Los otros indignados

«La Justicia no está dando respuesta al ciudadano»

POR MARÍA J. MUÑOZ

Para indignación, la de Juan Ramón Brigidano, 47 años, juez decano de Toledo y titular del Juzgado de lo Mercantil y del número 1 de Primera Instancia e Instrucción, un órgano integrado que ocupa el número 16 en el ranking de juzgados más saturados de España. Este magistrado reclama más medios para tener una mínima calidad. «La justicia tardía no es justicia porque no se está dando una respuesta a las necesidades de los ciudadanos, aunque haya planes de refuerzo», asegura Brigidano, quien ha canalizado su indignación en multitud de ocasiones. Primero, por los cauces reglamentarios; más tarde, cuando la situación se tornó insostenible, con la huelga. Aún se recuerda en Toledo quella jornada de puertas abiertas a la sociedad, ese «pasen ciudadanos y vean cómo está el juzgado, aquí somos cuatro cuando debería haber doce, miren los expedientes amontonados...».

Pero, ¿sirvió de algo aquella exhibición judicial de las vergüenzas? Frente a la opinión de otros compañeros, él dice que sí, porque «al menos, la gente comprendió que aquí lo que hay es un servicio público abandonado, con unos déficits estructurales enormes; donde aún se ve papel cuando en otras administraciones funciona el expediente digital hace muchísimos años. ¡Aquí hay un retraso enorme, nadie se ha ocupado, no se ha invertido...!». Y opina que de la mala imagen social que tiene la Judicatura tienen la culpa algunos jueces metidos a políticos, aunque matiza que «no es una generalización justa porque somos 4.500 jueces, y la Justicia considerada con un componente político afecta a muy pocas resoluciones.

«Son un mal negocio los recortes en investigación»»

POR ESTHER ARMORA

«Recortar en investigación es un mal negocio». Así de contundente se manifiesta un reconocido investigador catalán. Se llama Eduard Batlle y es el coordinador del Programa de Oncología Translacional en el Instituto de Investigación de Barcelona (IRB), cargo que compatibiliza con el de profesor del ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados). Batlle advierte del impacto de los ajustes en el sector de la I+D en un momento de profunda crisis a nivel internacional, lo que provocará un retraso aún mayor para nuestro país. «Si recortas las ayudas, dejas de atraer talento de fuera y pones en peligro lo poco que se ha avanzado a nivel científico en estos últimos años», afirma. En el Instituto donde desarrolla sus investigaciones, los recortes impedirán la entrada de seis investigadores en los próximos dos años. «La falta de recursos se percibe a todos los niveles, aunque los proyectos de primera línea son los que se ven menos afectados porque reciben financiación europea», afirma el investigador, quien reconoce que «la actual situación económica obliga a hacer ajustes, aunque hay determinados ámbitos como el de la ciencia que deberían estar blindados porque de ellos depende salir de la crisis».

A juicio del investigador del IRB, «para la mayoría de los países europeos que se encuentran actualmente en crisis la investigación se considera intocable sobre todo en estos momentos. Lo que hacen es recortar de otros sitios y potenciar el I+D para tomar ventaja a otras economías que se encuentran en la misma situación». A este joven investigador catalán, especializado en el estudio del cáncer de colon, le preocupan los efectos de los recortes impulsados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. «Ahorrrar en ciencia no compensa en proporción al daño que se hace», subraya Batlle.

«He buscado empleo hasta debajo de las piedras»

POR M. Á. MONTERO

Hace solo unos meses tuvo que devolver al concesionario el coche que se había comprado «con toda la ilusión del mundo». Le resultaba imposible seguir cumpliendo los pagos: vive con sus padres y sus dos hermanos, todos desempleados. Una familia entera cercada por el drama del paro. Desgraciadamente, una de tantas.

