ha adelantado Radio Córdoba Cadena Ser (BOD).

Contra la presente resolución, el capitán tiene la opción de presentar ahora un recurso de alzada por la vía administrativa ante el Ministerio de Defensa en el plazo máximo de un mes. Fuentes consultadas por ABC han señalado que no lo hará.

La medida adoptada ahora por el Cuerpo General del Ejército de Tierra, que ya el día siguiente a los hechos difundió una nota donde comunicaba que lo apartaba (22 de diciembre), se produce semanas después de que se conociera que se le había abierto expediente al capitán Zúñiga tras la petición de los abogados del cabo (Antonio Granados y Francisco José Pérez) y se suscitara una polémica sobre su situación real en el interior de la Base de Cerro Muriano.

La resolución publicada este jueves se apoya en el apartado 1 del artículo 104 de la Ley de Carrera Militar. Su tenor literal es: «Las normas generales de provisión de destinos incluirán las causas de cese. En todo caso, los destinos de libre designación podrán ser revocados libremente por la autoridad que los concedió».

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En el mismo artículo, en su apartado 3 (no citado en la resolución), se recoge cómo un superior, motivado en un informe, puede también proponer el cese de un mando por «falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios». «Los jefes de unidad, centro u organismo podrán proponer el cese en el destino de cualquier subordinado por falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios de su destino, elevando a la autoridad que lo confirió informe razonado de las causas que motivan la propuesta de cese», señala.

Esta resolución surge también en un momento de máxima tensión en el procedimiento judicial abierto en la instancia militar, ya que el juez encargado de instruir el caso ha decidido expedientar al letrado del soldado Carlos León, Luis Romero, por presunta revelación de sumario, amparándose en la propia normativa judicial militar de hace más de 40 años y sin que la causa esté bajo secreto de sumario en estos momentos.

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El capitán Ignacio Zúñiga declaró ante el Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla el pasado 23 de marzo y defendió que tomó las medidas de seguridad oportunas y que contaba con la autorización de sus mandos para llevar a cabo una prueba habitual en la instrucción de los mismos.

En línea, todo ello, con lo señalado en su primera declaración ante la Guardia Civil y un informe remitido al propio juzgado días después de los hechos. Junto a él, el teniente Tato y el sargento Álvarez, también están investigados por un presunto delito contra la eficacia del servicio por el paso letal del lago artificial de la Base de Cerro Muriano.

El caso está pendiente también, en estos momentos, de que el Juzgado Central Militar resuelva una cuestión sobre dos superiores del capitán y su aforamiento planteada por el juez togado de Sevilla ante la posible aparición de indicios de responsabilidad penal en la causa. Esta circunstancia podría dar un giro a todo el caso, que podría acabar en esta instancia superior.

Las reacciones no se han hecho esperar y el abogado Luis Romero, se ha preguntado este jueves qué pasa con el teniente investigado por estos hechos, después del cese de funciones del capitán. «Sobre el teniente nada dicen, y reconoció [en su declaración] que lo habían cambiado solamente de compañía, pero que seguía mandando en muchos de los soldados que participaron en el ejercicio aquel día», ha subrayado el letrado en una entrevista en Canal Sur.

En este caso, ha afirmado que el teniente sigue en el mando, «al no ser que haya habido alguna medida desconocida por nosotros», a la vez que ha manifestado que «el juez togado militar número 21 de Sevilla tiene entre sus potestades que cuando hay un militar investigado podría apartarlo del mando, como medida cautelar, pero no lo ha hecho, y que nosotros sepamos, el Ministerio de Defensa, tampoco aún», ha apostillado.

De otro lado, y en declaraciones a Europa Press, el letrado de los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez, Francisco José Pérez Romero, ha dicho que con dicho cese «se da trámite a lo recogido en el artículo 111.1 de la Ley de la carrera militar», de modo que «todo militar que se encuentre inmerso en una causa penal debe ser apartado de sus funciones».

Además, ha aseverado que «no solamente se nos da la razón desde un punto de vista administrativo, sino que se está encauzando el procedimiento de cara a inculpar posibles responsabilidades penales que pueden y deben de competer tanto al capitán, que en este caso ha sido cesado, como al resto de militares que deben ser investigados a lo largo de la tramitación» del caso.