El Supremo ve injustificado el nombramiento a dedo de dos altos cargos del Gobierno de Sánchez

Recuerda el tribunal que de acuerdo con el artículo 66 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el nombramiento de director general ha de recaer en quien sea funcionario de carrera. No obstante, el Gobierno puede, al regular la organización de los ministerios establecer de forma justificada excepciones a esta regla, vigente desde 1997. Sin embargo, en virtud de la propia jurisprudencia del Supremo, esa justificación ha de descansar en la inexistencia de cuerpos de funcionarios con preparación en las materias a que se dedican las direcciones generales a las que se quiere aplicar la excepción.

Fedeca interpuso recurso contencioso-administrativo contra las disposiciones dictadas en 2020 que hicieron uso de esta facultad . La demanda sostenía que se había aplicado indebidamente esa excepción en más de treinta Direcciones Generales y en varias discutía la idoneidad de los nombrados.

Tras analizar todas las impugnaciones, la Sala ha comprobado que en unos casos se dirigían contra disposiciones que no se habían incluido en el acuerdo para recurrir adoptado por el órgano de gobierno de Fedeca . En otros, cuestionaban excepciones establecidas en 2018 respecto de las cuales ya habría expirado el plazo de dos meses para interponer recurso. Y en otros casos, los nombramientos cuestionados se podrían enmarcar en esa aludida excepción a la regla establecida años atrás por el propio Tribunal Supremo.

Respecto a los nombrados que sí son funcionarios pero cuya idoneidad era cuestionada igualmente por Fedeca, los magistrados consideran que la federación no tiene legitimidad para cuestionarla por lo que desestima su recurso en este punto. En todos los restantes casos, la sentencia ha considerado que mediaba suficiente justificación o que la recurrente no había desvirtuado la justificación ofrecida salvo en el caso de las dos direcciones generales citadas: la del Instituto de la Juventud y la Dirección General de Políticas Palanca de la Agenda 2030. Respecto de ellas la sentencia declara la nulidad de las disposiciones que las exceptuaron.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que ha llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa estableció que el Instituto de la Juventud (Injuve) dejara de formar parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y pasara a estar en manos de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, en la órbita de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias. El ya exvicepresidente pensó para este puesto, con rango orgánico de director general del Estado, en María Teresa Pérez, una periodista de 26 años cuya escasa experiencia en el sector de la comunicación ya fue cuestionado en su momento.

El director general de Políticas Palanca, Gabriel Castañares, también es hombre de Podemos. Empezó trabajando de cartero para Correos y luego fue jefe de Gestión y Eficiencia Energética de la Renfe, cargo que ocupaba antes de ser llamado a filas por el nuevo Gobierno.