El caso de Antonio, de solo 27 años, supone un doble problema: por un lado, es uno de los miles de jóvenes a los que el mercado laboral canario —las islas sufren la tasa de paro juvenil más alta de Europa— sedujo con los grandes sueldos del «monocultivo» turismo-ladrillo; por otro, todos sus familiares padecen también la lacra del desempleo, con lo que la ayuda que percibe uno de sus hermanos y el subsidio de su padre deben servir para «ir tirando» y poco más. «He buscado trabajo hasta debajo de las piedras».

Pese a su juventud, lleva ya una década contribuyendo a las arcas públicas. La aparente bonanza económica y sus cantos de sirena en forma de cuantiosos salarios le hicieron caer en la trampa y descuidó la formación. Pasó seis años empleado en la obra. «Ahora busco en todos los sectores, pero no hay nada de nada», lamenta. Su padre y sus hermanos también han trabajado siempre en el ladrillo, el mismo que en el archipiélago tiene hoy la mitad de empleados que en 2007, de modo que la crisis se ha cebado en ellos con especial saña.

Con todo, sigue intentándolo: acaba de terminar un curso de fontanería que le abre las puertas al trabajo autónomo. Antes, eso sí, necesita un empleo donde «foguearse» y desarrollar lo aprendido. Un círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola para miles de jóvenes: si no hay empleo, no podrán tener experiencia, y si no tienen experiencia, no podrán tener empleo. «Parece que hay algo de movimiento en la construcción, pero se contrata lo justo y por pocos meses», dice con resignación.

«Con Zapatero hemos ido hacia atrás»

POR ÓSCAR CUEVAS

Es cabo primero de la Guardia Civil, y trabaja como patrón de embarcaciones en el Servicio Marítimo en Algeciras. Alberto Moya, de 43 años, lidera la Asociación Unificada de la Guardia Civil y se reconoce «un verdadero indignado». Con la situación sociopolítica y económica. Y también con el Gobierno. Aunque declararlo públicamente, advierte, puede suponer que le suponga ser expulsado de su puesto de trabajo. Y es que Alberto acumula tres faltas graves, incoadas por ser la voz de unos profesionales que siguen reclamando derechos básicos inherentes a cualquier otro trabajador. «25 de nuestros representantes han sido expedientados por ejercer su libertad de expresión, por denunciar nuestras condiciones laborales, por decir evidencias como que es vergonzoso que un guardia civil cobre menos que un mosso de esquadra, algo que se puede ver consultando el BOE», señala. Lucha por una equiparación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que nunca llega, por la desmilitarización del instituto armado, por que se desarrolle la Ley Orgánica de Derechos y Deberes que aprobó este Gobierno: «Zapatero creó muchas expectativas en la Guardia Civil cuando llegó en 2004, pensábamos que iba a cambiar la situación. Pero ha habido una involución. Vamos hacia atrás».

«El malestar ya ha llegado a la ciudadanía»

POR JESÚS MORILLO

Tras más de quince años como interina, María del Carmen Pérez, de 46 años de edad, disfruta desde hace cuatro de su plaza de funcionaria del Grupo D en la Consejería de Cultura de la Junta, donde cobra un sueldo que no llega a los 1.200 euros al mes y que ha sufrido la rebaja del 5% impuesta por el Gobierno. Entiende que los ciudadanos, muchos en paro, no comprendan sus protestas: «La gente se va enterando pero al principio pensaban que sólo nos movíamos por dinero».

Para lograr su plaza ha pasado por diez oposiciones y sigue estudiando para subir de categoría y alcanzar el Grupo C. Por este esfuerzo realizado, al igual que otros compañeros, ve con indignación la posibilidad de pasar a una de las nuevas agencias de la Junta, en las que se integraría en pie de igualdad, mediante la conocida Ley del «enchufismo», con los trabajadores de las empresas públicas. Estos últimos, a diferencia de funcionarios y laborales, accedieron a su puesto sin pasar concursos de méritos. «Si hay un cambio de Gobierno en Andalucía, ¿con qué personal se va a encontrar el PP?. Tendría el enemigo en casa», dice. Por todo ello, considera, a diferencia de lo que afirma el PSOE, que la revuelta de los funcionarios ha influido en la histórica victoria electoral del PP en Andalucía: «Somos muchos, sin contar a nuestros familiares, y el malestar ya ha llegado a la ciudadanía».

