El juez del caso Gali interroga a Laya, con Pedro Sánchez en el punto de mira

Ese enrevesado y comprometedor escenario es el que ha destapado la investigación que emprendió hace cuatro meses el juez zaragozano Rafael Lasala y que avanza con paso firme, pese a los persistentes intentos de la Abogacía del Estado para archivar las diligencias, evitar la declaración de Laya e impedir que los medios de comunicación informen libremente del caso.

Esta investigación penal arrancó tras la denuncia presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales, que ejerce una de las dos acusaciones populares personadas en estas diligencias. El juez admitió a trámite la denuncia al apreciar indicios de delito en esa acogida clandestina de Gali en España, que el Gobierno no logró mantener en secreto y que está poniendo contra las cuerdas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el presidente en el punto de mira. El hecho de que la ministra ya no sea ya titular de Exteriores es lo que ha determinado que no la investigue el Supremo, que es el competente por razón de aforamiento.

Está por ver si Laya opta por asumir toda la responsabilidad o si destapa y detalla cómo se urdió toda la operación en el seno del Gobierno. El que fue su jefe de gabinete en Exteriores, Camilo Villarino –también imputado– ya le dijo al juez hace varias semanas que él coordinó la operación por orden de Laya, pero que su entonces ministra ni la había decidido ni la había activado por su cuenta. Es decir, que la decisión tenía un origen de mayor calibre dentro del Gobierno.

Esa es la gran incógnita que trata de despejar el juez Lasala, despejar lo que la oposición parlamentaria ha denominado la «X» del caso Gali: quién es el responsable último de esta decisión en el seno del Gobierno, y quiénes –y cómo– participaron en ese acuerdo y en su ejecución. Sánchez, de momento, no ha asumido culpa personal alguna y se ha limitado a decir que fue una decisión del Gobierno –en genérico–. Alega que se decidió por motivos humanitarios, para que Gali fuera curado de Covid en la sanidad pública española, en vez de en Argelia, que es donde vive y tiene su base de operaciones con protección oficial de ese país al máximo nivel.

En el caso Gali se investiga la comisión de los posibles delitos de prevaricación –por infringir las leyes de fronteras–, falsedad –por el uso de documentación falsa con la que Gali fue registrado en el hospital de Logroño– y de encubrimiento, porque Gali está incurso desde hace años en varias causas penales en la Audiencia Nacional, investigado por terrorismo, genocidio y torturas, entre otros delitos. Precisamente la semana pasada, la Sala Penal de la Audiencia ordenó al juez Santiago Pedraz reabrir la causa de genocidio al detectar un defecto de forma , pues el instructor no era competente para cerrarla. El Gobierno de Sánchez, por su parte, sostiene que no cometieron delito alguno al urdir y ejecutar esa entrada clandestina de Gali en España. Ha encargado a la Abogacía del Estado que insista en esta tesis, cuerpo que también ha asumido la defensa legal de los imputados Laya y Gali.

El líder del Polisario llegó el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza, el Gobierno se ocupó de que no quedara registrada su entrada en España, no fue sometido a control de pasaportes y fue trasladado en ambulancia al hospital público de Logroño. Pese a la clandestinidad que procuró el Gobierno, pocos días después trascendió públicamente que Gali estaba en España. Eso desató una grave crisis diplomática entre España y Marruecos. Hace apenas un año, en noviembre de 2020, Brahim Gali, presidente de la autoproclamada República Árabe Democrática Saharaui, declaró la guerra a Marruecos por el antiguo Sáhara español que reclama el Polisario.

El caso ha destapado también que Gali disfruta de nacionalidad española y DNI desde 2006 , algo que se había silenciado hasta ahora, pero que en este momento el Gobierno exhibe como asidero defensivo frente al juez Lasala. El problema es que a Gali no le consta pasaporte español, imprescindible –insisten las acusaciones– para poder entrar a España desde un país que no pertenece al espacio europeo Schengen.

Gali acostumbra a viajar siempre con pasaportes argelinos, en los que, por cierto, figura con datos que no cuadran con la identidad que tiene reconocida en España. Así ha quedado también al descubierto con el pasaporte de Gali que Camilo Villarino exhibió, en su defensa, cuando declaró ante el juez Lasala hace tres semanas.

El propio Brahim Gali, cuando regresó a Argelia desde el aeropuerto de Pamplona el 2 de junio, reconoció a los policías que le acompañaron que iba indocumentado. Durante su mes y medio de estancia en España, el único documento de identificación que consta fue el que se usó para registrarlo en el hospital de Logroño, y era falso, para encubrir su inscripción hospitalaria bajo otra identidad.