La Justicia y el 155 vigilan a Torra

Y es que el nuevo Gobierno de la Generalitat comenzará su andadura ya en la cuerda floja. Por un lado, tanto los miembros del Ejecutivo designados por Torra como los diputados de la nueva Cámara autonómica saben a lo que se exponen ante un escenario de desobediencia a los tribunales, Por otro, una hipotética inactividad por parte del nuevo gobierno independentista compromete el apoyo de la CUP, que si le ha dado su aval con su abstención es porque lo considera continuador del legado del expresidente catalán huido.

Así pues, Torra se encuentra entre la espada y la pared, y todavía con varios meses por delante antes de saber qué pasará con los 25 encausados por delitos de rebelión, malversación y desobediencia cuyo procesamiento confirmará el Tribunal Supremo en las próximas semanas.

Este trámite procesal implicará, por primera vez en la historia de la democracia española, que los cinco diputados presos en España a los que se les imputa rebelión serán inhabilitados en virtud del artículo 324 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite apartar a un cargo público en determinados supuestos sin necesidad de esperar a una eventual sentencia condenatoria. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva , y del exlíder de la ANC Jordi Sànchez.

La misma suerte correrán los huidos Carles Puigdemont y Antoni Comín si los países en los que se encuentran (Alemania y Bélgica respectivamente) autorizan su entrega a España.

Después de su periplo por Europa que ya dura siete meses es difícil pensar que el juez Llarena va a dejar de apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva en ellos. De esta forma en unas semanas al menos cinco parlamentarios de la mayoría independentista tendrán que dejar paso a los siguientes de la lista. Caras nuevas, pero no por ello fuera del foco de la Justicia, como se ha visto en la querella que la semana pasada presentó Vox ante el TSJ de Cataluña contra el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y tres miembros de la Mesa por prevaricación y desobediencia al tramitar la reforma de la ley de presidencia con la que pretendían investir a distancia a Puigdemont.

Torrent tendrá que manejar así un circo de tres pistas, pues es muy improbable que la CUP le permita tomarse su tiempo y esperar a la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio este otoño a la cúpula política del «procés» por rebelión. El fallo del Alto Tribunal no se espera hasta febrero del año que viene, demasiados meses sin hacer un gesto que, más allá de la política, contente a la CUP y tenga efectos jurídicos susceptibles de ser examinados por los tribunales.

Lo cierto es que la dependencia del sucesor de Puigdemont de la formación radical es tan grande que, sin su apoyo, esta legislatura que ahora empieza está abocada al fracaso: si Torra contenta a la CUP –retomando la declaración unilateral de independencia por la senda de la ilegalidad– se encontrará de frente con el Estado de Derecho; si no lo hace, su negativa conducirá a unas nuevas elecciones ante una parálisis legislativa insostenible. Torra tendría que disolver elParlament con este fin antes del 27 de octubre, cuando se cumple un año de la disolución decretada por el Gobierno central tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La intervención del Ejecutivo vino marcada por la declaración unilateral de independencia, la misma que el nuevo «president» promete reactivar. La reciente aplicación de este precepto ha puesto de manifiesto que se trata de un artículo más de la Carta Magna y que al Gobierno central no le va a temblar el pulso si tiene que volver a aplicarlo.

A la sombra de la sentencia del Supremo, espejo en el que inevitablemente se mirarán los nuevos dirigentes independentistas, hay que sumar las acciones que en cualquier momento puede impulsar el Tribunal Constitucional. Hasta en dos ocasiones, Roger Torrent y los miembros de la Mesa han sido advertidos de su deber de «abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación» tendente a reproducir lo que lo que el órgano de garantías ya ha declarado inconstitucional.