La Fiscalía del Supremo aún espera documentación de Suiza para resolver sobre Don Juan Carlos

En concreto, la Fiscalía del Supremo tiene tres frentes abiertos sobre el padre del Rey. El más antiguo, este relativo a la supuesta comisión por la infraestructura ferroviaria. Un segundo que arrancó en 2019, en torno a los fondos que el empresario mexicano Allen Sanginés Krause transfirió a Don Juan Carlos utilizando a una persona de su confianza que le pagaba con ello gastos diversos utilizando tarjetas. El tercero, más reciente, data de diciembre de 2020 y analiza movimientos en un trust empresarial en la Isla de Jersey, paraíso fiscal, por su presunta relación con el anterior Jefe del Estado.

Si bien fuentes fiscales vienen advirtiendo desde hace semanas de que las diligencias sobre Don Juan Carlos están cerca de llegar a su fin y con un resultado positivo para el padre del Rey, el hecho es que siguen abiertas. A principios de mes la fiscal general del Estado Dolores Delgado firmó un decreto que prorrogaba las diligencias tocantes a Jersey, de manera que el Ministerio Público se ha dado de margen hasta seis meses más para seguir investigando.

La sucesiva prórroga de las pesquisas causa malestar dentro y fuera de la Fiscalía, como ya informó este diario, donde empiezan a surgir voces que apuntan a un posible uso político de las diligencias abiertas habida cuenta de que, tras más de dos años siguen sin cerrarse ni judicializarse.

En el caso del AVE a la Meca, el origen de las pesquisas está en los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo difundidos en julio de 2018. En las cintas, Corinna Larsen señalaba a Don Juan Carlos y le acusaba de manejar fondos y testaferros en el extranjero además de ser comisionista en ese y otros negocios.

El asunto entró en la Audiencia Nacional, donde el polémico policía estaba ya siendo investigado, pero la inviolabilidad de Don Juan Carlos y la falta de más indicios que las afirmaciones de su examante llevaron al juez instructor a dar carpetazo al asunto. Anticorrupción cogió entonces el testigo y abrió diligencias para esclarecer si mediaron o no comisiones ilegales en aquel negocio. Se persigue, entre otros, un delito de corrupción en las transacciones internacionales.

Las pesquisas se llevan desde el inicio con cierta interlocución con la Fiscalía del Cantón de Ginebra, que al socaire de los mismos audios y habida cuenta de que se hablaba de entidades bancarias de Suiza, abrió su propia investigación. La misma que ahora ha cerrado porque no ha quedado acreditada de manera suficiente la relación entre el dinero que Don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí con la adjudicación del AVE a la Meca.

De hecho, España le proporcionó los audios de Villarejo y ellos, aunque con menor diligencia de lo esperable, de acuerdo a las fuentes consultadas, han venido remitiendo documentación. De ahí salió la pista del papel que pudo jugar el primo de Don Juan Carlos, Álvaro de Orleans, señalado como testaferro por Corinna Larsen en los audios y que resultó haber costeado hasta ocho millones de euros en vuelos privados para el padre del Rey y su antaño amiga íntima.

En respuesta, Don Juan Carlos, acometió una regularización fiscal aplacando el posible delito en el que habría incurrido por no declarar esos regalos como ingresos en especie. Pagó a Hacienda 4.395.901,96 euros entre multa, intereses de demora y recargos. Una vez los peritos de la Agencia Tributaria verificaron la espontaneidad de la regularización, queda por confirmar que se ajusta a la realidad de los gastos incurridos por Álvaro de Orleans. Esta información está pendiente aún de llegar vía comisión rogatoria desde Suiza y es lo que mantiene las pesquisas abiertas.

En cuanto a las segundas diligencias, en el origen estaba en el punto de mira el coronel Nicolás Murga, ayudante de campo de Don Juan Carlos y persona de su máxima confianza. Los fondos que recibía desde México hicieron saltar las alarmas y al final, se acabó verificando que con ese dinero había sufragado desde comidas familiares del padre del Rey hasta viajes o gastos en centros comerciales pasando por regalos para sus nietos, como una yegua de competición.

Don Juan Carlos, por consejo de sus abogados, acometió una regularización fiscal por la que pagó 678.393 euros a Hacienda atendiendo igualmente a multas y recargos por los tres ejercicios fiscales en los que había recibido indirectamente fondos del empresario mexicano. En este caso, como en el de los vuelos sufragados por Álvaro de Orleans, los movimientos se habían producido después de la abdicación, de manera que no gozaba de la inviolabilidad propia de la Jefatura del Estado y siendo las cuantías no afloradas superiores a 120.000 euros, podía afrontar cargos por delito fiscal.

Por último, en el caso del conglomerado empresarial en la Isla de Jersey, la investigación acabó aflorando la existencia de una cuenta en Andorra gestionada en su día por una persona de la máxima confianza de Don Juan Carlos. La investigación nació de una alerta del servicio de prevención de blanqueo y fue asumida sobre la marcha por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya había 'quitado' a Anticorrupción las riendas sobre las otras dos diligencias en marcha.

Destaca en este punto que así como en el caso del AVE a la Meca o en el relativo al empresario mexicano el entorno de Don Juan Carlos ha guardado silencio primero y regularizado, después, siempre han negado que hubiese acometido movimiento económico alguno vinculado o relacionado con empresas en las Islas Británicas donde, aseguraron en su día esas fuentes, no tiene intereses.