«El Gobierno no nos ha llamado, parece muy ocupado con Franco»

«Seguimos pidiendo que saquen de ahí a nuestros familiares», asevera Miguel Ángel Capapé, marido de Purificación Lapeña, nieta de Manuel y sobrina nieta de Antonio Ramiro Lapeña, dos hermanos republicanos fusilados en Calatayud (Zaragoza). El sentir no varía al cambiar de filas. Es el caso de Pedro Gil , un agricultor soriano que fue reclutado por el bando nacional y que encontró la muerte en Tardienta (Huesca). Décadas después su nieta, Rosa Gil, expone los deseos familiares con claridad: « Lo que queremos es traer al abuelo a casa con nosotros y así poder cerrar este tema».

«No reconocemos eso -por el Valle de los Caídos- como un cementerio», sentencia Capapé, quien se reafirma en querer sacar de allí cuando antes los restos de los hermanos Lapeña , una exhumación que cuenta incluso con el visto bueno de una sentencia judicial favorable. «Si con las condiciones que hay ahora, no se hace, no sé si se cumplirá», lamenta Capapé, quien no desiste en la batalla. «Después de seis años con juicios y más de diez años peleando no nos desanimamos. Nos hemos llevado muchos reveses, pero seguimos», argumenta este aragonés, quien repite su llamamiento a las instituciones: «Que nos entreguen sus restos, pero no solo a nosotros, también en los demás casos».

Y es que el tema de fondo bajo el Valle de los Caídos, al menos según manifiestan las familias de los que allí yacen, tiene mayor envergadura que desenterrar o no a Franco , o hacer allí un memorial en honor a las víctimas de la contienda. De hecho se trata de cerrar unas heridas familiares que permanecen abiertas desde hace décadas. «Que vayan a sacar a Franco no ha afectado demasiado a mi padre», reconoce Gil, en la misma línea que Juan José Guerrero, cuyo abuelo, Juan González, -un malagueño de Arriate reclutado por el bando nacional- también yace en una de las criptas: «Lo único que quiero es que mi abuelo esté con mi abuela enterrado. E stá todo muy politizado, pero lo que queremos es solucionar este tema familiar».

En lo que a los familiares de las víctimas concierne, que el Ejecutivo haya modificado la ley de Memoria Histórica para desenterrar a Franco no supone un cambio sustancial. «A partir de ahora, sacar a nuestros familiares sigue siendo igual de fácil o de difícil porque la ley no cambia mucho en este sentido», indica Gil, consciente de la complicación que tiene exhumar los restos de una persona determinada si éstos se encuentran mezclados con otros en osarios comunes. Eso sí, aguarda con esperanza que Franco sea el primero de los exhumados del Valle de los Caídos: «Si sacan a Franco, vale, sale una persona, pero que después salgan los demás».

Los siguientes podrían ser precisamente los Lapeña, cuya familia valora positivamente la exhumación de Franco pero insiste en que después tienen que venir las demás. « Que saquen todas las cajas , que pongan el nombre y la localidad de los identificados y después devuelvan sus restos a sus pueblos», propone Capapé. De los más de 33.000 sepultados en el Valle de los Caídos , según los datos recogidos en el informe de la comisión de expertos conformada por el expresidente Zapatero en 2011, hay 21.423 personas identificadas frente a otras 12.410 cuya identidad no ha podido ser reseñada.

El cambio de Gobierno, más allá del decreto ley que sacará los restos de Franco del Valle de los Caídos, no ha supuesto un giro en la batalla del resto del resto de familias involucradas en este proceso. «No nos han llamado, parecen muy ocupados con lo de Franco...», manifiesta con algo de ironía Capapé, quien expone que la comunicación no es demasiado fluida con los actores involucrados en las exhumaciones: «Si la comunicación con Patrimonio es mala, con el Gobierno, nula».

Con la familia de Gil tampoco han hablado, aunque como ella resalta, no pierden la esperanza de sacar, más pronto que tarde, al «abuelo» del Valle de los Caídos: «Mi padre me dijo que le avisara cuando hubiera que cavar el hoyo para enterrar a su padre en el pueblo».