Bruselas quiere eliminar este mes el tope a los beneficios de las eléctricas que España mantendrá hasta finales de año

Una de las medidas es el 'cap' a las inframarginales, es decir, el tope que se fijó al precio de la electricidad generado por las nucleares, hidráulicas y las primeras renovables. Ese tope máximo que aprobó la Comisión Europea a mediados de diciembre pasado es de 180 euros el MWh.

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España se adelantó al resto de los países y en septiembre de 2021 fijó un tope de 67 euros el MWh para eliminar los denominados por los partidos de la izquierda 'beneficios caídos del cielo' porque entienden que esas centrales ya están amortizadas y se aprovechaban de los altos precios de la electricidad para disparar sus ingresos. Esta medida estará en vigor en nuestro país hasta, al menos, el 31 de diciembre de este año.

Las eléctricas, por su parte, siempre han negado esos beneficios extraordinarios porque, entre otros motivos, tienen vendida gran parte de su electricidad a largo plazo a precios más bajos de ese tope.

El informe de la Comisión Europea indica que la implementación del tope de ingresos inframarginales varió mucho entre los países de la UE, tanto en términos del nivel del tope como del alcance del tiempo. El informe señala que la mayor estabilidad en los mercados de gas y electricidad significa que los precios han caído constantemente por debajo del nivel máximo de ingresos. 

Además, el informe de la Comisión Europea va más allá y apunta que las diferentes formas en que los estados miembros han aplicado el tope de ingresos «crearon una incertidumbre regulatoria significativa que, a su vez, plantea riesgos para el desarrollo de nuevos inversiones, particularmente en fuentes renovables, necesarias para alcanzar los objetivos de la UE«.

En particular, las dificultades notificadas en algunos estados miembros relacionadas con la celebración de contratos a largo plazo, incluidos los PPA (contratos a largo plazo), como resultado de la aplicación del límite de ingresos «podrían crear una capa adicional de incertidumbre de los inversores y dificultar el atractivo y la participación de las partes interesadas».

Asimismo, los riesgos antes mencionados pueden, en última instancia, «socavar el establecimiento de un entorno de inversión atractivo para la generación renovable y baja en carbono objeto de la propuesta de diseño del mercado eléctrico y, en definitiva, de la transición energética«.

La supresión del límite de los 67 euros el MWh ha sido solicitada por las eléctricas porque «una posible prórroga de la medida obstaculizaría uno de los objetivos establecidos en la propuesta de diseño del mercado de la CE: incentivar los PPAs y garantizar un mercado lo más líquido posible».

Recientemente, las patronales Eurelectric, Europex, la Federación Europea de Comerciantes de Energía (EFET), SolarPower Europe y WindEurope han unido sus fuerzas y han reclamado a los estados que retiren las medidas antes del 30 de junio.