Las dudas sobre la jubilación anticipada inquietan a miles de empleados con puestos de riesgo

Ese reglamento es el último paso antes de que se ponga el marcha el nuevo sistema de jubilaciones anticipadas para los trabajadores con puestos de riesgo que el departamento dirigido por la ministra Elma Saiz está tratando de ultimar. Desde Seguridad Social anticipan que su intención es que «esté en funcionamiento en unas semanas». Ese texto ya estuvo en audiencia pública y ahora sigue el proceso de tramitación y debe pasar aún por el Consejo de Estado.

De hecho, ha recibido muchas aportaciones desde distintos ámbitos y organizaciones ya que «es un procedimiento garantista, y por tanto especialmente complejo». Se culminará con los informes de la propia Seguridad Social, así como los del Ministerio de Trabajo. Al habilitar la posibilidad de retirarse antes del mercado laboral, la pensión inicial se verá mermada. Por eso, la norma que prepara el Ejecutivo incluirá los nuevos coeficientes reductores para que los trabajadores de actividades «especialmente duras y penosas» puedan saber cuánto les costará anticipar su retiro con respecto al ordinario.

Dentro de esa medida, acordada el pasado verano entre el Gobierno, los sindicatos CC.OO. y UGT, así como las patronales CEOE y Cepyme, son muchos los flecos que quedan pendientes. Y es precisamente esa letra pequeña la que inquieta a los colectivos inicialmente beneficiados por la medida.

De partida, el nuevo mecanismo estará dirigido «a situaciones muy concretas», anticipan en Seguridad Social. «Y siempre y cuando no sea posible modificar las condiciones de trabajo en esas ocupaciones» que son consideradas especialmente duras para los trabajadores. Es decir, que no se hará tabla rasa con todos los grupos de trabajadores potencialmente incluidos en esta novedad sobre la jubilación. Habrá que ver caso por caso, dependiendo del comité que se encargará de definir el riesgo de las distintas profesiones. Hay algunos trabajadores que dan por seguro al 100% que se podrán acoger a la jubilación anticipada a los 52 años, cuando en realidad es una cuestión que se tratará de definir de cara al futuro. «Y podrá generar bastante frustración», admiten fuentes expertas en la materia.

La norma prevé la creación de la Comisión de Evaluación, que está compuesta por los Ministerios de Inclusión, de Trabajo, de Función Pública y de Hacienda, así como por patronal y sindicatos. Este órgano evaluará los informes que emitirán distintos departamentos una vez reciban las solicitudes para rebajar la edad de jubilación de los diferentes colectivos que cumplan los requisitos. Además, se habilita la rebaja de la edad de jubilación para ocupaciones o actividades cuyos trabajos sean de «naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad». Para esos índices se tomarán en cuenta todas las bajas laborales, no solo la de carácter profesional.

El propio Gobierno ha previsto desde un primer momento un incremento notable de peticiones de jubilación anticipada en el momento en el que entre en vigor este texto. Pero desde el diálogo social insisten en que los coeficientes no aplicarán a sectores al completo, sino que beneficiarán más o menos a los empleados en función de la labor que desarrollen y de las características específicas de cada ocupación. Y que solo se pondrán en marcha si no son posibles medidas de adaptación del puesto de trabajo.

La Seguridad Social ya aplicaba la jubilación anticipada mejorada a una lista de actividades en riesgo por sus condiciones del trabajo: empleados del Estatuto Minero, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, así como policías locales y algunos autonómicos.

La nueva regulación, cuya resolución de casos llegará en varios meses, se aplicará a todas aquellas actividades que no tenían reconocida la jubilación anticipada establecerá los criterios técnicos necesarios para que profesiones de riesgo puedan adelantar el retiro. Y determinará las circunstancias objetivas que permitan fijar coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, como puedan ser la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica, además de las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos vinculados a determinados tipos de actividad.