El Gobierno pacta con Bruselas no tener que implantar peajes en las autovías españolas

La adenda ha salido adelante con la luz verde de Bruselas pero todavía este documento deberá recibir el visto bueno del Consejo de la Unión Europea en un plazo de cuatro semanas. En este anexo al plan de recuperación, además de incluir nuevos hitos y reformas, se han modificado un total de 69 compromisos respecto al plan inicial, entre los que se incluye el del pago por uso de las carreteras.

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Los peajes venían siendo uno de los puntos más espinosos para el Gobierno de Pedro Sánchez, tras haber vuelto al debate público en los últimos meses. La medida estaba incluida para ser aprobada en la Ley de Movilidad Sostenible mediante la implementación de un sistema de pago por uso, de tipo viñeta o similar como sistema para garantizar la existencia de recursos suficientes para sufragar el costoso mantenimiento de la red de carreteras del Estado.

Ahora el Ejecutivo podrá olvidarse de este compromiso al haber sido sustituido por otro para promover el transporte de mercancías por carretera. Una medida de carácter medioambiental para reducir las emisiones, aunque en realidad los peajes el objetivo que perseguían era mejorar la financiación de la red de carreteras españolas, que arrastra un déficit de 10.000 millones de euros según la última estimación de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

«Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'», decía el componente primero del plan de recuperación. «La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte», ahondaba.

El asunto fue señalado como prioridad por las autoridades europeas en la negociación del Plan de Recuperación. En Bruselas escuece desde hace tiempo el mejorable estado de mantenimiento de las carreteras españolas, especialmente de las vías de alta capacidad, financiadas en buena medida con recursos europeos y que ahora languidecen por la falta de inversión en mantenimiento y se vio el Plan de Recuperación como una oportunidad para dar una solución a la situación.

Sin embargo, en principio Bruselas no exigirá al Gobierno ninguna medida adicional para conseguir recursos extra para la conservación de carreteras. La nueva medida pactada en su lugar va encaminada no a financiar la conservación y mantenimiento de la red viaria sino a reducir las emisiones por carretera, favoreciendo el transporte por tren. Un compromiso, este nuevo, que en teoría no acarrearía ningún coste, a falta de conocer el detalle de cómo se plasmaría esto sobre el papel.

«¡Buenas noticias!», anunciaba el Ministerio de Asuntos Económicos al filo del mediodía en un comunicado. «La Comisión Europea ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación». La decisión, anunciada minutos antes por la propia Comisión, abre a España la puerta a 10.000 millones de euros extra en transferencias a fondo perdido y otros 84.000 millones de euros en préstamos a bajo tipo de interés -es el país de la Unión que más ha solicitado de largo, pese a que al principio el Gobierno dijo no tener intención de utilizarlos-, que según la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, permitirán «reforzar los programas que ya están en marcha y culminar el ambicioso programa de inversiones de aquí a 2026».

El precio en forma de reformas estructurales o de menor calado que la Comisión ha solicitado al Gobierno de España a cambio de este fenomenal caudal de nueva financiación europea se conocerá en detalle cuando el Consejo Europeo dé el visto bueno al acuerdo publicitado este lunes entre Gobierno y Comisión. De momento, lo que se sabe es que el plan español de recuperación pasa de recoger 110 inversiones a recoger 142 y que las 102 reformas previstas en principio se ha convertido ahora en 111.

El Gobierno de España ha asumido errores en la formulación de 63 medidas de las que contenía el plan inicial, que han impedido su adecuado desarrollo, y ha conseguido el visto bueno de la Comisión para modificar hasta 69 hitos y objetivos, lo que supone una cuarta parte del plan inicial.

Sustanciadas ya la reforma laboral y de pensiones, aunque esta última a la espera de la última evaluación de Bruselas, lo que le queda a España por delante es principalmente la reforma fiscal, que debe acentuar la inclinación verde del sistema fiscal con la reforma del impuesto de circulación y matriculaciones y la equiparación entre la imposición a la gasolina y el diésel y mejorar su capacidad de obtener recursos mediante la supresión total o parcial de un puñado de incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Sociedades que deben conseguir mejorar la recaudación en unos 5.000 millones de euros.