«Hace tres meses tuve que despedir a dos empleadas»

POR HENAR DÍAZ

En enero ganó un 19% menos; en febrero la cosa fue peor, y las pérdidas del Mesón Arandino, en Valladolid, fueron del 21%, al igual que en marzo. Su dueño, Luis Miguel Medina, lo achaca directamente a la Ley Antitabaco, que entró en vigor a comienzos de año. No entiende el «radicalismo» con el que ha actuado el Gobierno con una normativa que ha hecho temblar a millones de hogares en España, tan dependiente del sector turístico, ligado completamente a la hostelería. «Se deberían haber buscado fórmulas intermedias, como se ha hecho en Holanda», señala indignado. Hace tres meses que, ante su delicada situación, se vio obligado a prescindir de dos de sus trabajadoras, una de ellas le ayudaba los fines de semana y otra atendía el restaurante por las mañanas. Ha tenido que dar de alta a su mujer, que acude al establecimiento cada vez que puede para echarle una mano. «Ahora tienes que hacer más cosas y no sacas lo mismo», lamenta.

Desde enero las sobremesas del Mesón Arandino son más cortas. «Son muy pocos los que se quedan a tomar un café». Y por si fuera poco al recorte de ingresos, hay que sumar tanto el de la venta de tabaco en máquina, que ha descendido casi un 40 por ciento, como el de las máquinas de azar, que «también se ha notado bastante porque, por norma general, quien es jugador también es fumador». Su única esperanza es que haya una rectificación de la normativa si se produce un cambio de Gobierno.

«Han tirado por tierra años de lucha contra ETA»

POR ITZIAR REYERO

Alberto Velasco es natural de Zaragoza, tiene 38 años y lleva cuatro ejerciendo como escolta profesional en el País Vasco. Renunció a su vida personal para defender la de otros ciudadanos cuya integridad se ve seriamente amenazada por una banda terrorista que sigue sin desaparecer. Pese a que se reconoce «satisfecho» por el amplio terreno de libertad ganado a los intransigentes en estos dos últimos años con el gobierno del «cambio» en el País Vasco, se siente «enormemente frustrado» ante la irrupción de Bildu en unas elecciones «en las que nunca deberían haber estado». Está convencido de que la debilidad extrema del Gobierno ha «forzado» la legalización exprés del «brazo político de ETA», sin importarle que ésta siga activa. «A día de hoy tienen las armas, tienen el poder de persuadir y negociar con el Gobierno y además ejercen su autoridad sobre determinados ayuntamientos que vuelven a controlar. Es una frustración enorme», reconoce.

«Han echado por tierra quince años de trabajo en la lucha contra ETA, ignorando cientos de informes policiales e interminables servicios de vigilancia», se lamenta. No obstante, reconoce que «lo peor» es la «inmoralidad» de una decisión judicial que ha asestado un golpe irreparable a las víctimas del terrorismo. «No podemos olvidar que los mismos que ahora van a ocupar los cargos en las instituciones brindaban con champán de alegría cada vez que se producía un atentado».

Como portavoz de la Asociación de Escoltas del País Vasco y Navarra, que representa a medio millar de profesionales, también alerta ante el «drástico» desmantelamiento de la estructura de seguridad y vigilancia a los cargos públicos y empresarios vascos. «El día en que la libertad se instale por completo en el País Vasco, los escoltas seremos los primeros en alegrarnos. Pero mientras tanto, el Gobierno no puede estar creando falsas ilusiones.

