Los contratos a dedo a empresas públicas se disparan un 142% desde 2021 y el 65% se reparten entre 10

Fernández Alén asegura que las administraciones están haciendo encargos a medios propios «obviando» muchos procedimientos y controles. Desde 2021 a 2023, los contratos a dedo del Estado, comunidades y ayuntamientos a empresas de titularidad pública se ha disparado un 142%, desde los 1.628 millones de euros de 2021 a los 4.000 millones de euros en 2023, datos que proceden de OIReScon, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación dependiente del Ministerio de Hacienda. La cifra podría ser mayor en 2024, teniendo en cuenta además los encargos a Tragsa que se han realizado tras el desastre de la DANA en Valencia y Castilla-La Mancha, los cuales sí están justificados a ojos del presidente de CNC.

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El líder de los constructores denuncia que, si se mide por número de encargos, estos han crecido un 95% en el periodo 2021-2023 pasando de los 1.088 de hace cuatro años a los 3.689 de hace dos. Por orden, son las comunidades autónomas (45%), el Estado (36%) y los entes locales(18%) los que más acuden a empresas públicas para resolver los contratos. Navarra, Andalucía y Madrid concentran un 45% de los encargos de las comunidades autónomas.

Según la CNC, el 65% de los encargos se concentraron en solo diez entidades públicas. Solo Tragsa e Ineco acumularon el 38%. «Si se copa la mayoría en 10 empresas, se deteriora el tejido empresarial y de las pymes. Son entidades que se supone que son de la Administración, pero que jugando en el sector privado están obteniendo una posición dominante», ha resumido Fernández Alén, que también apunta a que sociedades como Tragsa (25.000 trabajadores) incluso agravan el problema de la mano de obra en la construcción. «Los trabajadores prefieren estar bajo su protección que en el sector privado».

Para el líder de CNC, «la contratación pública está enferma», teniendo en cuenta la pérdida de atractivo que presentan las licitaciones. En 2023 la media de empresas que acudían a un concurso público fue de 2,99 cuando en 2019 era de 4,1. Por su parte, el número de licitaciones en el que concurre un único licitador (resultado donde la UE pone la lupa porque puede ser causa de fraude) en 2023 fueron el 44,4% de todos los contratos públicos adjudicados.

La CNC también tira de Europa para contextualizar el problema y apunta a un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que señala que el volumen de contrataciones a dedo es más elevado en España que en el resto de la UE, teniendo en cuenta que en 2021 el 18,2% de las contrataciones públicas en nuestro país fue del 18,2% sobre el total, respecto al 15% de media de la UE y el 12% de Francia. La patronal integrada en la CEOE denunció la situación en Bruselas el año pasado y hoy Fernández Alén ha asegurado que pedirán ayuda a la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y al comisario responsable de contratación pública, «para que se regule cuando sí y cuando no se puede encargar a un medio propio».

A nivel nacional, la construcción también dice contar con la visión del Tribunal de Cuentas de España, que ya alertó de que las sociedades públicas están asumiendo un número creciente de encargos que van más allá de su objeto social y que no tienen justificación. «Por su parte, la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas reclama a estas sociedades implantar un procedimiento específico de control que garantice la aplicación de su instrucción interna en materia de subcontratación para evitar que los medios propios se conviertan en un mero intermediario para ahorrar controles o plazos». Y pide tanto mejorar el control interno de esta clase de empresas públicas como que los encargos estén acompañados de una memoria que justifique los motivos por los que se ejecutan.

También en España, la CNMC apuntó recientemente que el fracaso de una licitación no debería ser motivo para acudir directamente a la figura del encargo y se debería explorar alternativas a favor de la competencia, como el planteamiento de nuevas licitaciones con modificaciones en su procedimiento y precio, pues en muchas ocasiones se hace el encargo incrementando sensiblemente su importe o flexibilizando notablemente las condiciones del pliego.

Para CNC estos encargos deben abundar obligatoriamente en la necesidad de motivar muy bien su utilización. «La Administración debe de asegurarse, antes de formalizar el encargo, de dejar constancia de que las actuaciones se enmarcan dentro del objeto social del medio propio y que éste tiene medios humanos y materiales para ejecutarlo», ha defendido Fernández Alén. Finalmente, la patronal lamenta que los procedimientos de contratación pública en España resulten tan lentos y poco eficientes, lo que a su juicio debería de ser objeto de una reforma del sistema.