Una imagen panorámica del Salón de Plenos del Supremo, donde se celebró la sesión previa al juicio del «procés» - EP

La Fiscalía define el «procés» como un «ataque al corazón del Estado constitucional español»

El Ministerio Público defiende que el Tribunal Supremo juzgue el 1-O, un «atentado grave al interés general»

Madrid Actualizado: Guardar
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Como «un ataque al corazón del Estado constitucional y democrático» y un «atentado grave al interés general» definió ayer el fiscal Jaime Moreno la actuación de los acusados del «procés». Lo hizo en la vista de previo pronunciamiento convocada ayer en el Tribunal Supremo y que supone la antesala del juicio que se celebrará en el Alto Tribunal a partir de finales del mes de enero. Dieciocho líderes independentistas se sentarán en el banquillo acusados de los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

En apenas cuatro horas, acusaciones y defensas expusieron sus argumentos en una vista en la que no era necesaria la presencia de los procesados y en la que sólo estaba sobre la mesa la competencia del Supremo. Mientras las defensas advirtieron al tribunal que la de ayer era la «última oportunidad» para encauzar el proceso y entregar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC); la Fiscalía y las otras dos acusaciones (Abogacía del Estado y Vox) insistieron ante la Sala en que los hechos por los que los dirigentes del «procés» van a ser juzgados trascienden del ámbito de aquella comunidad autónoma. Y que, por ello, debe juzgar el Supremo.

Para el representante del Ministerio Público, las leyes de la ruptura y la declaración de independencia «pusieron en el centro de la diana al Estado y al Tribunal Constitucional», al que desobedecieron de forma «palmaria».

Aunque los acusados intentaron establecer un paralelismo constante entre el 1-O y la consulta ilegal del 9-N de 2014 (para justificar la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en detrimento del Supremo), Moreno dejó claro que no se trata de casos paralelos. Lo que allí se juzgaba, dijo, fue un delito de desobediencia que quedó consumado cuando los acusados no acataron las resoluciones del Tribunal Constitucional y mantuvieron la convocatoria. Que votaran luego o no ya era algo ajeno al «momento clave». En el caso que se va a juzgar ahora, dijo el fiscal, hay un delito de rebelión que se consumó con una declaración de independencia que necesitaba una votación previa, la que se llevó a cabo sin escatimar fondos públicos con la «única finalidad» de celebrar esa consulta. Por tanto, argumentó Moreno, «no se está criminalizando el voto en el exterior ni el interior, sino que cuando esa votación se llevó a cabo era una votación ilegal».

Además de por el ataque al Estado de Derecho, la competencia del Supremo vendría determinada por los actos celebrados en el extranjero, tales como la compra de las urnas, la contratación de observadores internacionales o los intentos de eludir la clausura judicial de páginas web con la clonación de otra en servidores en el exterior.

Declararán en catalán

Según el fiscal, las actuaciones de los procesados no pueden considerarse aisladas, al responder a una «estrategia» preconcebida. Tampoco era necesario que todas fueran violentas: «No todos los actos de ejecución de un delito de rebelión tienen que ser violentos», concluyó el representante del Ministerio Público, que recordó, aun así, que en este caso sí ha habido violencia.

Por su parte, la Abogacía del Estado –que no llevará el peso de este juicio al no acusar por rebelión– defendió la competencia del Supremo para juzgar los hechos al entender que el plan secesionista afectaba de lleno a la «indisoluble unidad» de España. El abogado de Vox apoyó los argumentos de la Fiscalía y recordó que, ante alegaciones similares a las de esta sesión, la Sala Penal del Supremo ya ha defendido su competencia para juzgar el caso.

La vista se había iniciado con las alegaciones de los once abogados que defienden a los 18 procesados, entre ellos al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a falta de Puigdemont el principal acusado del plan secesionista. Todos ellos cuestionaron la competencia del Alto Tribunal en la investigación y enjuiciamiento de los hechos y denunciaron la vulneración de derechos como el de la doble instancia penal (al ser el Supremo la maxima instancia jurisdiccional del país no admite ya recurso alguno) o el derecho a la propia defensa. Asimismo, adelantaron la intención de los procesados de expresarse en catalán durante los interrogatorios. Los procesados denunciaron «maniobras» de la Fiscalía para provocar que el caso recayera en el Supremo. Para ello sostuvo el abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde, el Ministerio Público introdujo un «factor internacional» que justificara la competencia. Se trata de una causa general, de un juicio a «políticos por hacer política», sentenció.