España afina su ingenio innovador, pero no hace negocio

A pesar del récord de 2.192 peticiones ante la Oficina Europea de Patentes en 2024, lo que supone un repunte del 3% interanual y del 44% desde 2015, nuestro país, que es la cuarta potencia económica de la eurozona, desciende hasta el decimoprimer puesto en la clasificación del Viejo Continente por volumen de presentaciones, bastante lejos de las 25.033 de Alemania o las 10.980 de Francia e incluso situándose por detrás de territorios más pequeños como Países Bajos (7.054), Suiza (9.966) o Suecia (4.936). Un tejido productivo menos ligado a sectores intensivos en I+D y con una alta presencia de pymes (el 99,79% del total de compañías), con menos recursos para generar tecnología propia y, en muchos casos, sin una cultura de innovación plenamente interiorizada, son algunas causas del desfase.

Pero lo peor es la exigua proporción de patentes que se convierten en negocio. La consultora ClarkeModet ahonda en el estudio 'Análisis de la aplicación práctica de las patentes en España' del Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial (CEPI), que concluye que menos de un tercio (31,5%) se explotan con éxito. «El porcentaje se reduce considerablemente en muchos casos como en el de las patentes producidas en universidades (7,7%) y en la mayoría de sectores de actividad. En algunos de ellos, como el educativo, llama la atención que las patentes explotadas con éxito apenas rocen el 7% (6,9%)», desliza María Garaña, CEO Global de la firma.

Ahora bien, ¿cuántas de esas patentes se están aprovechando de manera que provoquen un impacto económico realmente significativo para su titular? «Todo apunta a que, desde ese punto de vista, la cifra va a la baja. Y esto es algo que cambiaría radicalmente aplicando estrategias de propiedad intelectual que no traten la patente sólo como un registro o trámite», zanja.

Entre los obstáculos para el salto del laboratorio al mercado se incluyen la complejidad para encontrar socios industriales o empresas interesadas (43,9%, según datos del mencionado informe), seguida de las dificultades en la comercialización (40,1%). «Esto último sucede especialmente en tecnologías que requieren inversiones altas o validación adicional», detalla Garaña. Por ejemplo, muchas patentes en biotecnología, energía o materiales avanzados necesitan ensayos, certificaciones o prototipos antes de poder ofrecerse al mercado. «Esa fase intermedia es donde más proyectos se paran por falta de recursos, infraestructuras o socios dispuestos a asumir el riesgo», completa.

Por último, influye la ausencia de un enfoque comercial claro por parte del inventor cuando desarrolla la patente (33%), algo común cuando la invención no encaja bien en un modelo de negocio o no se ha trabajado una propuesta de valor sólida, con visión y estrategia. Piedras en el camino que condenan a España a perder oportunidades.

Para que el país se rearme y dé la vuelta a la situación, la experta cree que debería avanzar en tres frentes. El primero es «reforzar la conexión entre quienes generan tecnología y quienes pueden llevarla al mercado, impulsando estrategias de propiedad intelectual desde fases tempranas para identificar antes las oportunidades reales de negocio». A veces ocurre que los inventores piensan en la propiedad intelectual cuando ya hay cuestiones de apropiación y están desprotegidos, lamenta. La segunda área sobre la que urge trabajar gira en torno al apoyo a la maduración tecnológica. «Muchas patentes necesitan prototipos, validaciones o certificaciones antes de ser atractivas para una empresa, y ahí es donde más proyectos se frenan», dice. Por este motivo, defiende que mecanismos de financiación específicos para estas etapas y mayor conocimiento sobre los que existen marcarían la diferencia.

En tercer lugar, incide en la conveniencia de facilitar que las tecnologías con potencial puedan escalar, «con mejores incentivos a la innovación, acceso a financiación especializada y una protección internacional más ágil». Se trata, en definitiva, de fomentar un entorno en el que más patentes lleguen a aportar un valor económico real.

Para Luis Ignacio Vicente del Olmo, consejero estratégico de PONS IP, el gran reto de España pasa por sofisticar los procesos de transferencia para que las ideas se materialicen en nuevos productos y en un incremento sostenido de la productividad. Entiende que en la I+D, que transforma dinero en conocimiento, la administración se ha puesto las pilas gracias al impulso de los fondos Next Generation, por lo que el tiro debería orientarse ahora hacia la innovación, que hace justo lo contrario, transformar el conocimiento en dinero. Ese es el verdadero cuello de botella y donde España está siendo ineficiente, al ser incapaz de exprimir al máximo la inversión en ciencia para que retorne a la sociedad en forma de riqueza y empleo de alto valor.

La urgencia de impulsar la transferencia choca de bruces con un adversario inesperado: la propia administración, sobre la que urge una vuelta de tuerca para lograr que la comercialización de la investigación resulte más sencilla. «El derecho administrativo en ocasiones es una lacra para la transferencia de tecnología porque está más preparado para controlar el abuso que para fomentar el uso», resume Vicente del Olmo. Echa en falta también una mayor financiación privada para las etapas iniciales del emprendimiento, así como que empresas medianas o grandes recojan las invenciones y ayuden a llevarlas al mercado.

