Bruselas no se cree a Escrivá: su reforma de pensiones forzará un ajuste de 12.000 millones

El escenario que esbozan los técnicos de la Comisión Europea desbarata las líneas generales de proyección sobre el presupuesto de la Seguridad Social asociadas a las medidas introducidas por el Gobierno en la segunda remesa de medidas aprobada en marzo del pasado año. Ese decreto se sustanció en una suerte de refuerzo de ingresos para el sistema por la vía del incremento de cotizaciones (endurecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional, destope de las bases máximas de cotización e introducción de una cuota adicional de solidaridad). Mientras que dejaba en el campo de la indeterminación posibles ahorros o reducciones de gasto, más vinculadas a la toma de decisiones de alargamiento de la vida laboral o retraso de las decisiones de retiro anticipado.

Tras las lecturas discrepantes sobre la senda presupuestaria proyectada por el entonces ministro del ramo José Luis Escrivá por parte de Airef y Banco de España, ahora la Comisión Europea también da cuenta de importantes desviaciones en los principales componentes que determinarán el gasto en esta partida mastodóntica que ya consume cerca de 200.000 millones de euros anuales del erario público. En tanto, el estudio conocido reduce de forma sustancial los supuestos demográficos que en el informe sobre 'Proyecciones del Gasto Público en Pensiones' brindan a España un escenario base sustancialmente más optimista que el trazado por los organismos que han ahondado en la revisión de estas proyecciones.

Concretamente, en contra de las estimaciones de la Seguridad Social, el Ageing Report 2024 publicado este viernes ya establece una primera desviación sobre el gasto previsto por el Gobierno en 2030 cuando el coste agregado de las prestaciones -incluyendo a las Clases Pasivas del Estado- se situaría en el 14,3% del PIB, medio punto por encima de la senda comunicada por los responsables de Seguridad Social (equivalente a un exceso de gasto este primer lustro de 7.000 millones de euros).

Sin embargo, esta brecha crece con el paso de los años en contra de la estimación del Gobierno, llegando a suponer 1,7 puntos porcentuales a mitad de siglo, cuando Bruselas sitúa en el 17,3% del PIB, momento en el que además llegaría el pico de desembolso previsto. Para 2070 -momento final del ejercicio de proyección realizado por la Comisión-, aunque se observa una reducción del desembolso hasta el 16,7% del PIB, la brecha respecto a las estimaciones de Moncloa llega a su máximo de todo el periodo, siendo hasta 3,8 puntos porcentuales del PIB mayores que ahora -equivalente a 57.000 millones-. De media, el coste hasta 2050 se situaría en el 15,1% del PIB.

En contraste, los ingresos aportados por empresas y trabajadores para este menester estará lejos de cubrir las obligaciones de gasto de la Seguridad Social. Aunque la Comisión sí coincide con el Ejecutivo en que las medidas de ingresos introducidas, principalmente en la segunda pata de la reforma, proveerían al sistema de ingresos medios anuales equivalentes a 1,7 puntos del PIB hasta 2050 -se modera al 1,1% de media para el periodo hasta 2070-, la evolución del mercado laboral sumada a la acción del Gobierno dejará un escenario deficitario con el que sí que no cuentan las previsiones domésticas.

El escenario general de ingresos, incluyendo las medidas del Gobierno y la evolución del empleo rebaja de media el incremento medio anual de recaudación de la Seguridad Social de 0,8 puntos porcentuales del PIB hasta 2070, lo que sitúa el déficit medio contributivo del sistema en el 2,6% del PIB, es decir, una media de 39.000 millones de euros anuales. Este desvío en los gastos aboca a un ajuste de casi 12.000 millones de euros, según las estimaciones a colación realizadas por parte de la Airef y del Banco de España, en virtud a la última modificación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que introdujo la cláusula de salvaguarda para equilibrar el sistema en caso de desvío entre la estimación de ingresos y gastos.

Cabe recordar que esta cláusula de salvaguarda operará en tres supuestos concretos y obligará al Gobierno de turno a consensuar medidas en la dirección de reducir el gasto en prestaciones o elevar la recaudación con nuevas subidas de cotizaciones que se arbitrarían a través el mecanismo de equidad, que llegará a suponer el 1,2% de la nómina bruta de los trabajadores en 2030.

