La subida del IVA entrará en vigor el 1 de septiembre

La vicepresidenta ha adelantado que las dos grandes actuaciones del Ejecutivo se dirigen hacia la consolidación fiscal y a las reformas estructurales. Sáenz de Santamaría ha explicado que, hasta final de año, se van a aprobar 20 nuevas leyes. El objetivo de estas reformas es mejorar la Administración, ganar competitividad y mejorar la situación de la economía española para poder crecer en el futuro y afectarán a los ámbitos de las Administraciones Públicas, trubutario, de empleo y Seguridad Social, de liberalización de la economía, de la unidad de mercado, energético, de competitividad y de educación.

Una de ellas, la de Transparencia se presentará en el Congreso este mismo mes, mientras que la de Acción Exterior esperará al siguiente periodo. Entre otras leyes, se afrontará un nuevo Código Penal que tendrá como objetivo eliminar el fraude laboral, y otra norma para la sostenibilidad de las pensiones. También ha adelantado el envío a las Cortes de la reforma de la Formación Profesional y, a continuación, ha pasado a explicar con más detalle la nueva Ley de Costas.

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado en el Consejo de ministros, amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y además permite la compra venta. En su exposición de motivos, afirmaba que en relación con el régimen concesional, la ley introduce "importantes cambios".

Así en el régimen general se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de 75 años, y se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. En el primer caso, y según el texto, se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años. La vicepresidenta ha explicado que este anteproyecto persigue "la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente" en el litoral español, que es la base fundamental del turismo en España. La ley supondrá, ha indicado, una "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa, y cuenta con una "cláusula anti algarrobicos", para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.

Además, se ha aprobado la ley de reforma de la Administración local que modifica la actual Ley de Bases de Régimen Local, y que clarifica las competencias de los ayuntamientos. La norma, que pasará a llamarse ley de racionalización y sostenibilidad, pondrá orden en la estructura de las administraciones locales y es una de las veinte leyes que se aprobarán "de aquí a final de año para reformar la administración pública". Soraya Sáez de Santamaría ha precisado que la ley servirá para "ganar en competitividad y mejorar la economía para crecer". El miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la reforma de la administración local que permitirá suprimir el 30% de los concejales, potenciar las diputaciones provinciales, eliminar las mancomunidades y prevé un ahorro de 3.500 millones de euros.

Tras la ministra, ha tomado la palabra Cristobal Montoro que, además de explicar que la subida del IVA se producirá el 1 de septiembre, ha puesto fecha también a la deducción por adquisición de vivienda: el 1 de enero de 2013. Además, el IVA del 4% para la adquisición de primera vivienda también tiene fecha de caducidad. A partir también del 1 de enero de 2013 pasará a ser del 10%.

El ministro de Hacienda ha retrasado la entrada en vigor del nuevo IVA respecto a algunas de las fechas manejadas, que iban desde el próximo lunes al mes de agosto. Ha recordado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el tipo general pasará del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%, en tanto que el superreducido, que grava con un 4% productos como los alimentos básicos, no se tocará para "no causar un especial perjuicio en el ámbito social".

Montoro ha asegurado que la subida está en línea con el programa sobre tributos del Gobierno y con las recomendaciones de Bruselas, que prevén "apoyar más la imposición indirecta" y bajar los gravámenes sobre el empleo. En este sentido ha resaltado que se reducirán las cotizaciones sociales que pagan los empleadores por contratar un punto en 2013 y otro punto adicional en 2014. Además ha recordado que el 1 de enero de 2013 se suprimirá la deducción fiscal por adquisición de vivienda, al igual que el tipo superreducido del 4% para la compra de nueva vivienda, que pasará al reducido, del 10%.

También se ha confirmado -como ya hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- una subida de la tributación del tabaco y algunos cambios en el impuesto de sociedades en el régimen de pago fraccionado para que especialmente las grandes empresas hagan su ingreso adelantado a Hacienda y así contribuyan a cumplir el objetivo de déficit.

Posteriormente, Luis de Guindos ha reconocido que nuevas medidas de ajuste y las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno para reducir el déficit pueden producir un efecto contractivo en la actividad a corto plazo. Sin embargo, ha asegurado que a medio y largo plazo las medidas generarán confianza. "Lo peor que le puede pasar a la economía española es que sus finanzas públicas se perciban como insostenibles", ha dicho el ministro, tras advertir de que la recesión sería "aún más profunda". A su parecer, las medidas aprobadas garantizarán a medio plazo la sostenibilidad de las cuentas y permitirán, por tanto, que la economía se financie mejor, algo "ineludible e inaplazable". La "ambiciosa" senda de reducción del déficit facilitará este objetivo que, unido al saneamiento del sistema financiero, permitirá al Gobierno poner las bases de la recuperación de la economía española.

También ha informado de la creación de un fondo para cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, que se han estimado en un máximo de 18.000 millones de euros, este mecanismo servirá para proporcionar a las comunidades financiación ante la dificultad con la que se encuentran actualmente. Según ha explicado, algunas de las comunidades, que no ha citado, podrían llegar a situaciones límites por esas dificultades de financiación.

El fondo, sin personalidad jurídica, se aprueba mediante un real-decreto ley y su adhesión por parte de las comunidades es voluntaria, pero conlleva la asunción de condiciones presupuestarias y financieras. Así, las comunidades que se sumen deberán presentar planes de ajuste y estarán obligadas a dar información puntual sobre su situación e incluso podrán ser intervenidas si incumplen los vencimientos de deuda. Además, deberán respetar el principio de la consolidación financiera para que la senda de endeudamiento sea sostenible y permite que las cuentas no se vean desbordadas.

Se va a financiar por parte del Tesoro Público y la gestión va a corresponder al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El fondo dará préstamos a las comunidades, partiendo del coste de la financiación del Tesoro, más un diferencial reducido, ha detallado De Guindos. La vigencia de este mecanismo será indefinida, hasta que dejen de persistir los problemas para obtener liquidez.

Respecto al cálculo de los 18.000 millones de máximo, De Guindos ha informado de que la estimación la han hecho los ministerios de Economía y de Hacienda y que su uso dependerá de las comunidades que se adhieran, de los vencimientos y de su déficit. Los 18.000 millones serán proporcionados por el Tesoro, que no va a modificar su calendario de emisiones, ha enfatizado Luis de Guindos. Parte de su financiación vendrá de un préstamo de Loterías del Estado, con cargo a sus ingresos de futuro por valor de 6.000 millones de euros.