No olvida otra asignatura pendiente: el investigador está sujeto a un sistema de incentivos que lo aleja de la aplicación práctica, ya que las publicaciones científicas son la vía para ganar reconocimiento y escalar profesionalmente, cuando en realidad lo importante sería «pensar en la transferencia como una prioridad y preparar la investigación, desde el comienzo, para que consiga una mejora en el PIB español». Además, pide que la propiedad industrial deje de ser una nota a pie de página para ascender a la primera línea de las políticas públicas, de modo que la existencia de una estrategia de propiedad industrial bien definida y alineada con el proyecto sea un requisito para conceder cualquier tipo de apoyo financiero estatal a una empresa. Así se garantizaría que los fondos inyectados no solo sirvan para modernizar el tejido productivo, sino también para blindar la soberanía tecnológica y el valor añadido de la inversión pública.

Otro de los puntos débiles que lastran a España radica en la composición de su tejido empresarial, al carecer de grandes compañías tecnológicas que ejerzan como tractoras. El consejero delegado de PONS IP recuerda que, por ejemplo, Suecia tiene al gigante Ericsson, que solo en 2024 presentó 1.470 solicitudes de patentes ante la oficina europea, mientras que Países Bajos cuenta con Philips, que registró 1.231 peticiones. En España, el mayor solicitante fue el CSIC, con un total de 68 patentes, por delante de Amadeus (43), Tecnalia Research & Innovation (24) y Autotech Engineering (21).

Como nota positiva, el experto defiende que nuestro país todavía tiene asideros a los que aferrarse para mantener la esperanza, sobre todo en campos tan punteros como el de la tecnología cuántica. El año pasado, sin ir más lejos, la startup donostiarra Multiverse Computing entró en el top-10 de solicitantes, con 17 peticiones de patente. Junto con esta empresa, habla de otros actores españoles con potencial para entrar en el selecto club de los unicornio, como Quilimanjaro, Quside, LuxQuanta o Qcentroid, una circunstancia a la que se suma un talento nacional muy valioso y centros tecnológicos de primer nivel. «La clave está en utilizar la gestión de la propiedad industrial para dinamizar el ecosistema y alcanzar un posicionamiento que nos permita ser relevantes», concluye.

Por sectores, el farmacéutico lideró el podio español en 2024, con 221 solicitudes, seguido por la tecnología médica y la biotecnología, con 163 solicitudes cada una. Además, el transporte, que comprende las invenciones relacionadas con la automoción, registró el mayor crecimiento interanual de solicitudes españolas, con un aumento del 30,7% respecto al año anterior, alcanzando un total de 149 solicitudes de patentes europeas.

A preguntas de este diario, desde la Oficina Europea de Patentes (OEP) explican que es difícil conocer cuántas patentes expiran sin ser comercializadas, ya que su función como autoridad de examen y concesión termina una vez que la patente ha sido concedida (o denegada). «Lo que sí sabemos es que los principales obstáculos incluyen la falta de financiación para startups, largos ciclos de desarrollo, barreras regulatorias y la complejidad y el coste de proteger patentes en varios países», indica Roberta Romano-Götsch, portavoz de la OEP, que incide en que, tal y como recoge el informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea, muchas empresas innovadoras se enfrentan a escollos financieros para crecer dentro de Europa, lo que impide que la innovación se traduzca en startups y negocios escalables, al tiempo que empuja a algunos emprendedores a expandirse en el extranjero.

Romano-Götsch cuenta que para ayudar a superar estos desafíos, la OEP ofrece diversas herramientas a los usuarios del sistema de patentes, como el Deep Tech Finder, que conecta a innovadores con posibles inversores, o la Patente Unitaria, que simplifica mucho el mecanismo de protección en la UE y reduce los costes de gestión. «Además, para las pymes, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros públicos de investigación con sede en la Unión Europea, un nuevo régimen de compensación cubre ahora los costes relacionados con la traducción de la solicitud de patente si se presentó en un idioma oficial de la UE distinto del inglés, francés o alemán», añade.

La portavoz de la OEP señala que el organismo dispone, además, de varios programas de apoyo para pequeñas empresas y microentidades que tienen la finalidad de facilitar su acceso al sistema europeo de patentes. «Desde el 1 de abril de 2024 –concreta–, la OEP aplica un régimen de reducción de tasas que ofrece un descuento del 30% para las microentidades (microempresas, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y organismos públicos de investigación), que pueden beneficiarse de esta reducción en todas las principales tasas del procedimiento de concesión de patentes, siempre que hayan presentado menos de cinco solicitudes en los últimos cinco años».

Iniciativas, todas ellas, encaminadas a facilitar que los inventores conviertan sus ideas en negocios exitosos, una tarea nada sencilla pero imprescindible para apuntalar el crecimiento de la economía española.