Alaya imputa cuatro delitos al exjefe de servicio de la Dirección de Trabajo

Concretamente Alaya le ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, un delito de no promover la persecución de delitos y un delito societario . En el escrito de imputación la juez considera que Diz Lois era la persona que realizaba el seguimiento de los pagos en la etapa de Francisco Javier Guerrero y por tanto «debía conocer, dado su cargo, que la concesión de subvenciones sociolaborales por la citada consejería , cuyos pagos controlaba, no se hacían  mediante créditos ordenados y suficientes  sino ilícitamente mediante transferencias de financiación».

Además, según el auto de imputacion lo que se pretendía con el sistema ideado era «el flagrante incumplimiento de la normativa de subvenciones , por la ausencia de publicidad, del cumplimiento de los criterios de objetividad e igualdad, por la ausencia de bases reguladoras, por la carencia de fiscalización previa de la intervención y de justificación del destino dado a las ayudas».

Igualmente la juez considera que el imputado participó en los «desfases millonarios que se producían cada ejercicio económico por la ausencia de de cobertura presupuestaria en la Dirección General de Trabajo para los compromisos adquirido». Algo en lo que considera importante el instrumento de los pagos cruzados. Diz Lois también sería «conocedor y partícipe» , según la juez, del incumplimiento de la normativa comunitaria pues debía conocer que las ayudas sociolaborales, ,pese a ser ayudas del Estado, no se notificaban a la Comisión Europea con carácter previo.

Tras anunciar el imputado su intención de no declarar, el fiscal anticorrupcíón no ha solicitado la imposición de medidas cautelare, únicamente la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. El próximo martes está citado Antonio Lozano, el viceconsejero de Presidencia quien, según su abogado, tiene la intención de declarar.