tribunales
La Fiscalía acusa al ex jefe del Área de Infraestructuras de Córdoba y a la coordinadora por prevaricación y falsedad en la pieza de los contratos menores
Se investigan fraccionamientos indebidos y falsedades en contratos municipales, con perjuicio para el Ayuntamiento de Córdoba de 60.000 euros
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La Fiscalía de Córdoba ha presentado sus conclusiones provisionales en el 'Caso Infraestructuras' instruido por el juez Rodríguez Laínz en la pieza que corresponde a supuestas irregularidades en la adjudicación de varios contratos menores vinculados al denominado Plan de Choque 2020, impulsado por ... el Ayuntamiento de Córdoba para reactivar la economía local tras la pandemia.
El Ministerio Público acusa en su escrito al ex jefe del área de Infraestructuras S.Q. y a la excoordinadora M.L.B. de delitos de prevaricación y falsedad, y señala además a tres empresarios del sector de construcción, multiservicios y eléctricas como 'cooperadores necesarios' en esta presunta trama de corrupción.
El Ministerio Público, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso ABC, considera que en la adjudicación de varios expedientes se produjeron fraccionamientos indebidos, falsedades documentales y un uso irregular de la contratación menor, lo que habría supuesto un perjuicio económico para las arcas municipales de más de 60.000 euros.
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El plan de Choque contaba con un presupuesto de unos 500.000 euros procedentes de un sobrante de Tesorería. En él se establecía que la finalización de los contratos, con certificación de obra y emisión de factura tenía como fecha límite el 30 de diciembre de 2020. Sin embargo, finalmente la mayoría de los contratos se pagaron con el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, o cargo de un crédito bancario como el caso de las luminarias de la avenida de Libia.
Según el escrito, el Área de Infraestructuras fue el foco principal de estas actuaciones, y estaba dirigida por el acusado S.Q. y supervisada por M.L.B. en su condición de coordinadora.
Según el Ministerio Público, «este jefe del área de Infraestructuras desde que recibió el encargo de tramitar expedientes de contratación menor en el contexto del Plan de Choque, tomó la determinación de ponerse en contacto con conocidos suyos, empresarios, incluso personas a las que le unía una relación de amistad, al objeto que se ofrecieran a realizar propuestas de contratas, con la intención de concertarse con los mismos para, con la consigna de favorecer a empresarios concretos, dar apariencia de concurrencia competitiva y sujeción a las normas».
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Siguiendo esta particular hoja de ruta, a juicio de la Fiscalía, S.Q. elaboró además «memorias justificativas con datos falseados y certificó la recepción de obras no ejecutadas en plazo». La Fiscalía vuelca el peso de la responsabilidad de penal sobre el exjefe del área y solicita una condena de 5 años de prisión, 14 años de inhabilitación y una multa por delitos de prevaricación y falsedad documental.
El papel ahí de la coordinadora del área es, a juicio de la Fiscalía, que habría autorizado y firmado resoluciones de adjudicación de contratos -guiada por los técnicos- pese a existir advertencias de fraccionamiento por parte de órganos de control interno. La Fiscalía solicita para ella 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, acusándola de un delito continuado de prevaricación.
Asimismo, se sientan en el banquillo varios administradores de empresas contratistas que participaron en los expedientes cuestionados: M.A.C., administrador de una empresa eléctrica -que se enfrenta a 2 años de prisión, multa de 5 meses y 8 años de inhabilitación-; S.J., administrador de una constructora -para el que el fiscal pide 2 años de prisión, multa de 5 meses y 8 años de inhabilitación-; L.J.T., administrador de una compañía de climatización para el que solicita la misma condena de 2 años de prisión, multa de 5 meses y 8 años de inhabilitación; y por último para D.S.M., administrador de una empresa de servicios integrales -2 años de prisión y multa de 5 meses.
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La investigación de la Fiscalía se centra en cuatro expedientes de contratación menor realizados durante el Plan de Choque 2020. Según los peritos, todos presentan fraccionamiento de proyectos, certificaciones infladas o trabajos no concluidos, lo que generó un desfase económico cercano a los 60.000 euros.
Para el fiscal, el ex jefe del Área era el segundo responsable del órgano de contratación y firmante junto a la acusada de la memoria justificativa, «con la que se ejecuta el fraccionamiento del contrato en dos contratos menores y se suprimen los controles de publicidad de la plataforma. Era responsable y firmante del acta de conformidad de las facturas para que finalmente fueran pagadas«.
Restricción de la publicidad
Para esta acusación, M.L.B. «conocía, decidía y admitía esta situación como responsable del órgano de contratación. Era la firmante de la memoria justificativa y el decreto de adjudicación de la que se desprende notoriamente, fraccionamiento, restricción de la publicidad, por lo que la resolución se apartaba abiertamente del procedimiento aplicable sin ninguna justificación jurídica y era evidente la escasa diferencia de precio de las adquisiciones que estaban en el límite de los contratos menores«.
La finalidad era realizar y participar en una adjudicación directa, alejando a los licitadores a través de un procedimiento negociado sin publicidad que no procedía en estos casos conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Y para eludir los controles de legalidad de ese procedimiento omitieron realización de esos trámites y la presencia de documentos esenciales para la tramitación del mismo. Se detectó irregularidades y fraccionamiento deliberado del objeto del contrato en varios expedientes.
Dos contratos iguales en avenida de Libia
El primero de estos contratos irregulares el del Centro Cívico Centro donde se instaló una aparato de refrigeración. En este caso, detalla el fiscal que el importe certificado fue de 47.553 euros mientras el valor real de ejecución fue de 32.823 por lo que supone que hubo un sobrecoste de 14.730 euros.
Esta misma contratación se hizo para el Centro de Servicios Sociales Moreras donde aparecían 47.548 euros de certificación, cuando el valor de ejecución real ascendía, según los peritos, a 31.630 euros por lo que tenía un sobrecoste estimado de en torno a 15.917 euros.
En el caso de las obras de luminaria en la Avenida de Libia, el fiscal asegura que «se trataba de obras en la misma vía aunque no se mencione para ocultar el fraccionamiento». Ambos contratos, además se adjudicaron el mismo día 9 -12-20 y se data la certificación de obra el 30 de diciembre de ese año. Además, recuerda el fiscal, ambos contratos se encuentran, por separado en un valor al límite del contrato menor de obras (40.000 euros), siendo 39.997,67 y 39.814,30 respectivamente. «Los dos proyectos son prácticamente copia el uno del otro», apostilla el escrito de acusación.
El fiscal aprecia en estos contratos -con un valor total que asciende a unos 191.607,16 euros- ofertas casi idénticas entre empresas y justificación falseada de necesidad urgente se produjeron unos sobrecostes que superan los 60.000 euros.
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