Las cárceles catalanas desafían al Supremo y vuelven a proponer la semilibertad de los presos

La nueva propuesta de clasificación la ha anunciado en una rueda de prensa este viernes el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, que ha recordado que ahora vencía el plazo de seis meses que marca la ley para la revisión de las clasificaciones, después de que la anterior se hiciese en julio. Ha sido después de las respectivas reuniones mantenidas, simultáneamente, esta mañana de las diferentes juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras. La nueva clasificación, no obstante, no será efectiva hasta contar con el aval de la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat -que tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse-, algo que, de todas formas, parece más que probable.

Las cárceles catalanas ya avalaron el julio pasado pasar a los líderes presos de segundo grado (régimen ordinario) al tercero (semilibertad). En diciembre, sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó esa clasificación al resolver los recursos que había presentado la Fiscalía, con duras críticas, además, hacia los profesionales de las cárceles catalanas. En diciembre, no obstante, ya solo la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell disfrutaban del tercer grado, pues los del resto de presos permanecían ya suspendidos -por un juez de vigilancia penitenciaria- a la espera de la definitiva decisión del Supremo.

Los presos tampoco disfrutan en este momento, por resolución judicial, de la flexibilidad que les permitía el artículo 100.2 -un «tercer grado encubierto», según la Fiscalía-, que la Generalitat les había concedido al poco de empezar a cumplir la condena.

En la rueda de prensa de este viernes, Calderó ha explicado que en sus reuniones de esta mañana para tomar una decisión los técnicos de las juntas de tratamiento han puesto «en la balanza», por una parte, la resolución del Supremo que tumbaba los terceros grados y, en el otro lado, el hecho de que los nueve presos en los próximos días habrán cumplido ya una cuarta parte de sus condenas. El Supremo había justificado en la anterior ocasión su veto a la semilibertad basándose en que los solo habían cumplido en prisión una mínima parte de la condena impuesta -que en el caso de Junqueras alcanza los 13 años de cárcel- y en la ausencia de un tratamiento específico para el delito de sedición -por el que fueron condenados- en las cárceles catalanas. Calderó ha considerado hoy «una equivocación poner el foco en el tratamiento penitenciario» .

Con todo, no ha habido unanimidad de los técnicos de la junta de tratamiento a la hora de proponer de nuevo estos terceros grados. La ha habido respecto a Jordi Cuixat, Jordi Sànchez y Dolors Bassa, pero no en el resto de casos, donde no todos los técnicos se han puesto de acuerdo. En el caso de Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, la semilibertad se ha aprobado por mayoría, pero no por unanimidad. Una diferencia importante respecto al tercer grado propuesto en julio, que sí había sido por unanimidad para los nueve presos.

Ahora, el probable tercer grado de los líderes presos, que la Generalitat deberá avalar próximamente, se sumará en el debate político al posible indulto de los políticos catalanes, en plena precampaña electoral autonómica.