La lucida foto de la economía española, que tras mejorar las previsiones en los tres primeros trimestres del año va camino de registrar un crecimiento del PIB del 3% este año sin comparación en la Europa del euro, esconde un puñado de desequilibrios de base, ... que de momento no deslucen las cifras pero sí aportan inquietud a su desempeño futuro. El más evidente es el comportamiento de la inversión privada, la que los expertos consideran como la base más sólida para un crecimiento sostenida de una economía y que en España continúa algo más de un 2% por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia.
La inyección millonaria de fondos europeos del programa Next Generation ha permitido enmascarar el agujero a golpe de inversión pública, pero no ha alcanzado a compensar la atonía de la inversión privada en la fase de recuperación de la economía española. Analistas nacionales y organismos internacionales esperan la reactivación de este indicador para depositar ya sin ambages su confianza en el comportamiento de la economía española, pero esta reactivación no termina de llegar.
Y podría demorarse aún más. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, ha advertido este lunes sobre el estancamiento de los beneficios empresariales en el segundo y el tercer trimestre del año y ha alertado de que podría afectar tanto a la recuperación de la inversión como a la creación de empleo, en la que prevé una desaceleración a lo largo de 2025, en la que se ralentizaría según sus previsiones desde el 2,2% que se espera este año al 1,7%, lo que constituiría el peor dato del último lustro.
«Entre los factores que pueden estar condicionando las decisiones de inversión de las empresas se encuentran la escasa rentabilidad de la inversión, la elevada incertidumbre nacional e internacional, la inseguridad jurídica y regulatoria, y las elevadas y cambiantes cargas fiscales«, subraya el informe.
Según el IEE, el coste laboral unitario que soportan las empresas españolas se ha incrementado un 22% desde el año 2019, impulsado tanto por las subidas salariales como sobre todo por los costes regulatorios, como las cotizaciones sociales obligatorias que a día de hoy se sitúan más de un 20% por encima de las vigentes en 2019, consolidando a España como uno de los países europeos donde las empresas pagan más cotizaciones sociales.
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