Un alto cargo de María Jesús Montero trabajó para una empresa de la trama de Santos Cerdán

Según explican las fuentes consultadas a ABC, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, salió de ese cargo al tener que afrontar una petición de de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros por su papel en el caso de la mina de Aznalcóllar, aunque en el juicio se pide la absolución y llegó a archivarse. En ese momento, pidió permiso al Estado para incorporarse a una empresa que estaba vinculada a Santos Cerdán.

El portal de Transparencia del Gobierno de España recoge una solicitud de Fernández para ser autorizado por la Oficina de Conflictos de Intereses a trabajar como asesor externo para la constructora navarra Servinabar 2000 SL. Nada extraño, si no fuera porque esta empresa está investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por sus vínculos con Santos Cerdán y Koldo García. La contratación se produjo en mayo de 2021, tras su dimisión de la SEPI.

Y eso fue tras, según se recoge en las informaciones sobre el cese, tras verse frustrado el plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que la causa judicial por la mina de Aznalcóllar fuera archivada para que pudiera regresar a su puesto público. Una vez cerrada la puerta del regreso buscó acomodo en una de las empresas vinculadas a la supuesta trama de cobro de comisiones a través de la gestión de contratos para la realización de obras públicas.

Servinabar 2000 ha recibido presuntos tratos de favor en adjudicaciones públicas. Se investiga si su propietario mantiene relaciones estrechas con figuras políticas relevantes del PSOE en Ferraz, como es Santos Cerdán, que dimitió este pasado jueves acorralado por los audios entregados la Tribunal Supremo por la Guardia Civil en los que organizaba presuntos cobros de mordidas con Koldo García. El procedimiento legal que Fernández siguió para evitar conflictos de intereses con su anterior cargo desvela una vinculación del colaborador de Montero con esta presunta trama corrupta.

Vicente Fernández (Málaga, 1973) se graduó en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996. Ya en 1999 accedió al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, siendo el número uno de su promoción. Desde entonces, ha desempeñado diversos cargos públicos relacionados con el asesoramiento, la gestión y el control del gasto público. Ocupó en esta administración durante los gobiernos del PSOE jefaturas en asesorías jurídicas de distintos departamentos, así como la Agencia Tributaria de Andalucía.

Entre 2012 y 2016 fue secretario general de Innovación, Industria y Energía y presidente de varias agencias y sociedades públicas andaluzas. Desde febrero de 2016 hasta su nombramiento como presidente de la SEPI, ejerció como Interventor General de la Junta de Andalucía. Ahí cultivó una estrecha relación de confianza con María Jesús Montero, que fue consejera de Hacienda en Andalucía antes de ser nombrada ministra.

Con el ascenso de Montero de la mano de Pedro Sánchez, llegó también el de Fernández al Gobierno de España. Fue nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar.

Desde ahí pasó como asesor externo para la constructora Servinabar 2000, que es la que está vinculada a Santos Cerdán y que fue constituida en el año 2015. Como publicó ABC, esta pequeña constructora navarra saltó a la fama en enero de 2024, cuando consiguió que se le adjudicara el desdoblamiento del túnel de Belate (Navarra) por 76 millones de euros, a través de una unión temporal de empresas (UTE) en la que también estaban Acciona y Construcciones Osés. Eso a pesar de que Servinabar solo tenía diez empleados y poca experiencia en el sector de la construcción.

El informe policial no se refiere al caso del túnel, pero sí apunta a que los contratos sospechosos de esta empresa van mucho más allá de ese episodio. La investigación se remontan a 2015. Según la Guardia Civil, la Comunidad Foral de Navarra fue el lugar que alumbró la asociación entre Santos Cerdán y Koldo, hace al menos diez años, así como su relación con Acciona a través de Fernando Merino, un directivo de la constructora. Y en un lugar central de este entramado aparecen Servinabar y su fundador y propietario, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso Egurrola Egurrola.

El capital social aportado por el empresario para crear la sociedad fue de 3.000 euros, que es el mínimo que exige la Ley de Sociedades de Capital. La empresa comenzó con el fin social de gestión de servicios para trabajos administrativos, pero en 2020, Alonso cambió el objeto social para añadirle la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación.

Según la investigación, en 2015 Koldo García ya tenía relaciones con Acciona, con ocasión de una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali. Entonces, esa sociedad contrató los servicios de una UTE en la que estaban Acciona y Servinabar, sin que esta última pudiera aportar valor añadido. «El valor añadido que esta mercantil pudiera aportar a la UTE con Acciona adquiriría sentido por la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas», aseguró la UCO.