«No nos dan una hipoteca aunque la podemos pagar»

POR M. A. RUIZ

Isaac y Zuleyma ya han encontrado la casa de su vida. Se encuentra en un edificio todavía en construcción, en el barrio de San Blas, situado en una zona residencial de Alicante. La inmobiliaria les ha recibido con los brazos abiertos, porque tal como están las cosas pocas parejas se animan a comprar un piso. Pero los problemas han surgido al acudir al banco para solicitar una hipoteca. «Ya hemos visitado tres sucursales y en todas nos han dicho lo mismo», explica Isaac. «No nos conceden el crédito porque todavía no tengo contrato fijo, y porque consideran que con mis ingresos no vamos a poder pagar las cuotas». Isaac es programador y, desde noviembre trabaja en una consultora de informática: su sueldo ronda los 15.000 euros anuales. Cuando encontró su empleo actual, llevaba cerca de un año en paro, durante el cual sólo cobró la prestación durante cuatro meses.

Actualmente, Isaac comparte piso de alquiler con dos compañeros en Alicante, pero su sueño es comprarse una vivienda junto a su novia, Zuleyma, a la que conoció hace un año. «En vez de gastarme el dinero pagando un alquiler», señala el joven, «podría destinarlo a pagar la hipoteca, aunque durante los primeros años tengamos que apretarnos el cinturón y recortar otros gastos. Pero en el banco no me conceden el crédito, porque dicen que tendría que destinar más de la tercera parte del sueldo a pagar las cuotas». El precio del piso es de 150.000 euros, por lo que le correspondería pagar unos 600 euros al mes, durante 30 años.

«Que cambie el Gobierno, que venga quien sea»

POR TIBISAY ZEA

Es carnicero desde hace 10 años, y en los últimos cuatro ha visto con desánimo cómo las ventas disminuyen y los clientes desaparecen. El negocio, ubicado en el madrileño barrio de Carabanchel, ahora tiene que lidiar con dos fuertes competidores: los vendedores ambulantes y las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales que rodean la zona.

Las ventas de la carnicería han descendido hasta un 40% y Ángel no ha podido hacer nada para evitarlo: «Todo influye. Si la gente no tiene dinero, no compra; y si encima la zona está sucia, descuidada y hay inseguridad, la gente se va a otros sitios». Critica que el Gobierno no proporciona «soluciones reales» para los problemas actuales, y que apoya más a los grandes comercios que a los pequeños. ¿Una posible solución? «Eso es muy sencillo: cambio de gobierno. Que venga quien sea», responde con contundencia.

En la zona no es ni mucho menos el único que está indignado con la situación actual. Javier González, que regenta un negocio de animales, asegura que factura un 30% menos que hace 3 años. Aun así, se resiste a cerrar el negocio y planea trasladarse a otro local donde pague menos alquiler. «Necesitamos en el Gobierno a alguien que sepa lo que es gestionar; que sepa lo que es una nómina», sentencia. Otro comerciante del mismo barrio añade: «A mis 80 años he conocido todas las crisis, pero como esta ninguna». Para Antonio González, propietario de una tienda de muebles, la solución es «que se vaya Zapatero».

«Las carencias en las aulas son enormes»

POR HENAR DÍAZ

La lista de carencias a las que se enfrentan los profesionales del sector de la enseñanza es infinita. Tan amplia que Jaime Esteban Osorio, profesor y jefe del departamento de Latín de un instituto de León, no acierta por dónde empezar. En primer lugar, dice, se trata de un problema académico: «Sería necesario que los alumnos pudieran tener acceso antes de los 16 años a una diversificación que se adaptase más a sus intereses». Otro problema grave tiene que ver con la integración de los alumnos. «Hay chavales que ni siquiera tienen el nivel de español adecuado para seguir la clase que les corresponde». Un obstáculo para los profesores que, según Osorio, tendría una sencilla solución: «Invertir más dinero en profesores para que tuvieran clases extraordinarias». Es precisamente esta cuestión una de las que más le enfada. «Hay graves problemas por la restricción de personal cuando se sabe que uno de los éxitos del sistema educativo pasa por reducir el ratio de alumnos por clase».

