Los inspectores de Hacienda avisan de que el pacto catalán creará ciudadanos «de primera y segunda»
Este colectivo tacha de «ilegal» la propuesta acordada entre Gobierno y Generalitat porque «fracciona» a la Agencia Tributaria y drena recursos al Estado y al resto de comunidades autónomas
El pacto fiscal con Cataluña obstaculiza rebajas de impuestos en el resto de comunidades
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Iniciar sesiónLa Asociación de Inspectores de Hacienda ha reaccionado rápidamente al acuerdo anunciado entre el Gobierno y la Generalitat por el que Cataluña gozará de una financiación «singular» alertando de que cuando este sistema se ponga en marcha creará «ciudadanos de primera y de segunda». Las ... diferencias de trato entre regiones provocará que la mayoría se vean perjudicadas frente a Cataluña, con un Estado que, al mismo tiempo, verá mermados sus recursos financieros.
Los inspectores, que han mostrado su crítica al sistema desde el momento en que se pactó entre ERC y PSC, consideran que si la Generalitat recauda todos los impuestos, como está previsto, «se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que, tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos».
Además, apuntan otra consecuencia: el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones. «No dispondría, por ejemplo, de fondos para financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los ERTE en época de pandemia», insisten los responsables de esta organización.
También llaman la atención sobre lo que consideran que puede ser un «fraccionamiento» de la estructura de la Agencia Tributaria estatal. Un organismo perfectamente engrasado con el paso de los años, que se dividiría en varias agencias como la catalana, para recaudar sus tributos.
«Hay que señalar que este modelo no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución», apuntan también. «No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat», insisten los inspectores.
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