La Guardia Civil dice que tres «intrusos» fueron incluidos por ser del PSOE

En dicho atestado, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil dice que José Antonio García Prieto , José Acevedo López y Ricardo Medina Barrios nunca trabajaron en Intersur pero fueron incluidos en el ERE de dicha empresa «de manera discrecional y manifiestamente injusta» por Francisco Javier Guerrero , exdirector general de Trabajo de la Junta ya imputado en la causa.

Los tres fueron incluidos en el ERE aprobado en 2003 para 63 de los 114 trabajadores de Intersur en su sede de Morón de la Frontera (Sevilla) y en la documentación para preparar las pólizas se dejó claro que se trataba de « casos especiales ».

Según la Guardia Civil, los tres beneficiarios fueron favorecidos «a causa de su pertenencia al PSOE y con la influencia del entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas », también imputado.

Añade el atestado que, según un informe de la dirección general de Seguros, las comisiones pagadas en el caso de Intersur fueron superiores a la media del mercado en un 9,23 por ciento en las pólizas suscritas por Vitalicio y en un 18,9 por ciento las de Apra Leven , lo que supone un sobrecoste de 301.618 euros.

En el mismo atestado, la Guardia Civil concluye que no hubo «irregularidad alguna» en la donación del local donde se encuentra la sede del PSOE de Camas (Sevilla), donde residen los «intrusos» de Intersur.

Explica que el local estaba ocupado mediante alquiler con opción a compra y en el año 2003 se intentó ejercitar dicha opción, pero el titular ponía reparos a la adquisición por parte del PSOE ya que el Grupo Municipal carecía de CIF, por lo que «se tomó la decisión de que solo nominalmente» la compra se hiciese por parte de la entonces alcaldesa por el PSOE, Encarnación Díaz Cerezo , el concejal García Prieto y su esposa, quienes lo adquirieron por 57.000 euros.

El 10 de mayo de 2010 lo donaron al PSOE, quien se subrogó la deuda pendiente con La Caixa , en una operación que, según la Guardia Civil, no tuvo ninguna irregularidad de acuerdo con el Código Civil y la ley de financiación de partidos .

Según el atestado, se cumplieron «los requisitos de formalización de escritura pública, aceptación, valor del inmueble y demás impuestos por la legislación».