Las esculturas de los dos evangelistas que sujetan la cruz del Valle de los Caídos - Sigefredo Camarero | Vídeo: ATLAS

El decretazo para desenterrar a Franco abre la puerta a reclamar nuevas exhumaciones

Susana Díaz exige el traslado de los restos de Queipo de Llano de la Macarena

MadridActualizado:

«En breve», dijo en junio el presidente del Gobierno. Y se cumplió. El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente hoy un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y cumplir el principal objetivo de Pedro Sánchez: activar el proceso de exhumación de los restos Franco. La norma debe pasar antes por el Congreso de los Diputados aunque el Ejecutivo sabe que pisa tierra firme.

El grupo parlamenario socialista ya sacó adelante en mayo de 2017 una proposición no de Ley que instó al Gobierno de Mariano Rajoy a trasladar al dictador y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Se espera, por ello, que en septiembre, con el inicio del curso parlamentario, la Cámara Baja avale la medida sin complicaciones.

«La fórmula más adecuada es un decreto ley que modifique puntualmente la Ley de Memoria Histórica para evitar que las demandas judiciales paralicen la medida», admitió el martes el titular de Cultura, José Guirao. El ministro se refería así a una estrategia jurídica para sortear las posibles demandas con las que la familia Franco amenazó al Ejecutivo cuando hizo pública su intención. Y, también, para evitar que se pudiese desencadenar un caso similar al que se produjo este verano con los restos mortales del general José Sanjurjo.

Evitar el caso Sanjurjo

El Ayuntamiento de Pamplona y el Arzobispado llegaron a un acuerdo hace dos años para trasladar los restos de Sanjurjo y de otros golpistas del Monumento a los Caídos. Pero un recurso presentado por la hija del franquista tergiversó todos los planes y obligó al Consistorio pamplonica a retroceder.

Así las cosas, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona, Antonio Sánchez, dio la razón a los familiares y ordenó en julio devolver los restos de Sanjurjo al edificio en memoria de los combatientes sublevados del que fueron exhumados en noviembre de 2016. El magistrado también negó que su sepultura violara la Ley de Memoria Histórica, porque, según él, el monumento no supone ninguna exaltación o símbolo franquista.

El Gobierno, con este precedente, necesitaba blindar la norma ante futuros pleitos, aunque la aprobación del decreto ley suponga abrir la puerta a más solicitudes para nuevas exhumaciones.

De hecho, el Foro por la Memoria de Toledo, motivado por la iniciativa del Gobierno, ya anunció esta semana su intención de estudiar medidas para los sublevados enterrados en el Alcázar. Su presidente, Emilio Sales, se refiere concretamente a los cuerpos del general José Moscardó y de Jaime Milans del Bosch, militares que defendieron el edificio contra las tropas republicanas. El presidente aún no tiene claro si solicitarán la exhumación o su intención irá por otra vía, pero sí denunció que un edificio público disponga de un espacio privado para elogiar a militares franquistas.

El Foro por la Memoria le pide al Gobierno que siga tomando estas iniciativas

Asimismo, Sales expresó, en declaraciones a Efe, que el Valle de los Caídos seguirá siendo un símbolo Franquista pese al traslado del cuerpo de Franco y, por ello, instó al Gobierno a que siga tomando iniciativas en este sentido.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también se amparó ayer en el «decretazo» para exigir la exhumación de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la basílica de la Macarena, en Sevilla. Hace unas semanas la Hermandad de la Macarena aprobó un proyecto para levantar un columbario en recuerdo a los miembros de la entidad. El espacio se barajó como una posible opción para trasladar los restos de Queipo de Llano.

La presidenta andaluza consideró ayer que lo más plausible sería que la propia cofradía tomase la iniciativa, pero también aseveró que en el caso contrario la Junta tomaría las medidas necesarias para que se cumpliese la Ley de Memoria Histórica.