Rajoy: «Renuncien de una vez a la desobediencia»

Acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, Rajoy envió un mensaje muy directo a los independentistas: «Que cesen en sus actuaciones ilegales, abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum no se puede celebrar . Nunca fue legal ni legítimo, ahora es una quimera imposible, la excusa de algunos para ahondar más la fractura de la sociedad catalana».

«Si les importa la tranquilidad de los catalanes renuncien de una vez a la escalada de radicalidad y desobediencia, están a tiempo de evitar males mayores», avisó Rajoy. En La Moncloa creen que el referéndum ilegal ha quedado claramente dañado tras las actuaciones de ayer , pero no se descartan en absoluto nuevas medidas si Puigdemont y los demás responsables independentistas se mantienen en la desobediencia.

«Les garantizo mi determinación en hacer cumplir la ley sin renunciar a ningún instrumento del Estado de Derecho» , subrayó Rajoy. El presidente aseguró que su actuación estará guiada por «la prudencia y la responsabilidad, para evitar que la sinrazón de unos pocos la tengan que sufrir el conjunto de los ciudadanos catalanes y del resto de los españoles».

La jornada comenzaba de buena mañana. La Guardia Civil y la Policía, en un amplísimo operativo contra los preparativos del referéndum del 1 de octubre, a sestaba un durísimo golpe, puede que prácticamente definitivo , a la logística de la consulta: se intervino el sistema informático preparado para el recuento, se incautaron diez millones de papeletas y otros materiales para el día de la votación y se realizaron catorce detenciones, todas de altos cargos de la Generalitat de Cataluña directamente encargados de la organización del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC). Los colaboradores más directos de Oriol Junqueras, vicepresidente y responsable político de la organización del 1-0, fueron arrestados por el Instituto Armado. Agentes de las Policía Nacional trataron de entrar también en la sede central de la CUP en Barcelona para incautar material de propaganda.

El anunciado choque de trenes, no otra cosa que la confrontación de los planes del independentismo contra la legalidad del estado democrático, se materializó ayer con toda su crudeza, en un escenario que el soberanismo, aunque plenamente consciente de que no va a poder llevar a cabo la votación del día 1, trata ya de canalizar por el camino del victimismo y de la movilización callejera permanente. Los acontecimientos comienzan a acelerarse y aún faltan diez días para la pretendida celebración del referéndum. La escalada ha comenzado.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , anunció que nada se detiene y que la consulta sigue adelante , una proclama para alentar al independentismo en un momento en el que las dudas sobre su capacidad para poder llevar a cabo la votación son más fundadas que nunca.

Pese al trazo grueso y las proclamas para no desfallecer -«el Gobierno ha pasado hoy la línea roja y se ha convertido en una vergüenza democrática», aseguró el presidente catalán tras reunir de urgencia a su gabinete y señalar que asistimos a «una suspensión de facto del autogobierno»-, comienza a cuajar la idea en ámbitos independentistas de que el día 1 no va a haber más que una gran movilización soberanista, con probabilidad el preludio de una nueva convocatoria electoral.

A nadie pasaron por alto las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, quien a la vez que daba luz verde a la estrategia de la «movilización permanente» que preconiza la organización para forzar la ruptura desde la presión callejera, deslizaba la posibilidad de que si la presión policial se hace insostenible, como así va a ser, el Govern puede acabar desactivando la consulta.

Desde el conjunto de España, los mensajes de apoyo a la intervención policial fueron amplios, aunque también se escuchó, desde la izquierda, la voz de quienes se desmarcaron de la estrategia del Gobierno. Madrid acogió en la Puerta del Sol una concentración de apoyo al proceso.

En Cataluña, los próximos días se verá hasta donde llega la escalada, aunque en medios policiales consultados por ABC se precisaba que la presión sobre la organización de la consulta no se detiene más allá del golpe, apuntan que casi definitivo, que supuso el operativo lanzado ayer, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La incautación de las 6.000 urnas que la Generalitat presume de que ya posee se señala que será el siguiente paso.

De buena mañana, y a medida que iban conociéndose las entradas de la Guardia Civil en empresas, consejerías y organismos , así como las distintas detenciones, las cadenas de «whastapp» y las declaraciones de los líderes soberanistas se multiplicaban llamando a secundar las concentraciones ante las consejerías para impedir los registros. La movilización más numerosa se producía ante las puertas de la consejería de Economía, y sede de Vicepresidencia, en el primer paso de la campaña de ocupación permanente del espacio publico que fija la estrategia de la ANC para forzar la ruptura . Al cierre de esta edición, los Mossos se disponían a organizar la salida de los agentes de la Guardia Civil que habían entrado por la mañana,

El cordón policial de los Mossos d’Esquadra se había demostrado insuficiente, hasta el punto de que los manifestantes llegaron a destrozar dos todoterreno de los GRS de la Guardia Civil. Junto a los empujones que se vivieron ante la consejería de Exteriores, y la entrada en la sede de la CUP, fueron los momentos de mayor tensión de una jornada que, pese al volumen del operativo y la tensión política acumulada, no degeneró en escenas de violencia.

Pese al error en el dispositivo ante la consejería de Economía, la colaboración, y hasta complicidad, entre los agentes de los Mossos con los de la Guardia Civil y la Policía Nacional fue absoluta. Los gritos de «botiflers» que tuvieron que escucharse los agentes de la policía autonómica fue significativa. Todos los agentes, sin distinción del Cuerpo al que pertenecían, dieron una lección de serenidad en momentos en los que la tensión era muy importante.

Desde el independentismo, la consigna ahora es muy clara: alentar las movilizaciones y convertir los diez días que quedan hasta la fecha del 1-O en un «rally» de protestas en el que ya no solo se trata de implicar a los sectores más convencidos, sino a quienes hasta ahora se habían mostrado más tibios. Bajo el pretexto de la defensa de la democracia y de los derechos individuales, el independentismo trata de aglutinar de nuevo a quienes en su momento defendieron el «derecho a decidir» pero recelan del unilateralismo y la vía de la desobediencia.

Fue muy significativa la presencia de los líderes en Cataluña de CC.OO, Javier Pacheco, y UGT, Camil Ros , en plaza Sant Jaume, donde incluso tomaron la palabra en el acto de la ANC y de Òmnium para denunciar el operativo policial. Antes de eso habían mantenido una reunión con el presidente de la Generalitat, para, según dijo el mismo Puigdemont, coordinar junto a otros actores de la sociedad civil una respuesta unitaria. Falta por ver hasta qué punto las centrales sindicales se alinean ahora por completo con la estrategia del independentismo, aunque en ningún caso la perspectiva de una huelga general, como algunos se atrevieron a reclamar en alguna de las concentraciones, es realista. Lo ruidoso de las concentraciones ayer en el centro de Barcelona contrastaba con la absoluta normalidad con la que se desarrolló la jornada en los polígonos industriales de la Barcelona metropolitana.

Quienes sí queda claro que secundarán la estrategia de la movilización son los integrantes del espacio de los «comunes», con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frente, que ayer de inmediato pidió al presidente del Gobierno que «rectifique», «pare esta deriva represora», «devuelva el autogobierno a las instituciones catalanas» y abra una «negociación política».

Los movimientos políticos en Cataluña se producían en medio de otros mensajes contradictorios, como la rectificación por parte de la consejería de Economía que dirige Junqueras, que tras la negativa inicial ha enviado los certificados semanales de gastos, tal y como desveló ayer el ministro Cristóbal Montoro . A diez días del pretendido referéndo para romper España, el independentismo debe decidir en las próximas horas y días si convierte la frustrada consulta en un pretexto para incendiar las calles.