Servinabar, la constructora en el origen de la trama Koldo

El informe policial no se refiere al caso del túnel, pero sí apunta a que los contratos sospechosos de esta empresa van mucho más allá de ese episodio; de hecho, se remontan a 2015. Según la Guardia Civil, la Comunidad Foral de Navarra fue el lugar que alumbró la asociación entre Santos Cerdán y Koldo, hace al menos diez años, así como su relación con Acciona a través de Fernando Merino, un directivo de la constructora. Y en un lugar central de este entramado aparecen Servinabar y su fundador y propietario, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso Egurrola.

Noticia Relacionada

Santos Cerdán, acorralado por el informe de la UCO, dimite de todos sus cargos y reitera su inocencia

Mariano Alonso

La sede de esta empresa en Pamplona fue uno de los lugares -junto a la casa de Ábalos en Valencia- que los agentes de la UCO registraron el pasado martes por indicación del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Tras una intervención que duró cerca de seis horas, sobre las doce de la madrugada varios agentes de la benemérita -entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, el mismo del que la fontanera del PSOE, Leire Díez, pedía información comprometedora en uno de los audios filtrados de la trama- salieron de las oficinas cargados de cajas precintadas.

Esos documentos podrían contener más pruebas de lo que se lee en el informe policial, que confirma una relación empresarial estrecha entre Antxon Alonso y Santos Cerdán, una que según ha podido saber ABC empezó cuando el primero negoció con el segundo, por entonces concejal en Milagro, su pueblo natal, un proyecto inmobiliario.

Alonso es un empresario conocido en Navarra. De hecho, fuentes cercanas al caso confirman a este diario que se reunió hasta en cuatro ocasiones con María Chivite, la presidenta de la Comunidad Foral, en calidad de propietario de Servinabar.

La relación entre esta empresa y el Gobierno autonómico es larga, pues ya participó en varios proyectos, todos ellos llevados a cabo durante los gobiernos de Uxue Barkos primero (Geroa Bai) y María Chivite después (PSOE). Entre estos, se cuentan la adecuación del Navarra Arena, una reforma encargada en 2017 por el Instituto de Deporte de esa comunidad autónoma y que aparece en el informe de la UCO; la rehabilitación del Archivo General, impulsada en 2018 por el departamento de presidencia; y la construcción de 69 viviendas de protección oficial, proyecto que arrancó en 2018 por encargó de Nasuvinsa, una empresa pública del gobierno autonómico.

Lo que se sabe de Servinabar 2000 es que fue constituida en septiembre de 2015 -entonces ya existía la relación entre Cerdán y Koldo- como una sociedad unipersonal; es decir, con un solo fundador, en este caso Antxon Alonso. El capital social aportado por el empresario fue de 3.000 euros -el mínimo que exige la Ley de Sociedades de Capital- y figuraba como su actividad la gestión de servicios para trabajos administrativos, pues no fue hasta 2020 cuando Alonso cambió el objeto social de la empresa para añadirle la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación.

Según se lee en el documento policial, en 2015 Koldo ya tenía relaciones con Acciona, con ocasión de una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali. Entonces, esa sociedad contrató los servicios de una UTE en la que estaban Acciona y Servinabar, sin que esta última pudiera aportar valor añadido, según se desprende del informe de la UCO, que en este apartado es demoledor: «El valor añadido que esta mercantil pudiera aportar a la UTE con Acciona adquiriría sentido por la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas».

Servinabar es clave porque la Guardia Civil la sitúa en el germen de la trama Koldo, antes de la entrada de Ábalos en el Ministerio de Transportes. En esos años, explica la Guardia Civil, la relación entre Fernando Merino, Koldo, Ábalos y Alonso se fraguó en parte a través de la constructora navarra.