La que se avecina...

Poco queda ya para llegar al primer aniversario del estallido de la pandemia en Europa y lo que en un primer momento se interpretó como un golpe fuerte a la economía pero muy restringido en el tiempo, se ha ido alargando y medidas que se tomaron con carácter excepcional para un periodo muy corto se han ido extendiendo a lo largo de meses . La pregunta es si esas medidas que sin duda eran buenas para dos, tres... seis meses, siguen siendo válidas cuando los problemas se alargan. Es el caso de los ERTE, cuya prórroga, ahora ya al menos hasta mayo, siguen negociando empresarios, sindicatos y Gobierno. En el mundo económico nadie duda de que este instrumento para regular temporalmente el empleo es un salvavidas para empresas y trabajadores cuando una compañía pasa por apuros temporales. La cuestión ahora es en qué compañías esos apuros se pueden convertir en estructurales y los ERTE, en lugar de una solución, pueden ser una forma de alargar la agonía.

Para que esta figura de flexibilidad laboral siga siendo útil para mantener los puestos de trabajo, se debe hacer un buen análisis de qué empresas tienen posibilidades de sobrevivir y volver a un nivel de actividad similar al que tenían antes de la pandemia y, por tanto, podrán seguir dando trabajo a todos sus empleados; cuáles sobrevivirán pero solo con ajustes de costes, incluidos de empleados, y cuáles se verán abocadas al cierre. Es cierto que no es fácil hacer ese diagnóstico en este momento, pero es la única manera de garantizar que no se malgastan recursos públicos manteniendo empleo de forma artificial y, lo que es peor, que no se obliga a compañías a mantener puestos de trabajo impidiéndoles hacer los ajustes necesarios para sobrevivir. Está claro que, por mucho que duela, algunos ERTE se convertirán inevitablemente en ERE y la obligatoriedad de no despedir para beneficiarse de las ayudas públicas debe incluir excepciones para evitar aún más quiebras. Eso sí, las empresas deben ser lo suficientemente responsables para no abusar de estos instrumentos creados para quien realmente lo necesita, y la Administración debe poner en marcha todos los mecanismos y sanciones que estén en su mano para evitar los posibles abusos.

Otro de los lastres de la pandemia con el que cargaremos este año y los venideros es la pesada losa de la deuda . Para hacer frente al pago de los ERTE, a los rescates de empresas, al incremento de los gastos sanitarios y a la caída de recaudación por la merma de la actividad necesitaremos aumentar la emisión de deuda pública. Según anunció el pasado viernes el Tesoro, este año emitirá casi 290.000 millones de euros, 12.000 millones más que en 2020 . Se marcará así un nuevo récord de emisión de deuda, con cifras no solo superiores a las de 2020 sino muy por encima de las emisiones de la burbuja financiera, cuando las emisiones no llegaron a superar los 250.000 millones de euros. De estos casi 300.000 millones, 190.000 millones de euros serán para hacer frente a vencimientos de la deuda y otros 100.000 millones adicionales de deuda irán a financiar todo el déficit público del Estado y de la Seguridad Social. La laxa política monetaria del BCE evitará que, de momento, se engrose en exceso la carga de intereses de la deuda que paga el Estado, pero está claro que es una bomba de relojería que hay que desactivar antes de que vuelva una nueva era de tipos más altos.

El nuevo año se estrena, además, con algunas subidas de impuestos, como el de las primas de seguros, o los recortes a las deducciones por planes de pensiones que, como el tiempo demostrará, no se adecuan a lo que la situación económica requiere.