La suegra de Guerrero vende todo su patrimonio para no devolver las ayudas

Dos semanas después, el matrimonio vendió otra vivienda y un garaje en Urnieta (Guipúzcoa) por 312.526 euros. Los agentes atribuyen a Victorina Madrid un posible delito de insolvencia punible.

Para los investigadores un fax enviado desde el despacho de Guerrero en julio de 2004 demuestra que «quien está interesado en la contratación de una póliza individual no es la beneficiaria sino la propia Dirección General de Trabajo y, más concretamente, su director general Francisco Javier Guerrero», quien firmaba las resoluciones concediendo las ayudas. Las gestiones de su yerno acarrearon a las arcas autonómicas un desembolso de 198.876,85 euros entre 2004 y 2009 . Es la suma de las dos pólizas subvencionadas que suscribió Victorina Madrid con dos aseguradoras (Personal Life y Vitalicio).

En abril de 2011, Victorina Madrid , que está imputada en la causa, manifestó a la Policía Judicial que no pidió a Guerrero que le ayudara. Reconoció, además, que nunca ha trabajado en SOS Cuétara, aunque está cobrando una póliza de Banco Vitalicio «sin conocer el motivo», según recoge el informe policial.

Un sobre intervenido por la Guardia Civil cuando registraba la sede de la mediadora de los ERE, Vitalia SA, ha echado abajo la coartada del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se desvinculó de la prejubilación fraudulenta de su suegra. En el interior de dicho sobre, los agentes hallaron un escrito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remitido a la madre de su mujer, Victorina Madrid Pisabarro, relacionado con un desestimiento remitido desde el despacho de Guerrero.

El número de fax desde el que se envía el documento el 6 de julio de 2004 «es, como se refleja en el encabezamiento, el de la Dirección General de Trabajo», destacan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado que forma parte del sumario del caso de los ERE fraudulentos centrado en el expediente financiado a la empresa de galletas SOS Cuétara, donde su suegra nunca había trabajado.

Jesús María Bordallo, el exconsultor de la mediadora Vitalia que tramitó las pólizas (imputado en la causa) manifestó en marzo de 2011 a la Guardia Civil que pactó la inclusión de su familiar en una «póliza de pequeña cuantía» con el ex alto cargo de Empleo, uno de los supuestos «cerebros» de la trama que investiga la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.