El papel del Supremo en el caso de los ERE

Es un escrito que se remite al juez o tribunal que resulta competente para entender de un asunto (por razón de aforamiento, en este caso) en el que se apuntan los indicios que han aparecido en el transcurso de una investigación sobre una persona o personas concretas a las que el juez que redacta la exposición razonada no puede investigar más a fondo, por lo que expone a quien sí puede hacerlo las razones por las que considera que hay que profundizar en la investigación.

Porque es el Tribunal competente para investigar, imputar, y en su caso, juzgar a los expresidentes autonómicos Chaves y Griñán por razón de su aforamiento: el primero es diputado; el segundo, senador.

No necesariamente. Que la juez Alaya vea indicios de delito no significa que el Supremo también los aprecie. Es la Sala Segunda del Alto Tribunal la que tendrá que pronunciarse al respecto una vez analizados los indicios de delito que Alaya apunta en su exposición y previo informe de la Fiscalía. En cualquier caso, según fuentes del TS, no se empezará a trabajar hasta el mes de septiembre, pues no se trata de un asunto urgente del que deba conocer la «Sala de Vacaciones» (de guardia) del Supremo.

En ese caso la Sala Segunda devolvería esta parte de la causa a la juez de Sevilla.

Podría ser contra todas las personas que cita Alaya o solo contra alguna o algunas de ellas. En este caso la investigación sobre los aforados la asume el Supremo. Pero no solo eso. Si lo considera oportuno podría reclamar a Alaya el resto de la causa, todo lo instruido hasta el momento. Sin ir más lejos, en su momento el TSJ de Madrid asumió el caso Gürtel en su totalidad pese a que del centenar de imputados, solo había tres diputados autonómicos (al dejar de serlo, el TSJM perdió la competencia y el caso volvió a la Audiencia Nacional).

La Sala Penal nombrará un instructor (uno de los jueces que la componen). Será él quien investigue si hay indicios contra los aforados, practique diligencias, declaraciones, etc, y finalmente proponga a la Sala Penal, previo informe del fiscal, lo que considere oportuno.