Así está el polémico caso de la muerte de dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano

En esta causa están imputados el capitán de la compañía del Regimiento La Reina 2 -inserto en la Brigada 'Guzmán el Bueno' X- al que pertenecían los militares fallecidos, junto a un teniente y un sargento encargados del ejercicio del cruce del lago, por un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio.

La foto fija del procedimiento ahora mismo es la siguiente:

La noticia se ha conocido este mismo jueves, 11 de abril. El Ejército ha cesado al capitán encausado y lo ha relevado de sus funciones en su actual destino del Regimiento de Infantería La Reina 2 que se integra en la BRI X 'Guzmán El Bueno' X. El mando pasa a la situación de servicio activo «pendiente de asignación de destino en Córdoba». Contra la presente resolución, el capitán tiene la opción de presentar ahora un recurso de alzada por la vía administrativa ante el Ministerio de Defensa en el plazo máximo de un mes. Todo apunta a que no lo hará.

Los letrados tanto de la viuda como de la familia del cabo fallecido solicitaron el 9 de marzo a Defensa que suspendiese cautelarmente de sus funciones al capitán, además de a los otros dos militares encausados.

Noticia Relacionada

Defensa admite que la muerte del cabo en la maniobra de Cerro Muriano fue «en acto de servicio»

J. Pino / D.Delgado

Este reconocimiento permitiría a la mujer del fallecido solicitar la pensión de viudedad y acceder al seguro militar

Poco después, a finales de marzo, el Ministerio que dirige Margarita Robles puso en marcha el expediente para suspender de sus funciónes al capitán que dirigió las fatídicas maniobras, tal y como trascendió en informaciones periodísticas.

Ahora, llega este cese contra la que el oficial podrá presentar un recurso de alzada por la vía administrativa ante el Ministerio de Defensa en el plazo máximo de un mes.

Una de las 'patas' del caso que pueden darle un giro de 180 grados ha sido la citación por parte de la Fiscalía Jurídico para que declaren como testigos un teniente coronel y un capitán (hay aforamiento en el primer caso) que habían sido jefes supervisores de la actividad del cruce del algo anteriormente. Por ello, el Togado Militar 21 de Sevilla ha pedido información sobre la competencia del caso: y es que si estos dos altos mandos aforados resultasen imputados, el procedimiento completo pasaría a manos del Tribunal Militar Central en Madrid.

Otra de las derivas del procedimiento ha sido la decisión del Togado Militar hace unos días de incoar una pieza separada de responsabilidad disciplinaria -apertura de epxediente- contra el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León.

El juez considera que el letrado podría haber «contravenido el carácter reservado de las diligencias sumariales» al revelar a los medios de comunicación cuestiones secretas del caso. El togado se basa en varios escritos presentados por los letrados de dos de los militares encausados en este procedimiento, el capitán y el teniente, en los que denuncian estos hechos. Se ampara en legislación judicial militar de hace más de 40 años que pasa por alto la circunstancia de que haya o no secreto de sumario en la causa -no lo hay en este hecho-.

El letrado Luis Romero ha denunciado públicamente que está recibiendo «presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar, presionada a su vez por sus jefes y los abogados militares de la defensa».

A lo largo del mes de marzo se han llevado a cabo las últimas diligencias sobre el terreno. El juez militar visitó el 19 del citado mes el lugar de autos donde se reprodujo la maniobra letal para comprobar, entre otras cuestiones, la flotabilidad de las mochilas que cargaban los militares el día de la actividad.

Dos días después se llevó a cabo la declaración judicial de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron tras el ahogamiento de los militares, así como los instructores del atestado y miembros del Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) que rescataron los cuerpos. De igual forma la de un capitán que dirigió una maniobra similar en la Base.

Las comparecencias prosiguieron el el viernes 22 de marzo, con las declaraciones del capitán, el sargento y el teniente que están siendo investigados. No respondieron preguntas de los letrados de las víctimas.

Entre los informes que faltan por incorporar a la causa figura uno definitivo sobre la autopsia de los dos fallecidos.

El caso ha provocado un auténtico tsunami tanto en la base militar cordobesa como en las altas instancias militares y gubernamentales. Como muestra, cabe recordar las palabras de la ministra Margarita Robles, que pidió a la justicia «que llegue hasta el final» y que «nadie tenga miedo a decir la verdad» dentro de los soldados testigos de los hechos.

En este sentido, la ministra de Defensa solicitó que «no haya ningún tipo de silencio y que se cuente todo», al tiempo que declaró que «no puede haber la más mínima sombra de duda sobre el Ejército de Tierra en su conjunto».

Tras el fatal suceso, a comienzos de 2024, el general de la BRI X, Ignacio Olazábal dejó su puesto para pasar a la reserva al cumplir el tiempo reglamentario. Unos días después se conoció el nombre de su sucesor, el general de Brigada Fernando Ruiz Gómez, que asumió el cargo en un momento muy delicado con el caso del fallecimiento de los dos militares en primera plana.