Laya protege a Sánchez y oculta al juez quién decidió la entrada clandestina de Gali en España

La exministra se ha enrocado en que esa operación clandestina fue «un acto político» que, a su juicio, queda al margen del orden administrativo. Sostiene que el Gobierno está legitimado para este tipo de decisiones.

González Laya dice no saber nada de la documentación falsa con la que Gali fue registrado en el hospital de Logroño, donde ingresó para curarse de Covid. Y afirma que tampoco sabía que el líder del Frente Polisario, cuando fue introducido furtivamente en España, estaba incurso en causas penales investigadas por la Audiencia Nacional.

El juez zaragozano Rafael Lasala investiga esa entrada furtiva de Gali al haber apreciado en ella indicios de delito. En concreto, por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. De momento están imputados Laya y Villarino, pero la investigación se extiende ya al Ministerio del Interior , alcanza al de Defensa y acecha a la exvicepresidenta Carmen Calvo , porque consta que, un par de días antes de la llegada del líder del Polisario, desde su gabinete se interesaron por cómo se estaba cociendo la operación.

González Laya acudió este lunes a los juzgados de Zaragoza para declarar por un caso que ha puesto en el punto de mira al presidente Sánchez. El testimonio de la exministra era clave: si desvelaba cómo se había decidido la operación, quién fue su último responsable y quiénes lo ejecutaron desde el Gobierno, la investigación habría dado un salto sustancial y habría emprendido ruta hacia el Tribunal Supremo, al haber podido implicar a miembros en activo del Gobierno que son aforados. Pero Laya ha optado por el hermetismo , por atrincherarse en el silencio y, por tanto, por actuar de pretendido cortafuegos a beneficio del Gobierno PSOE-Podemos y del propio presidente.

Las constantes negativas de Laya a contestar al juez Rafael Lasala han hecho que el interrogatorio fuera especialmente tenso, según han indicado fuentes jurídicas. El magistrado, visiblemente molesto ante la actitud de la exministra, le insistió para que desvelara quién estuvo detrás de esa decisión, porque su ex jefe de gabinete, Villarino, ya le había dicho al juez hace tres semanas que Laya no actuó por su cuenta. Pero todas las veces que el juez le ha reiterado la pregunta se ha encontrado en la exministra el mismo muro.

Asistida por la abogada del Estado María del Mar González Bella , la ex titular de Asuntos Exteriores ha sostenido que su silencio lo ampara la ley de secretos oficiales y un acuerdo que, al respecto, adoptó el Consejo de Ministros en noviembre de 2010. El juez le ha insistido en que el principio de legalidad tiene primacía, pero Laya no se ha avenido y ha mantenido su hermetismo. No ha desvelado ningún detalle. Su negativa a responder las preguntas clave contrasta con lo que la propia Laya afirmó a los periodistas que la esperaban a su salida del juzgado: dijo que había acudido con «mucha tranquilidad», para aportar «transparencia» y «todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión» de las diligencias. «Todo se ha hecho conforme a la ley», insiste.

La exministra de Asuntos Exteriores, de la que Sánchez prescindió abruptamente en su remodelación gubernamental de julio, se ha alineado ahora a favor del Ejecutivo del que fue despedida . Ya apuntaba en esa dirección el hecho de que Laya, hace unos días, aceptara como defensa letrada a la Abogacía del Estado. El erial que dejó su interrogatorio judicial de este lunes lo ha confirmado. Prietas las filas, al menos de momento.

González Laya se negó a responder a los abogados de las acusaciones populares. Considera, en línea con la estrategia de su abogada del Estado, que no están legitimados para actuar en este proceso. Sí contestó a la breve intervención de la Fiscalía. Y se explayó con las preguntas de la abogada del Estado, con la que previamente había preparado la intervención. Interrogadora e interrogada aprovecharon el turno para proclamar que no hubo nada ilegal en la introducción clandestina de Gali en España para ser curado de Covid «por motivos humanitarios».