La Fiscalía suiza archiva la causa por la donación de 65 millones de Don Juan Carlos a Corinna Larsen

Ahora, se pone punto y final sin consecuencias para ninguno de los dos porque «la investigación no ha permitido establecer de manera suficiente un vínculo entre el montante recibido de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad» en La Meca, tal y como expone el comunicado oficial de la Fiscalía de Suiza.

En concreto, las diligencias de Bertossa tenían en el punto de mira a la propia Larssen y a los gestores de cuentas Arturo Fasana y Dante Canónica, que fueron quienes crearon para Don Juan Carlos una estructura societaria en Panamá, la Fundación Lucum , donde recibió una donación del Rey de Arabia Saudí por importe de 100 millones de dólares (unos 65 millones de euros al cambio de la época) en el año 2008.

Ese dinero fue después enviado a una cuenta también helvética a nombre de su examante, Larssen, que justificó ante la Fiscalía de Suiza que aquello fue una donación relacionada exclusivamente con el cariño que Don Juan Carlos profesaba a ella y su hijo. Tal y como reveló ABC, el propio padre del Rey había puesto esto por escrito en una carta a Fasana y Canónica: se trataba de un regalo sin contraprestación.

«La donación que hice en 2012 a la Sra. Corinna Zu Sayn Wittgenstein fue irrevocable. Desde la donación, nunca ha manejado los activos transferidos en mi nombre. No he recibido ninguna cantidad a cambio. Nunca lo he pedido», decía en una carta firmada de su puño y letra al abogado Dante Canónica en agosto de 2018.

Conforme explica la Fiscalía de Suiza, el día 6 de aquel mes se incoaron diligencias penales «por blanqueo de capitales agravado tras la publicación de artículos de prensa en los que se relataba que Don Juan Carlos I habría recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas».

«Se decía que que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca», explica el Ministerio Público.

Se refiere a la tormenta mediática desatada por la difusión de unos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen señalaba a Don Juan Carlos y afirmaba, entre otras cosas, que había cobrado comisiones en negocios como el mencionado, que tenía fondos ocultos en el extranjero y que la utilizaba a ella así como a su primo Álvaro de Orleans como testaferros.

Durante las pesquisas, Bertossa tomó declaración como testigo a Orleans puesto que su fundación, creada igualmente por Canónica y Fasana y con cuenta en Suiza, abonó cantidades millonarias en concepto de vuelos privados de los que además de Don Juan Carlos, podía haberse beneficiado Larsen. Llegó asimismo a imputar al presidente del banco Mirabaud , d onde tanto la Fundación Lucum como Larsen tenían sus cuentas, por falta de observancia en la normativa de prevención del blanqueo en relación a la donación Saudí a Don Juan Carlos y los movimientos posteriores.

«La investigación estableció que Juan Carlos I había recibido efectivamente el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la fundación Lucum abierta en el Mirabaud en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí. El procedimiento también reveló otros pagos recibidos por el mencionado o Corinna Zu Zein-Wittgenstein», dice la Fiscalía de Suiza. Refiere en concreto una entrada en efectivo de 1.895.250 dólares y otras transferencias de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahrein que «no fueron suficientemente documentadas por los acusados».

Se contrastó asimismo que la cuenta de Lucum fue cerrada en junio de 2012, cuando todo su saldo, unos 65 millones de euros, fueron enviados a la cuenta en Bahamas de una sociedad de Corinna Larsen.

Para la Fiscalía helvética, el uso de fundaciones y empresas titularizadas por los distintos investigados «evidenciaba un deseo de encubrimiento» , lo que sumado a «los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del Rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este último a favor de Corinna Larssen) así como la cronología de los hechos constituían indicios sólidos».

Sin embargo, «dado que la investigación no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, el Ministerio Público archivó parcialmente el proceso» por falta de indicios, aún imponiendo costas a los investigados.

En el caso del banco Mirabaud la investigación estableció que el banco incumplió su deber de comunicar la cuenta personal de Corinna Larsen cuando debió alertar del «carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los diversos flujos financieros intercambiados» con la Fundación Lucum. Impone a la entidad una multa de unos 48.000 euros más las costas del procedimiento, que superan los 144.000.

Fuentes cercanas a Don Juan Carlos exponen que no tienen conocimiento formal de esta decisión de la Fiscalía de Suiza puesto que el padre del Rey nunca estuvo investigado ni llegó a ser así, parte en el procedimiento. Mientras, el entorno de Corinna Larsen ha difundido un comunicado en el que expresa su satisfacción por el cierre de las pesquisas.

«Hoy finalmente he sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años. Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes», asegura.