La Audiencia de Córdoba suspende el juicio contra el exedil David Dorado por prevaricación ante la falta de un testigo crucial

La falta de un testigo -crucial para la defensa de Dorado ejercida por el letrado Carlos Arias- ha obligado al tribunal a la suspensión del juicio al mediodía hasta el próximo 7 de octubre fecha en la que está previsto que sí acuda a declarar este capataz-técnico del área que fue quien formuló el contrato que finalmente firmó Dorado para que el sistema de seguridad de los colegios «no quedara desatendido en plena pandemia».

La línea del interrogatorio a los testigos por parte de la Fiscalía estaba orientada a demostrar que Dorado habría dictado una resolución injusta a sabiendas al firmar un contrato que no le correspondía, al carecer de competencia, y al omitir los trámites preceptivos como la intervención de la mesa de contratación, los informes jurídicos y la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

Según el fiscal, con esta actuación se ha vulnerado la normativa de contratación pública y se ha permitido que una empresa prestara servicios por más de 100.000 euros mediante un procedimiento irregular, ha señalado en uno de sus turnos en la sala.

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El contrato de estos sistemas de seguridad en solfa, como consta en el relato de los hechos del fiscal, se celebró por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado por un período máximo de doce meses.

De este modo, una vez pasado ese período se acordó la prórroga de la contratación de esos servicios de seguridad -que comprendían la conexión de los colegios con la central de alarmas y el mantenimiento- por un año y mediante escrito se propuso la continuidad obligatoria del contrato por un período de siete meses, en las mismas condiciones, siendo firmada dicha propuesta por el jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios S.Q. y la coordinadora general de Infraestructuras, M.L.B. -ambos investigados en otras causas judiciales relacionados con el 'Caso Infraestructuras'- con la conformidad del acusado, que en aquel momento ostentaba la condición de concejal y con la aceptación de la empresa adjudicataria.

El caso se ha centrado en un contrato inicialmente adjudicado a Segurimar y después prestado de manera directa por Eulen (subcontratado). En cuanto a la legalidad de este contrato, la viceinterventora municipal ha declarado a preguntas de la Fiscalía que durante 2022 se han emitido facturas de Eulen por importes cercanos a los 50.000 euros, pero siempre divididas en cantidades inferiores a 3.000 euros para poder tramitarse como contratos menores -algo que no podía .

Esto se traduce, según la interventora en que «se ha tratado de una necesidad recurrente que no podía seguir justificándose como contratos menores«. Además, ha señalado en la sala que »varios de esos pagos han sido devueltos con reparos por incumplimiento de la normativa«.

Desde marzo a julio de 2022 su departamento ha advertido de las irregularidades y «ha pedido buscar una vía legal para dar continuidad al servicio; Nosotros hemos fiscalizado y señalado la normativa incumplida; después ha correspondido al servicio gestor corregirlo. No ha sido un problema puntual, sino una prestación continuada que requería licitación«, ha subrayado.

Por su parte, María Luisa Bueno, excoordinadora del área de Infraestructuras y responsable de los técnicos, ha insistido en separar la labor política del concejal de la gestión administrativa: «Los funcionarios han hecho su trabajo, y los concejales han firmado lo que venía avalado por los informes. No he recordado un desistimiento formal del contrato, pero sí que se han hecho ajustes contables para poder mantener el servicio sin dejar colegios desatendidos«.

En este punto, la defensa de Dorado ha preguntado en sala al alcalde de Córdoba, José María Bellido -que ha sido llamado a declarar como testigo en esta causa- que si era cierto que había recomendado a sus concejales que «confiaran en el criterio de los técnicos y firmaran los documentos que les trasladaban«, extremo que sí ha confirmado el alcalde como directriz general a todos los concejales.

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A preguntas de la defensa de Dorado, el alcalde ha respondido que «ni el Ayuntamiento de Córdoba ni sus ciudadanos se han visto perjudicados por la contratación y prestación de estos servicios de seguridad -que a su vez se prolongaron hasta 2023- y que entendía que eran unas «circunstancias especiales» -referidas a la pandemia- y «eran servicios necesarios para la seguridad de los colegios»

En este sentido también, la excoordinadora del área, por su parte, ha defendido ante la sala que «no era habitual que toda la información llegara al concejal: «Si a mí no me lo han comunicado, difícilmente ha podido saberlo él», ha afirmado a preguntas aclaratorias formuladas por el propio presidente del tribunal, José Yarza.

El testimonio más contundente ha llegado de Miguel Aguilar, jefe de los servicios jurídicos municipales, quien ha afirmado que Dorado no tenía competencia para firmar ese tipo de contrato: «En un municipio de gran población, la potestad de contratar ha correspondido a la Junta de Gobierno Local. Lo que se ha hecho ha sido una patada a la Ley de Contratos».

Aguilar ha explicado que el contrato firmado ha carecido de informes técnicos que lo avalaran: «Un concejal no ha tenido por qué tener conocimientos técnicos, pero sí debía ceñirse a lo que le trasladaban sus funcionarios. En este caso se han firmado documentos sin respaldo jurídico ni económico. Era un contrato particular, como si se firmara para la administración de una vivienda privada«.

Por último, uno de los testigos responsables de la empresa de seguridad contratada han señalado que a ellos no les interesaba concurrir a la siguiente licitación de estos servicios de seguridad porque económicamente no les compensaba, ha destacado este testigo.