Hacienda aumenta el control sobre el pago de impuestos de la SEPI y las empresas públicas
Se reunirá dos veces al año con una veintena de las principales sociedades propiedad del Estado para detectar puntos de fricción y tratar de resolver problemas antes de que se conviertan en litigio
Replica el modelo del Foro de Grandes Empresas donde la Agencia Tributaria trata con los gigantes del Ibex y reunirá a Correos, Renfe, Adif, Aena o Loterías, entre otros
La SEPI necesita de una inyección de al menos 1.600 millones para tomar el 10% de Telefónica
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La cúpula de la Agencia Tributaria se reunirá cada seis meses con representantes de la SEPI y de una veintena de las más importantes empresas públicas estatales del país, entre las que estarán por ejemplo Correos, ADIF, Renfe o Aena, para analizar la implicación ... específica sobre el sector público empresarial del Estado de los cambios normativos que se pongan en marcha o esté previsto introducir, detectar de manera temprana posibles fricciones en la aplicación de las normas tributarias o promover cambios normativos para adaptar la legislación tributaria a la singular realidad de las empresas públicas del Estado.
Lo hará en el marco del recién creado Foro de Empresas, Instituciones y Entidades Públicas, que viene a replicar la estructura y los objetivos del ya existente Foro de Grandes Empresas, donde la Agencia Tributaria se reúne con regularidad semestral con los responsables fiscales de los mayores grupos empresariales del país, con el que Hacienda confía en «promover una mayor colaboración entre las empresas públicas y demás entidades de la administración institucional del Estado y la Agencia Tributaria, basada en los principios de transparencia y confianza mutua, a través del conocimiento y puesta en común de los problemas generales que puedan plantearse en la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero».
El foro se creó en octubre y celebró su primera reunión de trabajo el lunes de la pasada semana, con un orden del día centrado en la mejora de los canales de comunicación de las grandes empresas públicas de la Agencia Tributaria y en el impulso de la relación cooperativa.
A día de hoy las grandes empresas públicas ofrecen una información sobre su política fiscal mucho menos detallada que la que están obligadas a ofrecer las empresas cotizadas y se limitan a consignar las cifras sobre el coste de su cumplimiento tributario y las incidencias generadas en la consignación de sus obligaciones fiscales. Nada que ver con los informes de transparencia que ofrecen las empresas del Ibex o la información sobre sus estrategias fiscales que ofrecen en sus informes de buen gobierno.
Incidencias de todo tipo
El destino ha querido que la puesta en marcha del foro haya coincidido en el tiempo con la revelación, adelantada por El Confidencial, de que el gestor aeroportuario del Estado, Aena, está preparando un equipo jurídico para montar una reclamación de devoluciones fiscales contra Hacienda; y con la admisión por parte de Redeia (antigua Red Eléctrica) de un encontronazo fiscal con la Hacienda Pública por cerca de 36 millones de euros por el carácter deducible o no de los gastos en que incurrió su filial Hispasat para la fabricación del satélite Amazonas Nexus.
Estos han sido los encontronazos más recientes, pero los desencuentros entre las empresas públicas y la Agencia Tributaria han ido aumentando a medida que las sociedades propiedad del Estado sofisticaban su operativa, entraban en empresas o se proyectaban hacia el exterior.
Correos tiene una denuncia millonaria por el perímetro en el que ha aplicado la exención de IVA que rige para los servicios postales incluidos en el Servicio Postal Universal; la Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seiitsa), que se encarga de gestionar las autopistas de peaje rescatadas, mantiene en el aire la posibilidad de deducirse 1.600 millones de euros por unos activos transmitidos a Adif y Adif Alta Velocidad; y hay otros pleitos abiertos, algunos muy comunes relacionados con la imputación de determinados activos inmobiliarios o la exención o no de IVA en determinados servicios.
Hasta la fecha no ha aflorado ningún pleito de la suficiente relevancia como para atraer el foco de la opinión pública, pero el riesgo de un pleito millonario entre Hacienda y una empresa del Estado es creciente y, entre otras cosas, eso es lo que ha llevado al Ministerio a actuar, según confirman fuentes ministeriales no oficiales.