La rebelión en ocho actos

Frente a esta tesis, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué sucedió en el «procés» , un plan ilegal que generó una de las mayores crisis políticas españolas?

Antes de que llegue el relato que selle la sentencia, el escrito de acusación de la Fiscalía –que califica los hechos como rebelión– desgrana con precisión todos los hechos que conformaron el plan delictivo de los doce acusados . Un proceso que los líderes secesionistas revistieron de un barniz de fingida legalidad con las leyes de la ruptura, una supuesta arquitectura legislativa sin ninguna validez.

La Fiscalía describe «una estrategia delictiva» impulsada desde tres frentes: el parlamentario, cuyo epicentro era la Mesa del Parlament; el ejecutivo, con el gobierno de la Generalitat; y el social, a través de las asociaciones civiles que agitaron las calles. Esos tres vértices fueron encabezados, respectivamente, por Carme Forcadell, Oriol Junqueras, y los «Jordis», considerados por el Ministerio Públicos los dirigentes de la rebelión.

Con la intención de alcanzar la secesión, los acusados contemplaron la utilización de «todos los medios que fueran precisos , incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria» de las movilizaciones callejeras y de los Mossos d’Esquadra.

El «concierto de actuación ilegal» se formalizó el 30 de marzo de 2015, cuando la antigua Convergència y ERC aprobaron una hoja de ruta con Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación de Municipios para la Independencia.

Tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, todo se aceleró. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprobó la resolución que iniciaba la «desconexión» –que fue anulada por el Tribunal Constitucional– y el 12 de enero del 2016 fue investido como «president» Puigdemont. Y el desafío fue avanzando. Un momento decisivo –y la mejor escenografía del «golpe de Estado» secesionista– llegó el 6 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó las llamadas leyes de ruptura, que proclamaban la separación de España y convocaban un referéndum.

A partir de ahí, el «Govern» empleó dinero público para preparar su plan, la violencia se precipitó en el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre y en la votación ilegal del 1 de octubre, y el 27 de octubre los líderes del plan ilegal declararon la independencia.

No fue un día más. El 30 de marzo de 2015, los partidos secesionistas –la antigua Convergència y ERC– firmaron una hoja de ruta para alcanzar la independencia con las asociaciones civiles Òmnium, la ANC y la AMI. Ahí sitúa la Fiscalía la formalización del «concierto de actuación ilegal». Se comprometieron a lograr la secesión en un plazo de 18 meses. Con la nueva cámara autonómica fruto de las elecciones de septiembre de 2015, el Parlament aprobó el 9 de noviembre el inicio de la «desconexión», «el punto de partida del permanente ataque a la legalidad».

El 6 y el 7 de septiembre de 2017, el Parlament aprobó las leyes de ruptura, la norma que convocaba el referéndum ilegal y otra que preparaba el terreno para el periodo hasta la independencia. Era la ley de transitoriedad jurídica, que suponía la derogación de la Constitución española de 1978 y del Estatuto de Autonomía catalán. Los grupos secesionistas desoyeron incluso a los letrados de la cámara autonómica y aplastaron como un rodillo a la oposición. La escena, escalofriante y que culminó con «Els Segadors», se retransmitió en directo por televisión.

En los meses anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre, el «Govern» comenzó los preparativos con fondos públicos, en unos gastos asumidos por todos los consejeros. Esa actividad se llevó a cabo «burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat». Según la normativa del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), empleado para dar aire a las autonomías y al que Cataluña recurrió, el Gobierno reforzó los controles de las cuentas. Pero en septiembre, la Generalitat dejó de remitir información a Hacienda de forma unilateral por orden de Junqueras.

La campaña secesionista internacional la canalizó el Diplocat, «una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal» dirigido por Römeva, que se nutría de fondos públicos. En 2017, organizó en Barcelona un foro con supuestos observadores internacionales (muchos de los cuales habían sido activistas catalanes), y contrató por más de 40.000 euros a 30 expertos extranjeros para analizar la política catalana. Se crearon además unas 140 páginas web en el extranjero, algunas en países asiáticos y en Rusia. Tuvo «una importancia trascendental» en el 1-O.

El 20 de septiembre marcó un antes y un después en la ofensiva independentista contra el Estado de Derecho. Una multitud alentada por los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se concentró desde primera hora de la mañana a las puertas de la Consejería de Economía de Barcelona. La comisión judicial tuvo que ser evacuada de madrugada por la azotea del edificio y los guardias civiles se vieron obligados a abandonarlo al día siguiente. Fue el comienzo de violencia callejera y escraches a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La tarde del 28 de septiembre, horas después de la reunión de la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma para abordar la cuestión del referéndum, los máximos responsables de los Mossos se reunieron con Puigdemont, Junqueras y Forn. Les informaron de que debido a la gran cantidad de colectivos movilizados en esas fechas era altamente probable que se produjera una escalada de violencia y que la seguridad solo se podía garantizar suspendiendo la votación del 1-O. «La decisión de los miembros del govern fue seguir adelante con el referéndum».

Pese a la advertencia sobre el riesgo de violencia en las calles el 1-O, los procesados asumieron que la estrategia de movilización ciudadana pasara por ocupar los colegios electorales y enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Sabían, señala la Fiscalía, que la jornada podía terminar con actos de violencia y agresiones a la Policía Nacional y Guardia Civil. La actuación de los Mossos fueron «manifiestamente dilatorias y tolerantes con la votación». Incumplieron «deliberadamente»los acuerdos alcanzados en las reuniones previas con la autoridad judicial.

El 27 de octubre, seis días después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Parlamento catalán declaró la independencia de Cataluña y su constitución como nuevo Estado en forma de república. Para el Ministerio Público no era una declaración simbólica: «las autoridades de la Generalitat tenían preparado todo un paquete de normas que desarrollaban el nuevo marco jurídico de la república y un plan para que los Mossos asumiesen la seguridad de todas las infraestructuras y el control efectivo de todo el territorio de la comunidad.