El Estado vuelve a pisar el acelerador del gasto y empuja la deuda pública a un máximo histórico de 1,52 billones de euros

La aceleración del endeudamiento del Estado en febrero llevó a la deuda pública a superar el récord que había marcado el pasado mes de noviembre en un contexto marcado por el desaforado apetito mostrado por los inversores particulares por las letras del Tesoro y por la mejora de las rentabilidades que ofrecen los títulos de deuda pública por la subida de los tipos de interés. La información proporcionada por el Banco de España muestra, sin embargo, que la mayoría de los nuevos títulos de deuda en el balance de las administraciones públicas son a largo plazo y no a periodos cortos, segmento en el que incluso bajó el volumen de valores en el mercado respecto al pasado mes de enero.

Lo que muestra la foto del Banco de España es que el Estado está llevando su endeudamiento a plazos de vencimiento largos y está tirando menos de los instrumentos que le proporcionan liquidez a corto plazo, como las letras del Tesoro. El contexto lo favorece tanto por la financiación que se está recibiendo de la Unión Europeo a través del Mecanismo de Recuperación como por el torrente de ingresos tributarios que han entrado en la caja del Estado en los últimos dos años.

El endeudamiento público no ha dejado de crecer en volumen durante el último lustro. Según la información proporcionada por el Banco de España, la deuda pública cerró 2018 en 1,208 billones de euros; 2019, en 1,223 billones; 2020, el año de la pandemia, en 1,345 billones; 2021, en 1,427 billones; y el año pasado en 1,502 billones. Durante la era Sánchez, las deudas del sector público se han incrementado en más de 300.000 millones de euros, un 24,8% nada menos. Con todo, el año pasado la ratio de deuda pública sobre el PIB experimentó una reducción histórica de cerca de cinco puntos hasta el 113,2%, principalmente por el fenomenal crecimiento del PIB nominal a lomos de la inflación.

La cuenta de las deudas que unas administraciones públicas mantienen con otras, principalmente por las que las comunidades autónomas mantienen con el Estado, se ha estabilizado en el entorno de los 320.000 millones de euros.