El Supremo investigará a Chaves y a Griñán por el fraude de los ERE

Entre los aforados señalados en la causa en un primer momento por la magistrada figuran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves -ahora diputado en el Congreso- y José Antonio Griñán -actual senador-, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila -ahora parlamentarios autonómicos- y el también exconsejero José Antonio Viera -actual diputado en el Congreso-. Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el TS y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El sumario enviado por la magistrada incluye una exposición razonada -que hizo Alaya antes de irse de vacaciones - y unos anexos, además de unos tomos. La exposición la firmó la juez antes de irse de vacaciones y los citados anexos los ha redactado el Juzgado número 6 en los últimos días . Como el viernes no estaba acabado, se mandó el lunes por mensajero a Madrid.

Cabe destacar que el Supremo no tiene plazos para pronunciarse sobre la causa . De esta forma, el destino de los aforados queda en manos del Alto Tribunal, pero no se pone fecha con este movimiento al fin del caso de corrupción en Andalucía. Sin embargo, fuentes del TS indican que la Sala de Vacaciones del Supremo podría dictar en los próximos días una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada, aunque no se prevé que se designe instructor de forma inminente.

En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades», que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos «nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales ».

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

La juez ha adelantado en algunos escritos sus indicios contra los aforados pues presuntamente conocieron las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno sobre las irregularidades en los pagos.

Según la juez, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión «arbitraria» de ayudas públicas sin cumplir «los principios de objetividad, igualdad y no discriminación», con «ausencia absoluta de trámite administrativo , de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio».