La pelota del Algarrobico en el tejado de Carboneras: mientras haya licencia el derribo no será posible

El Alto Tribunal avanzó este martes que desestima el recurso de Greenpeace para declarar jurisdiccionalmente nulo el permiso que otorgó el Consistorio carbonero a la promotora Azata del Sol. Para el colectivo ecologista esto supone «postergar de nuevo la agonía» del hotel y aseguran que recurrirán al Constitucional y a Estrasburgo si fuera necesario.

El derribo del hotel solo será posible cuando el Ayuntamiento de Carboneras anule la licencia de obras, la única norma que queda en vigor desde que comenzara su construcción en 2003. «Habrá que conocer a fondo la sentencia del Supremo, los servicios jurídicos la analizarán y se verá cómo proceder», dijeron fuentes municipales.

En los próximos días se publicará el texto íntegro del dictamen que viene a confirmar otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021. Hace un año se determinó la revisión de oficio de la licencia por parte del Ayuntamiento.

Por el momento no se ha realizado y mientras no se concluya este trámite el hotel tiene un título jurídico válido. Azata del Sol ha defendido la legalidad de la construcción. «Hicimos lo que tres administraciones habían acordado», manifestaron a ABC en referencia a las normativas vigentes en el momento de la Junta de Andalucía, Costas y Ayuntamiento de Carboneras.

«El Ayuntamiento de Carboneras se niega desde hace años a acatar las sentencias que demuestran que el hotel es ilegal. Es una situación desesperante, pero vamos a recurrir esta sentencia hasta que se haga justicia y la mayor aberración urbanística de nuestra costa desaparezca para siempre», declaró el portavoz de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Entre las consecuencias inherentes a la declaración de la nulidad de la licencia se encuentra tanto el derribo del hotel como las indemnizaciones que procede reconocerle a la promotora, valoradas en más de 70 millones de euros. La Audiencia Nacional rechazó en 2021 la petición de Azata para recibir compensaciones por parte del Estado, Junta de Andalucía o Ayuntamiento.

Para las arcas municipales de Carboneras, una población de unos 8.100 habitantes, hacer frente a los costes sería un varapalo. Su presupuesto anual ronda los 14,25 millones de euros y durante los últimos años han reclamado planes de empleo ante la pérdida de oportunidad que supone la no apertura de este complejo hotelero.

Desde la Junta de Andalucía, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, dijo este martes que cuentan con capacidad financiera para llevar a cabo las actuaciones que le correspondan.

El titular de Medio Ambiente aseguró que la Junta ha sido respetuosa con los procedimientos judiciales y que ahora estudiarán la sentencia del Supremo. Respecto a una futura demolición del hotel, el consejero expone que antes habría que redactar un proyecto de demolición y llevar a cabo un plan ante la gran cantidad de residuos que generaría.

Tras casi dos décadas de idas y venidas en los juzgados, el derribo del Algarrobico sigue en el aire. El coste total se estima en alrededor de 30 millones de euros. Para Greenpeace, la demolición y desescombro correspondería al Estado y la restauración ambiental a la administración autonómica. La Junta ha vuelto a incluir una partida económica para este cometido en los presupuestos aprobados para 2023, tal y como hiciera en 2022.

Una vez publicada y comunicada la resolución del Supremo a las partes implicadas, el hotel quedará a la espera de los nuevos recursos que se presenten ante la Justicia. Su más que demostrada ilegalidad no legitima que actualmente pueda acometerse su derrumbe.