«Nos indigna mucho que desde el Gobierno nos estén todo el día destacando la importancia de usar las nuevas tecnologías, pero luego no tenemos ni siquiera un ordenador decente, una herramienta básica, y sólo hay una pizarra digital por centro; nos indigna que un instituto como en el que yo trabajo esté bien preparado, con laboratorios, pero no podamos utilizarlos porque no hay profesorado para llevar a los alumnos; y también nos indigna bastante que cuando tenemos problemas de disciplina con los alumnos, la Administración suela inhibirse bastante».

«Deberían haber frenado el maltrato al castellano»

POR ESTHER ARMORA

Marina Gala, tarraconense de 47 años, lleva más de un lustro luchando para que sus hijos sean escolarizados en su lengua materna, que es el castellano. Ella y otros dos padres pasarán a la historia como las tres familias que han logrado «cuadrar» a la consejería de Enseñanza catalana en materia lingüística, con la complicidad del Tribunal Supremo —tres sentencias les avalan y exigen a la Generalitat que devuelva al español su condición de lengua vehicular en la escuela catalana—.

Pese a este triunfo, Marina tiene claro que el Gobierno central no ha sabido imponerse y ha cedido «por cuestiones políticas» ante las autoridades educativas autonómicas, «dándoles libertad absoluta para discriminar conscientemente al castellano en la escuela catalana». «El Gobierno no debería haber permitido que se se maltratara durante tanto tiempo al castellano en esta Comunidad», denuncia esta madre.

Recuerda, en este sentido, que a lo largo de muchos años el gobierno autonómico ha hecho oídos sordos al marco legal estatal —Real Decreto de Enseñanzas Mínimas— que le obligaba a realizar en los colegios la tercera hora de castellano. «Se empezó con esto y después se dio luz verde a la nueva Ley Educativa Catalana (LEC), que acabó de segar los derechos de los castellanohablantes a escolarizar a sus hijos en la lengua materna durante los primeros años de enseñanza», denuncia Marina. «La Alta Inspección Educativa debería haber velado para que el conflicto lingüístico no llegara a los tribunales», concluye.

«El campo también tiene motivos para indignarse»

POR PABLO OJER

«Con absoluto respeto hacia los colectivos que se han manifestado en las últimas semanas, pienso que el sector agrario en este país también arrastra desde hace ya bastantes años una justificada dosis de indignación», asegura Félix Bariain, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Y es que mientras en la ciudad crece el enfado, fuera de las urbes también hay personas y colectivos que se muestran indignados con la actual situación. Félix opina que el sector agrario tiene sus motivos para movilizarse porque se siente marginado. «La agricultura y la ganadería han tenido mínima presencia en los debates y discursos electorales y la escasísima representación en las listas electorales es muestra de ello», afirma Félix.

Aunque el campo ya no tiene el peso económico con el que contaba en otros tiempos, cree «que la sociedad debe reconocer y valorar como motor dinamizador de toda la economía rural y su aportación a la vertebración del territorio». Pero el campo en nuestro páis no sólo aporta al mundo rural, sino que va más allá y afecta a toda la sociedad en general. «La agricultura, los agricultores y el mundo rural son hoy más importantes que nunca ya que deben dar respuesta a los tres retos más importantes a los que se enfrentará nuestra sociedad a corto plazo: el reto alimentario, el energético y el medioambiental. Y como nadie quiere reconocerlo, de ahí surge nuestra profunda indignación», asegura.

«El Gobierno ha creado fobias contra los creyentes»

POR COVADONGA ABRIL

Tiene 56 años, es católico y está indignado con la actual política del Gobierno en materia de libertad de culto. En su opinión, «desde antes de las elecciones de 2004, el Gobierno ha convertido a los creyentes en objeto de fobias». Miguel Vidal explica que cada problema que surge dentro de la iglesia «se utiliza para calentar el ambiente contra la gente». Y considera que «esto y las distintas leyes y provocaciones lo único que consiguen es crear grupos de asalto en la calle que, entre otras acciones, se dedican a atacar iglesias».

