El Gobierno vuelve a regatear a Bruselas con la aplicación de peajes en autopistas y autovías
Sustancia la transposición de la directiva europea que pretende generalizar el pago por uso en las carreteras de la UE con una versión de mínimos que se limita a incorporar ajuste técnicos
El sector concesional acusa al Gobierno de esquivar el principio de 'quien contamina paga' que promueve la norma comunitaria
En tiempo récord el Gobierno ha pasado de acordar con la Comisión Europea la implantación generalizada del pago por uso en las vías españolas de alta capacidad a partir de 2024 a, en primer lugar, desvincularse de ese compromiso y, ahora, a esquivar ... la norma comunitaria que aspira a generalizar los peajes en los países europeos para trasladar al usuario los elevados costes ambientales del transporte por carretera.
La directiva, del año 2022, establece de forma obligatoria la introducción de criterios ambientales en los precios de los peajes que se cobren por circular en las vías de alta capacidad de los países de la Unión Europea y promueve también la sustitución de los sistema de viñeta -en los que se paga una tasa determinada por los días que se vaya a circular por una autopista y autovía- por los tradicionales peajes, la imposición del pago de estos a los vehículos particulares y no solo a los de transporte pesado y la generalización de su aplicación en todas las vías de alta capacidad, si bien en todos estos casos no se establece con carácter obligatorio.
El Gobierno descarta peajes en las autovías durante esta nueva legislatura
En octubre, la Comisión Europea ya aceptó la petición de España de dar marcha atrás al plan comprometido por el Gobierno en 2021
El Gobierno de España ha aprovechado este margen de maniobra que permite la directiva para plantear una transposición limitada de la norma europea y limitarse a incorporar a la normativa nacional las instrucciones para modificar el método de cálculo de los peajes al objeto de que las tarifas recojan los costes externos provocados por la contaminación, es decir, solo la parte de la directiva que es de obligado cumplimiento.
No al pago por uso
El anteproyecto de real decreto a través del cual se sustanciará la transposición a la normativa nacional de la directiva europea, ahora en consulta pública, subraya de forma expresa que «no se obliga a los estados miembros a introducir ningún sistema de tarificación por uso distinto al que dispongan, no se exige tarificar a ningún tipo de vehículo ni por el uso de ninguna carretera, y únicamente se establece el marco en el que deben insertarse las tasas de usuario y peajes ya existentes, y los que en un futuro se quieran instaurar».
Bajo esta premisa, el Gobierno ha decidido restringir el perímetro de actuación de la norma europea a las autopistas en las que ya se cobra un peaje por circular en la actualidad, que están bajo gestión de la sociedad pública Seitt, y a los vehículos que ya lo pagan, introduciendo únicamente los ajustes técnicos en las tarifas que exige la norma europea.
«La regulación del establecimiento de nuevos regímenes de peajes distintos a los mencionados y recogidos en la vigente regulación estatal en la materia no es objeto de este real decreto», aclara el borrador del real decreto que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a consulta pública.
Quejas de las concesionarias
La escasa ambición de la norma española ha despertado las críticas del sector concesional, que no solo considera que se está perdiendo una oportunidad para equiparar el modelo de financiación español de la red de carreteras al estándar europeo sino que advierte que se están incumpliendo los principios jurídicos que inspiraron la norma europea el más relevante de los cuales es el de 'quien contamina, paga'.
«El borrador del Gobierno aplica el principio de pago por uso a aquellas infraestructuras viarias en las que ya existe actualmente pago por uso», lamenta la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), una asociación que aglutina a las principales empresas concesionarias del país, en el escrito de alegaciones a la norma que ha dirigido al Ministerio, al que ha tenido acceso ABC.
La Cámara rechaza que la legislación española limite la aplicación de peajes a las autopistas gestionadas en régimen de concesión, como entienden que sugiere la norma propuesta por el Ministerio de Transportes, y recuerda que tanto la normativa nacional sobre seguridad vial como la Ley de Carreteras habilita al Estado a establecer peajes tanto en las autopistas como también en las autovías.
La asociación también entiende que cualquier paso adelante que se dé en la implantación del pago por uso en las vías de alta capacidad en España tiene que alcanzar a todos los vehículos y no solo a los vehículos pesados. «Solo vinculando el pago del usuario, de todos los usuarios, incluyendo los vehículos ligeros, a la utilización real y efectiva de la infraestructura viaria puede hacerse realidad el objetivo de lucha contra el cambio climático», asegura su escrito de alegaciones, que concluye que solo impulsando el pago por uso a través de fórmulas concesionales de colaboración público-privada podrá garantizarse tanto el uso racional de las carreteras de alta capacidad como las inversiones necesarias para su mantenimiento y modernización.
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