Maza mantuvo un encuentro con Puigdemont el 24 de mayo pasado en el Palacio de la Generalitat - ABC

El jurista al que no le tembló el pulso ante el separatismo

Maza firmó las dos querellas por rebelión contra veinte líderes independentistas

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Menos de un año después de ser nombrado fiscal general del Estado, José Manuel Maza afrontó la peor crisis de la democracia española desde el 23-F. Y no le tembló el pulso. El recién fallecido fiscal general encabezó la respuesta judicial al órdago secesionista y empleó todas las armas de la justicia para desactivar al independentismo. Sin esconderse, Maza firmó con su propio nombre y cargo las dos querellas por rebelión presentadas en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra veinte líderes independentistas. Esa acción cambió el rumbo judicial de la crisis e inició una investigación penal que tardará años en producir una condena, o una absolución, contra Carles Puigdemont y su equipo. Pero también tuvo efectos inmediatos: el expresident huyó, y ocho exconsejeros catalanes acabaron en prisión.

Maza no se precipitó, a pesar de ciertas presiones, y no presentó la querella por rebelión hasta después de la declaración unilateral de independencia, votada en el Parlamento catalán en secreto por los diputados autonómicos. Fue el pasado lunes 30 de octubre, cuando Maza anunció la presentación de la querella en una rueda de prensa sin preguntas en la sede de la Fiscalía General del Estado, su última comparecencia. Aquel día Maza acusó a los líderes independentistas de actuar «con total desprecio a la Constitución» y les atribuyó los delitos de rebelión o sedición, y malversación. Una acción que marcaba el tono de la respuesta del Estado ante el mayor desafío del independentismo, tras numerosos avisos de la justicia. El delito de rebelión se castiga hasta con veinticinco años de prisión si se comete sin armas.

Pidieron la prisión

La causa por rebelión, junto con la aplicación del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cambió el paso a los independentistas. Divididos entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, los antiguos miembros del Gobierno de Puigdemont acabaron o encarcelados o fugados, salvo Santi Vila. Al negarse a responder a las preguntas de la Fiscalía en sus comparecencias ante la juez Carmen Lamela, Oriol Junqueras y otros siete exconsellers, el Ministerio Público solicitó el ingreso en prisión preventiva de todos ellos, al considerar vigente el riesgo de que continúen deliquiendo.

Una secuencia diferente se vivió una semana después en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena impuso fianzas a los seis investigados, los miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos Carme Forcadell. La diferencia: ellos atendieron todas las cuestiones y se comprometieron a renunciar a cualquier actuación política fuera de las vías constitucionales. En medio, Maza había aportado una clave en una entrevista con Onda Cero: expresar la vuelta a la legalidad y la renuncia a los métodos ilegales para la independencia podía cambiar el destino de los imputados.

Esta acción no fue el único paso impulsado por Maza contra el desafío secesionista, que el pasado septiembre sacó adelante las leyes de la ruptura, el barniz para dar cobertura a su estrategia independentista. El fiscal general también ordenó investigar a los eslabones menores del plan secesionista, necesarios para su puesta en marcha. Maza ordenó que se citara como imputados a los 712 alcaldes independentistas que colaboraron para el referéndum ilegal, celebrado el 1 de octubre. También instó a los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil a impedir la consulta ilegal e incautar cualquier material preparatorio del referéndum, como papeletas, urnas o folletos.

Nombrado por el Gobierno ante el horizonte complicado que se preveía, Maza fue más lejos que cualquiera de sus antecesores porque así de lejos llegaron los políticos independentistas, que no dejaron de empujar hacia la independencia por las vías ilegales. Si el Tribunal Constitucional dejó en papel mojado las leyes, Maza impulsó la respuesta penal más grave.