Recalca indignado que «la actual política del Gobierno, favorece el cierre de lugares de culto, algo que no se había dado desde los años 30». Desde 2006, se han cerrado cinco lugares de oración, entre ellos El Escorial. Ante la pregunta de si alguno de estos cierres le ha afectado directamente, Vidal comenta que, como católico, cada uno de esos cierres le afecta: «Todos nos sentimos atacados directamente».

Desde la organización Maslibres.org promueve la libertad religiosa. En estos momentos recogen en su web firmas para que el Congreso de los Diputados tome «las medidas necesarias que eviten el cierre de capillas e iglesias». Al mismo tiempo, recalca que no sólo se atenta contra los creyentes católicos, y asegura que actualmente los evangélicos se enfrentan a una dura acción para conseguir que no les cierren sus iglesias, «no cinco sino todas». «No se trata de discotecas, son iglesias», recalca Miguel Vidal.

«Desde que está Zapatero ganamos un 9% menos»

POR JANOT GUIL

Echa la vista atrás en su vida laboral y sólo ve «tijeretazos» en su nómina. Juan Jesús Escanilla, funcionario de prisiones de 51 años que trabaja en la cárcel de Can Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), asegura que «ya en 1996 nos comenzaron a limitar los incrementos, pero con la crisis...». En mayo del año pasado Zapatero decidió recortar un 5% el sueldo a los funcionarios en sus retribuciones básicas. Y en Cataluña, el entonces gobierno tripartito aplicó otro recorte del 5% lineal a los complementos específicos de las nóminas de los empleados públicos». En resumen: «Desde que está Zapatero hemos perdido un promedio de un 9 porciento de nuestro salario», se lamenta Escanilla. «Los trabajadores somos los que estamos pagando la crisis sin haberla provocado».

Y el futuro inminente es si cabe más negro. La Generalitat que ahora comanda Artur Mas ha anunciado nuevos recortes para los trabajadores públicos tras romper las negociaciones con los sindicatos. Éstos ya han anunciado más manifestaciones. «Cobramos menos, no se reemplazan las bajas y se echan a los interinos. Al final será imposible dar nuestro servicio», denuncia. Como ejemplo, uno de su ámbito: «En La Modelo hay un módulo en el que tres funcionarios están al cargo de 450 reclusos».

«Me marcho fuera, aquí solo me pagan 350 euros»

POR PATRICIA ABET

Paulina Rodríguez tiene 28 años y dos carreras universitarias, Periodismo y Turismo. Sin embargo, su vida laboral se reduce a un rosario de contratos de prácticas por los que nunca ha llegado a cobrar más de 350 euros al mes. Se ha quedado muy lejos de ser una mileurista pese que a que, como ella reconoce, siempre ha ejercido «las mismas funciones que el resto de los empleados» en cada puesto de trabajo.

Agobiada por la situación laboral, hace un año optó por continuar formándose y decidió estudiar un master en la capital de España. «Cuando la beca se me acabó tuve que volver a casa de mis padres, el punto de partida. Madrid era demasiado caro para sentarme a esperar», lamenta. Desde ese momento han pasado más de siete meses mirando páginas de empleo a diario. «En ese tiempo no he recibido ni una llamada de ninguna empresa», asegura Paulina, para quien la única salida que le queda ahora es una nueva beca, en este caso de lectorado, que la llevará fuera de su país, en concreto a Rumanía. El mundo al revés: una española que emigra al país del que proceden tantos emigrantes en España.

«La verdad es que nunca me había imaginado viviendo en un lugar tan alejado del mío, pero es la única opción de futuro que por ahora se me plantea. Es eso o nada». La fuga de cerebros es más que un mito. De hecho, el número de demandantes de empleo para trabajar fuera de España se ha duplicado en los dos últimos años. La España del «Vente a Alemania Pepe» regresa con fuerza. La generación perdida la terminarán ganando otros.