Segundo vaparalo al Gobierno por el estado de alarma: tumba el 'cerrojazo' del Congreso

En una decisión que ha contado con cuatro votos particulares, entre ellos el del presidente, J uan José González Rivas, los magistrados han estimado el recurso interpuesto por Vox contra la congelación de los plazos de las iniciativas parlamentarias tras el decreto del primer estado de alarma. El 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso dejó en suspenso las respuestas del Gobierno a preguntas parlamentarias o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

En la resolución de admisión a trámite, el tribunal de garantías explicó que en este recurso concurría una especial trascendencia constitucional porque planteaba un problema y afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano. Asimismo, apuntó que la impugnación planteada por Vox trascendía del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y generaba repercusión social o económica y porque podía tener unas consecuencias políticas generales.

Se trata del segundo varapalo que recibe el Gobierno por la vulneración de derechos fundamentales durante la pandemia . La primera fue el propio decreto del primer estado de alarma, que consideró que el confinamiento no hubo una limitación de derechos propiamente dicha, sino una suspensión que tenía que haber sido regulada mediante el estado de excepción. La sentencia contó entonces con cinco votos particulares: los cuatro de ahora (los progresistas Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol, y el conservador González Rivas), además de con el de Andrés Ollero.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, no se ha pronunciado al respecto a su llegada este mediodía a una entrega de premios al asegurar que acababa de salir del Consejo de Ministros y que desconocía la noticia. Preguntada varias veces si esta resolución supone un nuevo varapalo del Constitucional al Gobierno, Llop se ha escudado en su desconocimiento de la misma para evitar pronunciarse.

En el mismo acto, el consejero madrileño y portavoz de Justicia del PP, Enrique López, ha señalado que «respeto esa declaración de inconstitucionalidad y estoy absolutamente de acuerdo con que se han vulnerado los derechos de los diputados, cuya actividad se limitó en un momento en el que no debía limitarse».