La Fiscalía archiva definitivamente la investigación sobre Don Juan Carlos

En dos decretos notificados este miércoles al abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, se ponen así fin a más de tres años de pesquisas articuladas en dos bloques, las Diligencias de Investigación n.o 17/2020 y las 40/2020.

Las primeras versaban sobre « un posible delito de corrupción en los negocios , derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011» del AVE a la Meca a un consorcio español y «su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM», en Panamá, de la que Don Juan Carlos era «titular real».

Incluían también, por acumulación, las pesquisas sobre las transferencias de un empresario mexicano al padre del Rey mediante una persona interpuesta y los gastos que le sufragó su primo Álvaro de Orleans mediante una fundación con cuenta en Suiza.

Según ha concluido la Fiscalía del Tribunal Supremo, en relación al asunto concreto del AVE « se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros» que marca el límite del delito fiscal pero los ejercicios previos habrían prescrito y el último no se puede perseguir porque hasta junio de 2014, cuando se produjo la abdicación, Don Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad propia del Jefe del Estado.

En cualquier caso, « la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna», conforme relata el decreto de archivo. Los indicios, conforme concluye, era «extremádamente débiles» y basados exclusivamente en el testimonio de la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen, quien dijo que él le comentó que del dinero pagado «50 millones» iban a su bolsillo.

La Fiscalía concluye así que «se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que S.M. D. Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal« que, señalan, » estaría claramente prescrito«.

Lo mismo ocurre con el presunto delito de blanqueo de capitales analizado por cuenta de los movimientos económicos tras la recepción de aquel dinero saudí que se observaba «partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por Don Juan Carlos de Borbón» . La Fiscalía dice que esas conductas susceptibles de ser delictivas cesaron en 2012, cuando él aún gozaba de inviolabilidad.

Llama la atención sobre este asunto que según el decreto, «ya en el mes de octubre de 2020 se evidenciaba la inconsistencia de los indicios de la relación entre la adjudicación —en octubre de 2011— de las obras de la denominada Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca y el ingreso el 8 de agosto de 2008 de 64.884.405 euros en la cuenta de la Fundación Lucum ordenado por el rey de Arabia Saudí».

«Claramente se trata de elementos indiciarios insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas», dice el decreto sobre la presunta comisión.

En aquel momento, la Fiscalía del Supremo devolvió la investigación a Anticorrupción para que siguiese las indagaciones sobre todo aquello relacionado con este asunto que no afectase a Don Juan Carlos. Y a día de hoy, como revela el decreto, siguen investigando para «conocer el destino último de las cantidades entregadas a la Sra. Zanganeh», que fue comisionista e intermediaria en aquella adjudicación.

«Al tiempo de la conclusión de estas Diligencias de Investigación n.o 40/2020 no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente el pago de comisiones cuyo destino último haya sido retribuir a las autoridades o funcionarios públicos responsables del proyecto de construcción del AVE para conseguir su adjudicación», añade, no obstante, el fiscal Jefe Anticorrupción.

En cuanto a las transferencias del efectuadas entre los años 2016 y 2019 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause al coronel del Aire íntimo de Don Juan Carlos Nicolás Murga Mendoza y de las que el padre del Rey habría sido «beneficiario indirecto», los fiscales concluyen que «no existe constancia de contraprestación alguna».

Fueron en total 516.606,32 euros a cuentas y otros 471.673,59 en viajes que estarían sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y no fueron declarados. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2020 Don Juan Carlos efectuó una regularización fiscal de esta cuantía « ingresando una cuota de 556.412,50 €, más los correspondientes recargos e intereses de demora«. El análisis del afloramiento concluye que regularizó 16.748,14 euros de más, porque parte de lo que declaró ya había prescrito.

En cualquier caso, esta regularización se da por buena en lo que respecta a su espontaneidad porque, tal y como explican los decretos, en las notificaciones por la apertura de las investigaciones que se remitieron al abogado de Don Juan Carlos nada se decía sobre este asunto, «por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias». No podían así constituir un «conocimiento formal» que de acuerdo a la legislación, le impidiese regularizar su situación con Hacienda.

En situación similar queda la regularización fiscal que acometió la representación de Don Juan Carlos los días 2 y 3 de febrero de 2021 por importe de 4.416.757,46 euros (3.544.906,22 de cuota más 871.851,24 euros, correspondientes a las liquidaciones de intereses de demora y recargos ) por los gastos que le habría sufragado su primo Álvaro de Orleans a través de la Fundación Zagatka, que él administra, ya después de la abdicación y hasta el año 2018.

