El impuesto a los ricos de Sánchez obtiene 64.000 euros de media de 12.000 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio

El controvertido gravamen extraordinario sobre las grandes fortunas, ideado en el laboratorio del Ministerio de Hacienda para hacer tributar por su patrimonio a los contribuyentes más acomodados de entre los cerca de 19.000 que cada año esquivan el pago del Impuesto de Patrimonio por las bonificaciones aprobadas por los gobiernos de la comunidad en que residen, ha conseguido recuperar algo menos de la mitad de la recaudación perdida por el efecto de esas ayudas fiscales.

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Según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, la figura ha conseguido recaudar 623 millones de euros en 2023 por el patrimonio declarado en 2022. En el ejercicio de 2021 las bonificaciones existentes en la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares o Cataluña ahorraron a sus contribuyentes 1.226 millones de euros, por lo que por el mero efecto del incremento inercial de la riqueza y la extensión de esas bonificaciones a otras autonomías como Andalucía y Galicia permite concluir que se ha recuperado menos de la mitad de los ingresos perdidos.

Así se ve en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se han recaudado 555 millones -el 90% de la recaudación total del gravamen- cuando los contribuyentes madrileños se ahorraron en 2021 más de 1.200 millones de euros por el impacto de la bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto. Hay que decir también que esa bonificación se aplica con carácter general, mientras que el gravamen del Gobierno solo se aplica a los contribuyentes con más de tres millones de patrimonio que en el caso de la Comunidad de Madrid suponen alrededor de la mitad de los contribuyentes pero cerca del 90% de la recaudación.

Según la información publicada por la Agencia Tributaria correspondiente al ejercicio de 2021, solo en el tramo de contribuyentes con patrimonios declarados superiores a seis millones de euros la bonificación operativa en la Comunidad de Madrid restó 965 millones de euros de recaudación, por lo que todo apunta a que la fórmula de replicar con exactitud la redacción del Impuesto sobre el Patrimonio para captar la totalidad de esos ingresos 'perdidos' no han funcionado.

Algo habrá tenido que ver la deficiente redacción de la norma que, como ya informó ABC, ha abierto la puerta a que miles de contribuyentes puedan descontarse de la cuota del gravamen extraordinario a las grandes fortunas la cuota no pagada del Impuesto sobre el Patrimonio dentro del límite del 60% de las rentas declaradas en el año que actúa como tope del pago fiscal que se puede exigir a un contribuyente en el ordenamiento español.

Según la información proporcionada este miércoles por el Ministerio de Hacienda, la recaudación del gravamen se ha obtenido de todas las comunidades autónomas, aunque fundamentalmente de Madrid: Comunidad de Madrid, 10.302 contribuyentes y 555 millones de euros pagados; Andalucía, 865 contribuyentes y 29,7 millones de euros; Ceuta y Melilla, 342 contribuyentes y 26,2 millones; Cataluña, 322 contribuyentes y dos millones pagados; Galicia, 91 contribuyentes y 9,8 millones; y Comunidad Valenciana, 17 contribuyentes y 0,2 millones, han sido las comunidades con más contribuyentes afectados por el gravamen.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado su satisfacción por el funcionamiento del impuesto. En una nota difundida este miércoles ha destacado que, como estaba previsto, "la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas residen en comunidades que han renunciado a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio" y ha destacado que tras su efecto la suma de la recaudación de Patrimonio y el gravamen a grandes fortunas se ha ido hasta los 1.868 millones de euros, por encima de los 1.245 millones recaudados, pero significativamente por debajo de la recaudación que se obtendría si se anularan las bonificaciones al impuesto vigentes en las comunidades autónomas.

Está por ver que esa recaudación se consolide en los ingresos del Estado, ya que el gravamen en cuestión está recurrido ante el Tribunal Constitucional por las dudas respecto a su encaje en la Carta Magna y las liquidaciones que han dado lugar a los ingresos comunicados por Hacienda impugnadas de forma masiva por los contribuyentes afectados por la misma razón, aconsejados por sus asesores.