Proyección del

gasto en pensiones

En porcentaje sobre el PIB

Gobierno de España

Comisión Europea

13,1

2022

13,1

13,8

2030

14,3

15,4

2040

16,2

15,6

2050

17,3

14,2

2060

16,9

12,9

2070

16,7

Fuente: Seguridad Social y Comisión Europea

(Ageing Report) /ABC

Proyección del gasto en pensiones

En porcentaje sobre el PIB

Gobierno de España

Comisión Europea

17,3

16,9

16,7

16,2

15,6

15,4

14,2

14,3

13,8

13,1

13,1

12,9

2070

2030

2022

2040

2050

2060

Fuente: Seguridad Social y Comisión Europea (Ageing Report) /ABC

En este caso concreto, aplicaría el supuesto en el que el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7 por ciento del PIB, por lo que la AIReF comprobaría que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15 por ciento del PIB. Punto que según Bruselas rebasa en dos décimas esta proyección. Para este escenario, la Autoridad Fiscal ya advertía de que sería necesario introducir un ajuste, por la vía del gasto o de refuerzo de ingresos equivalente al 0,8% del PIB, equivalente a 12.000 millones en base al PIB actual.

Según está reglamentado, en el plazo de un mes desde la recepción del 'Informe de Evaluación' de la AIReF, el Gobierno solicitará a la AIReF un 'Informe de Impacto de las Medidas'. En su solicitud, el Gobierno identificará un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones estimado por la AIReF a partir del 'Informe de Impacto de las Medidas' de la AIRef, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas.

En caso de que el Gobierno, como resultado de estas negociaciones, quisiera modificar o adoptar otras medidas relativas al sistema de pensiones distintas de las originalmente evaluadas por la AIReF, el Gobierno solicitará a la AIReF una ampliación del informe de medidas. Este informe de medidas ampliado será enviado al Gobierno, a los agentes sociales y al Pacto de Toledo. «Como resultado, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente», apuntala el texto legal.

Tal y como señalan al respecto fuentes del Ministerio de Seguridad Social, el escenario plasmado en este Ageing Report «es sólo una parte de la fotografía para analizar el sistema público de pensiones». «Entramos en la fase en la que se deben evaluar también las proyecciones de ingresos generados por las medidas», señalan recordando que es la Autoridad Fiscal la que completará la imagen con sus conclusiones a este respecto en 2025.

En este punto, el Gobierno se conmina a una mejora de la economía y de la creación de empleo que eleven los ingresos anuales vinculados a la reforma por encima de ese 1,7% del PIB fijado para la cláusula de salvaguarda, lo que daría algo más de margen al volumen de ingresos, pudiendo rebasar en tal caso el límite del 15%. «La economía española y el mercado laboral están mostrando un gran dinamismo», señalan subrayando el mensaje de «tranquilidad» hasta conocerse el resultado completo de la evaluación.

Después de haber contemporizado durante toda la legislatura con la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, la realidad empieza a aparecer en el horizonte también para la Comisión Europea, cuyo responsable de Economía, el socialista italiano Paolo Gentiloni, ha avalado hasta ahora carros y carretas, siempre que vinieran de parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Informe sobre el Envejecimiento de 2024 afirma claramente que España es el país que registra un mayor deterioro en las proyecciones de gasto en pensiones si se compara con las que se hicieron en el anterior estudio de 2021, cuando aún estaba vigente la reforma que hizo el anterior gobierno del popular Mariano Rajoy. Según este informe, con la aplicación del criterio que ha impuesto la coalición de Gobierno, España es «el principal ejemplo» de un aumento brusco del gasto en pensiones que llegará a incrementarse 3,6 puntos porcentuales del PIB durante el periodo de proyección (hasta 2070), debido a la abolición del factor de sostenibilidad y el retorno a la indexación total al IPC».

El informe europeo dice que la subida del gasto sería aún mayor si no se hubiera compensado con un aumento de la edad de jubilación, pero esta medida no llega en absoluto a absorber el espectacular aumento del gasto total.

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Por si hubiera dudas, el informe afirma taxativamente que «las principales fuerzas impulsoras de esta presión al alza sobre el gasto público en pensiones son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la abolición del factor de sostenibilidad. El nuevo sistema de bonificación/penalización y el consiguiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensa parcialmente esta subida. El resto de medidas adoptadas incrementan el gasto en pensiones públicas».

No es la primera vez que el Gobierno escucha opiniones como esta sobre las consecuencias de su política económica en este campo. La novedad en este caso es que vienen de la propia Comisión Europea que ha aceptado entregar al Gobierno los fondos de recuperación a cambio de reformas como la que ahora se señala como responsable de futuros desequilibrios financieros para el Estado. Aunque los funcionarios al servicio de Gentiloni no han llegado nunca a elogiar expresamente la reforma de las pensiones, la han aceptado como parte de los compromisos de reformas e inversiones que se requerían para acceder a los fondos de recuperación, de los que España ha sido el mayor beneficiario solo después de Italia.