Suiza descarta que Juan Carlos I cobrase por el AVE a La Meca

La causa no se dirigía formalmente contra el anterior jefe del Estado, que no había sido imputado ni citado , pero le salpicaba de manera indirecta por el rastreo de esos fondos que recibió en 2008, unos 100 millones de dólares, y que cuatro años después giró a Corinna Larsen . Ahora, se pone punto y final sin consecuencias ni para ella ni para él porque «la investigación no ha permitido establecer de manera suficiente un vínculo entre el montante recibido de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad» , tal y como informó la Fiscalía de Suiza.

Ese era el hilo del que venía tirando Bertossa, que llegó incluso a solicitar información a Arabia Saudí por si la legislación de aquel país consideraba delito la donación que emitió su Ministerio de Hacienda en el año 2008 en favor de la fundación panameña Lucum, una estructura de la que era beneficiario D on Juan Carlos y que tenía cuenta en el banco suizo Mirabaud . Las diligencias tenían en el punto de mira a Larssen y a los gestores Arturo Fasana y Dante Canónica. La primera, porque en 2012 recibió de Lucum los mencionados 65 millones de euros en una cuenta en Bahamas . Los segundos, como creadores de la estructura societaria y ordenantes de la transferencia. Estaban igualmente imputados por blanqueo el director del banco y la persona jurídica. Él ha quedado exonerado y la entidad, condenada a una multa de 48.000 euros al cambio más las costas por falta de observancia :debió informar de los movimientos atípicos de estas cuentas.

Desde el inicio, Larssen ha venido defendiendo que aquella donación era fruto del cariño que Don Juan Carlos profesaba a ella y a su hijo. El propio padre del Rey dejó esto por escrito en una carta a sus gestores en la que incidía en que había sido una donación sin contraprestación alguna, tal y como reveló ABC . La firmó y envió en agosto de 2018, cuando después de la difusión de unos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larssen le acusaba primero, de cobrar comisiones en la adjudicación del AVE y, después, de utilizarla como testaferro y reclamarle el dinero, Bertossa abrió la investigación.

De hecho, la propia Fiscalía de Suiza explicaba ayer que el proceso penal se inició el 6 de agosto de 2018 por «blanqueo de capitales agravado tras la publicación de artículos de prensa en los que se relataba que Juan Carlos I habría recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas» . «Se decía que que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros. Se sospechaba que estas comisiones estaban vinculadas a la celebración de un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conectaba Medina con La Meca».

Había más revelaciones en aquellas palabras de Corinna Larsen, como la acusación directa de que Don Juan Carlos utilizaba a su primo Álvaro de Orleans, titular de la Fundación Zagatka, también como testaferro. Durante las pesquisas, Bertossa le tomó declaración como testigo y recabó documentación de su fundación, que también había sido creada por Fasana y Canónica. Fue así como se puso de manifiesto que Orleans pagó viajes privados para Don Juan Carlos por importe de hasta ocho millones de euros una vez había abdicado. Suiza reportó a España esta información, que se incorporó a las diligencias que aún siguen en marcha en la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero por el camino, Don Juan Carlos acometió una regularización y pagó más de 4,2 millones de euros a Hacienda, eludiendo un posible cargo por delito fiscal . Ahora, los fiscales españoles esperan documentación de las cuentas de Zagatka para contrastar la veracidad de ese afloramiento.

En Suiza, no obstante, las palabras de Larssen no eran el único indicio. La Fiscalía helvética relata que a lo largo de las pesquisas no sólo se constató la transferencia saudí a Don Juan Carlos y el posterior envío a su examante, sino también «otros pagos recibidos» por ambos. Refiere en concreto una entrada en efectivo de 1.895.250 dólares y otras transferencias de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahrein a la cuenta en el Mirabaud que «no fueron suficientemente documentadas por los acusados».

Justifica así la persistencia en la investigación porque, en su opinión, el uso en estos movimientos de fundaciones y empresas de las que al final se beneficiaban los investigados «evidenciaba un deseo de encubrimiento». Esto, sumado a «los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del Rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de este último a favor de Corinna Larssen) así como la cronología de los hechos constituían indicios sólidos» del delito agravado de blanqueo, conforme apuntaba la Fiscalía helvética.

Sin embargo, «dado que la investigación no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, el Ministerio Público archivó parcialmente el proceso» por falta de indicios, aún imponiendo costas a los investigados.

En el caso del banco Mirabaud la investigación estableció que el banco incumplió su deber de comunicar la cuenta personal de Corinna Larsen cuando debió alertar del «carácter inusual de los fondos recibidos y los diversos flujos financieros intercambiados» con la Fundación Lucum. Impone a la entidad una multa de unos 48.000 euros más las costas, que superan los 144.000, pero exonera a su director, cosa que ayer la entidad aplaudía en un comunicado en el que acataba la resolución.

Fuentes cercanas a Don Juan Carlos exponen que no tienen conocimiento formal de lo actuado puesto que nunca fue parte en el procedimiento. Mientras, el entorno de Larsen difundió un comunicado celebrando haber sido exonerada con recado incluido: «Este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles. Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes».