Sistema de pensiones: reforma profunda o un futuro lleno de estrecheces

Pero por si el problema demográfico fuera poco, se le une también que se está produciendo una fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad de los salarios, que se han estancado e incluso disminuido en las últimas décadas, factor que no se compensa por la mejora de la tasa de ocupación que se ha producido con la recuperación económica en España en los últimos años.

La última evidencia que hemos tenido de las dificultades por las que atraviesa el sistema es de hace solo unos días. Para hacer frente a la mensualidad de este mes de julio y a la correspondiente paga extraordinaria, el Gobierno ha tenido que retirar dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones, la conocida popularmente como hucha de las pensiones, por un montante de 3.500 millones de euros y, para no agotarla ha recurrido a un préstamo del Tesoro de 5.986 millones de euros. La previsión es que la hucha de las pensiones se agotará a finales de este año, de forma que su déficit pasará a financiarse con deuda pública. Otra constatación de que este sistema de pensiones, con modelo de reparto, va a tener una gran crisis de ingresos a medida que estos bajan y los gastos suben.

Y, mientras tanto, los trabajos del Pacto de Toledo, en el que se reúnen todos los partidos políticos, continúa sin resultados sustanciales aparentes. Parece que no tienen prisa, todo lo contrario de lo que la situación del sistema parece requeruir.

La cuestión es que la combinación de ambos elementos, el problema poblacional y la caída de los salarios y por tanto de las cotizaciones al sistema, arroja como resultado la insuficiencia del sistema, o lo que es lo mismo, no es que vaya a quebrar o se vaya a quedar sin fondos (aunque sí el fondo de reserva, como se menciona más arriba), sino que simple y llanamente, no habrá dinero para dar unas pensiones públicas dignas a los jubilados en el futuro, lo que supondrá que 4 de cada 10 jubilados estará en riesgo severo de pobreza en 2050, según un reciente informe del Instituto BBVA de Pensiones.

David Carrasco, director ejecutivo de pensiones de BBVA, asegura que «en la próxima década, alrededor del año 2025, se jubilará la generación denominada del baby boom y eso supondrá mucha tensión para el sistema, de ahí la importancia de que haya más transparencia, en el sentido de que todos los españoles sepamos con seguridad cuál va ser la cuantía de nuestra jubilación, llegado el momento, para que podamos prever sistemas de pensiones privados complementarios».

Según datos de la Comisión Europea reflejados en su informe «Ageing Report 2015», la tasa de reemplazo de las pensiones públicas en España pasará del 81,9% del último sueldo de 2013 al 49,7% en el año 2060, lo que supone una reducción de nada menos que 32,2 puntos porcentuales, la mayor caída de todos los países de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es que la pensión pasará del 45,7% del último salario al 39% en 2060, lo que supone solo una caída de 6,8 puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, Bruselas alertaba también de la reducción que experimentarán las pensiones a los 10 años del inicio del cobro de la prestación, que en el caso de nuestro país podría ser de alrededor del 11%, fruto del agravamiento del mencionado problema de suficiencia.

El experto en pensiones de BBVA cree que es una irresponsabilidad que ninguno de los Gobiernos que ha tenido España en los últimos años haya acometido de manera seria el problema de las pensiones, y puso como ejemplo el hecho de que en el caso del Ejecutivo del PP se comprometió en 2012 a mandar una carta a cada trabajador para explicarle con los datos hasta esa fecha cuál sería la cuantía de la pensión a percibir. Ni que decir tiene que no ha habido ni rastro de la promesa. Se trata de una patata demasiado caliente que abrasa en las manos de todos los políticos, pero solo en las de los españoles. En Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros muchos países, los Gobiernos envían información a sus ciudadanos sobre la pensión pública estimada que tendrán cuando se jubilen.

En el lado positivo, que en este tema también lo hay aunque el panorama sea sombrío, destacan las recientes reformas del sistema para que las pensiones no se actualicen con el Índice de Precios al Consumo (IPC), sino que como mucho suban un 0,25% cada año. Esta decisión ha hecho que mejore la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero no la suficiencia.

En este escenario basado única y exclusivamente en las cifras, los expertos se han lanzado a una tormenta de ideas para intentar arrojar luz en la oscuridad. Ángel de la Fuente (Fedea y CSIC), Miguel Ángel García (URJC) y Alfonso Sánchez (UCM y Fedea) aseguraban en un reciente estudio titulado «La salud financiera del sistema público de pensiones» que «ante los problemas de suficiencia del sistema una posibilidad sería la de blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación, lo que tendría un coste anual durante los próximos cuarenta años de algo más de cuatro décimas del PIB que habría que financiar con impuestos adicionales, lo que supondría un incremento de la recaudación del IRPF de alrededor de un 6%. Con lo que no coincidimos es con la posibilidad de financiar con impuestos ciertos tipos de pensiones, trasladando así el problema desde los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado para poder subir las pensiones. Además creemos que cualquier posible parche que se apruebe ahora para paliar la alarma social existente en relación a las pensiones debe formar parte de un acuerdo más amplio sobre un plan de actuación coherente que inicie lo antes posible la transición hacia un nuevo diseño del sistema público de pensiones que, además de más equitativo y transparente, deberá ser más adaptable a las circunstancias económicas que el actual y más cercano a los parámetros de generosidad de los países de nuestro entorno para poder ser sostenible a largo plazo».

En relación con la generosidad hasta 2013 por cada euro que cotizaba un trabajador en activo en España, el pensionista recibía una pensión de 1,44 euros. Desde 2013 la cantidad que recibe el pensionista por cada euro cotizado es 1,28. El profesor Enrique de Mesa explica que «esta generosidad del sistema es posible porque la generación del baby boom está todavía en activo y trabajando, es lo que se llama el bono demográfico y que en el futuro desaparecerá de tal modo que el sistema tenderá a ser más justo y por cada euro que se esté cotizando se recibirá un euro de pensión».

Los parámetros del sistema de generosidad español en materia de pensiones contrasta por ejemplo con el sueco, donde por cada 1,28 euros de cotización el pensionista recibe 1 euro, un método que sin duda fortalece el sistema y lo hace sostenible.En ese país se hicieron las primeras cuentas nocionales de su sistema de pensiones y en 2001 se empezaron a pagar las pensiones con el nuevo sistema, con lo que nació ya en equilibrio.

Otra de las posibles soluciones que aportan los mencionados profesores De la Fuente, García y Sánchez es que «aportar más recursos para mejorar las pensiones del sistema, o al menos las más bajas, pero aumentar cotizaciones tiene sus problemas porque ya están en torno al 30%, y no sería justo cargar más a los jóvenes ya que esto podría tener efectos sobre el empleo».

Entre las muchas opciones que habría están la de blindar la pensión mínima, ligándola a la inflación, pagar viudedad y orfandad con impuestos.

Sugerencias al margen, según el Ministerio de Empleo, en el último ejercicio el número total de pensiones se incrementó en cerca de 100.000, hasta llegar a los 9,5 millones, y su cuantía media fue de 920,20 euros, un 1,9% más que hace un año.

La necesidad de un plan de ahorro complementario para la jubilación de los europeos en general ha hecho que hasta en Bruselas se hayan movilizado. La Comisión Europea presentó hace unos días una propuesta que brinda a los proveedores de pensiones el medio para ofrecer un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), que compartirán las mismas características básicas en toda la Unión Europea y podrán ser ofertados por compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos. Además Bruselas plantea que este nuevo producto europeo de ahorro para la jubilación tenga el mismo trato fiscal que los productos nacionales similares ya existentes. La idea de la Comisión Europea es reforzar la creación de una Unión de Mercados de Capitales, ayudando a canalizar así el ahorro hacia inversiones a largo plazo en la Unión Europea. Entre las ventajas para los ahorradores figuran que las empresas que oferten estos nuevos productos tendrán que cumplir estrictas obligaciones de información, tendrán derecho a cambiar de proveedor de seguro cada cinco años y los PEPP se podrán transferir de un Estado miembro a otro y, eso sí, tendrán distintas opciones de rescate al final de la vida útil del producto en función del país de residencia.