El decreto, que da por espontánea la regularización en tanto que cuando se hizo la Fiscalía no había comunicado a Don Juan Carlos nada relativo a estos posibles delitos fiscales, puso el foco en los gastos de Zagatka en su favor a partir de junio de 2014. Tiró del hilo de la documentación que había recibido de Suiza en junio, julio y septiembre de 2020, sin embargo, « no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la Fundación Zagatka ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad».

Sin embargo, sí ha podido comprobar que «todos y cada uno de los débitos en las correspondientes cuentas de Zagatka para el pago de los servicios prestados» por las compañías de viajes Air Partner, Viajes Terra Viva y Fathomless Advisory Services «han sido incluidos como renta sometida a gravamen« en las regularizaciones efectuadas por Don Juan Carlos y » además, que no existe ningún cargo en estas cuentas por pago de otros servicios prestados por estas entidades que no hayan sido incluidos en las tales declaraciones».

Había no obstante, otro asunto en el foco al margen de los viajes que le había pagado Zagatka y eran tres armas de fuego que habría adquirido Álvaro de Orleans con cargo en la fundación y después, regalado a Don Juan Carlos. Sumaban en total un gasto de 101.636,37 euros, tal y como arrojaba la factura de la sociedad con sede en Liechestein y cuenta en Suiza. La cuestión es que es un regalo sujeto al impuesto de Donaciones, pero la cuota defraudada sería de 30.411,14 euros, «notablemente inferior a los 120.000 euros» a partir de los cuales se incurre en un delito fiscal.

En cuanto al decreto que archiva las diligencias 40/2020, incoadas tras una alerta del Sepblac sobre movimientos en un conglomerado empresarial en la Isla de Jersey, el decreto se compadece con el borrador que ya se filtró hace unas semanas y también es de archivo de las pesquisas sin reproche penal para Don Juan Carlos.

La razón, que «entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Don Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos», sumado al hecho de que «en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».

En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto la inviolabilidad propia del Jefe del Estado, las disposiciones de fondos de ese trust «lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

Se trataba de un trust creado en 2014 por el amigo de Don Juan Carlos Joaquín Romero de Maura, con dinero procedente de otras dos sociedades que había levantado en los 90 Manuel Prado y Colón de Carvajal. De las primeras sí era beneficiario pero en la de 2014 ya no aparecía.

Tras recibir notificación de los dos decretos de archivo, Sánchez-Junco ha difundido un comunicado en el que avanza que tras el estudio de su contenido, «la próxima semana se harán en su caso, las valoraciones que correspondan» y trasladará «las decisiones que pueda tomar D. Juan Carlos», que serán comunicadas.

Conforme señala, el letrado trasladará «personalmente» el contenido de los decretos a Don Juan Carlos en los próximos días.

Las primeras pesquisas se iniciaron a finales de 2018 a partir de unos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen afirmaba que Don Juan Carlos tenía fondos ocultos y testaferros en el extranjero y había recibido comisiones por su intermediación en la adjudicación a un consorcio español del AVE a la Meca. Esta investigación afloró que el padre del Rey, de 2008 a 2012, tuvo una fundación en Panamá con cuenta en Suiza en la que recibió de Arabia Saudí 100 millones de dólares. También que su primo, Álvaro de Orleans, le había costeado 8 millones de euros en vuelos privados habiendo abdicado ya, un pago en especie nunca declarado.

Sobre la comisión en sí, la Fiscalia de Suiza, que también estuvo investigando, no encontró pruebas . Sobre los vuelos, Don Juan Carlos acometió una regularización fiscal y pagó una multa de 4,2 millones a Hacienda . La verificación de ese afloramiento es lo que ha alargado el cierre de la investigación. Una vez los peritos de Hacienda contrataron que se comparecía con la realidad de lo percibido en ejercicios no prescritos, hubo luz verde para archivar el caso.

En cuanto a las segundas diligencias, se trataba de unos fondos enviados a Don Juan Carlos a través de una persona interpuesta, el coronel del Aire Nicolás Murga, que los usaba para irle pagando gastos personales y familiares con tarjeta. Anticorrupción abrió la investigación a principios de 2019 y después, las asumió la Fiscalía del Supremo. Don Juan Carlos, al hilo, acometió otra regularización para bloquear el posible delito fiscal . Hacienda también la da por veraz y espontánea.