El retraso del 14-F forzaría a Sánchez a decidir sobre los indultos antes de los comicios

Existen dos condiciones previas para el perdón. Primero: el Supremo aún debe recabar el informe de la Abogacía del Estado y elaborar luego el suyo para elevarlos al Gobierno y concluir así con el trámite formal. Segundo: Sánchez elegirá el momento propicio , y este está estrechamente ligado con la campaña en Cataluña, donde el PSC aspira a recobrar un papel protagonista con el ministro de Sanidad Salvador Illa como nuevo cartel electoral. Los socialistas prefieren posponer las decisiones relacionadas con los presos del «procés» a la cita con las urnas, centrados en pescar votos en el caladero de Ciudadanos.

De ahí también que el Ejecutivo guarde bajo llave su reforma del Código Penal que rebaja las penas del delito de sedición. Aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , aseguró que estaría listo para diciembre, los cálculos electorales motivaron ese frenazo para no espantar al votante. De hecho, fuentes de este departamento aseguran que «no hay fecha» para hacerla pública, a lo que habría que sumar, además, que, a diferencia de otras modificaciones que se han llevado a cabo vía proposición de ley, en este caso esta reforma tendría que ser informada por órganos consultivos al tratarse de un proyecto del Gobierno.

El aplazamiento de la cita del 14-F lo trastoca todo y el independentismo volverá a convertir a sus presos en el principal ariete electoral. Los partidos separatistas, y también Podemos desde el Gobierno, presionan para que los líderes del «procés» salgan en libertad y puedan hacer campaña electoral como si nada hubiera pasado en el otoño de 2017.

A ERC el indulto le sabe insuficiente, quiere la amnistía, pero sobre todo necesita a Junqueras como revulsivo para una campaña que empieza cuesta arriba, y que ya en diciembre de 2017 le fue adversa con su líder en prisión mientras quePuigdemont conectaba con su público desde el extranjero. Los grupos separatistas llevarán el 15 de marzo al Congreso una ley por la amnistía de sus presos, que nace muerta sin el PSOE pero que añade más madera a la caldera de Moncloa.

La Generalitat pidió ayer otra vez el régimen de semilibertad que el Supremo les negó hace un mes y medio. La víspera, la defensa de Sànchez, Turull y Rull en el Constitucional exigió la libertad de sus clientes apelando a la supuesta falta de legitimidad del Supremo para mantenerlos en prisión.

Con el nuevo calendario, Junqueras y compañía podrían participar en la campaña autonómica si el Gobierno les concede el indulto parcial que rebajaría su pena de prisión. Aunque la ley que regula esta medida de gracia exceptúa del perdón la inhabilitación para cargo público y, por tanto, en teoría no podrían ejercerlo, estando en libertad no tendrían obstáculo alguno para integrar los actos políticos de sus partidos , que es una de las reivindicaciones tanto de los independentistas como de Podemos. Pero incluso aunque la ley lo prohíba, llegado el caso el Ejecutivo podría forzar la maquinaria y conmutar esa inhabilitación por otro tipo de pena. No sería la primera vez que se hace. Hay sendos precedentes durante los gobiernos de Aznar y Zapatero, con el juez Gómez de Liaño y el banquero Sáez, respectivamente. A este último el Gobierno socialista hasta le canceló los antecedentes penales en una decisión que luego sería revocada por la Sala Tercera del Supremo.

En este momento los expedientes de indulto están sobre la mesa de la Sala Segunda del Supremo , que todavía tiene que dar traslado a la Abogacía del Estado para que informe sobre los mismos. Después el propio Tribunal tiene que hacer lo mismo y remitir todos los informes al Gobierno. Para eso no hay plazos ni tampoco una urgencia excepcional, pues no se trata de un asunto de tramitación preferente como sí lo son los que implican a presos preventivos. La única limitación que tendrá el Gobierno a la hora de conceder el indulto es que si el informe del tribunal del «procés» es, como se espera, desfavorable, el Ejecutivo sólo podrá conceder un indulto parcial y no total. En el primer Consejo de Ministros del año se dieron dos indultos por condenas por lesiones y un delito contra la salud pública. Sánchez ha otorgado un total de 69 gracias desde que es presidente y solo dos de ellos contraviniendo el criterio de los jueces y fiscales.