La Seguridad Social afronta pagos récord de 31.000 millones en pensiones en dos meses

La paga ordinaria se financia con los recursos generados por las cotizaciones , que crecen un 5,8% impulsadas por el empleo y la mejora de las bases de cotización. Y la extra se hará frente con un crédito del Tesoro. El Ejecutivo ha seguido la hoja de ruta dejada por el Gobierno de Rajoy y ha utilizado el préstamo prorrogado de 10.200 millones contemplado en los Presupuestos de 2017. Para los pagos de este mes el sistema precisará de 7.500 millones, el 75% del total. A este desembolso se unirán más de 1.000 millones en concepto de IRPF.

Ambas pagas que este mes reciben 8,7 millones de jubilados supondrán para las arcas del sistema de previsión una factura de 17.727 millones de euros. Los apenas 8.000 millones que tiene el Fondo no se tocarán.

No está cumplido, sin embargo, todo el compromiso con los jubilados. El sistema también tendrá que hacer frente a los subidas comprometidas con el PNV, condición que exigió el grupo vasco para apoyar los Presupuestos. El acuerdo supone volver a indexar las pensiones al IPC, lo que supone para este año una subida del 1,6% y en torno al mismo porcentaje el próximo. Para las pensiones mínimas la subida prevista es del 3% y más de medio millón de viudas se beneficiarán del aumento de la base reguladora desde el 52% hasta el 56%. Mejora que se abonará, en principio, en la nómina de agosto, aunque en este caso no habrá atrasos desde enero.

¿Qué costará vincular de nuevo la subida de las pensiones a los precios? Solo este año el coste será de unos 1.800 millones de euros , cifra que se elevará por encima de los 2.100 millones si se tiene en cuenta que ya en enero las pensiones subieron un 0,25%, lo que tuvo un coste cercano a los 333 millones. Mil millones será el desembolso para aumentar un 3% las mínimas.

La factura será mayor cada año que pase dado que el coste de la revalorización anual se irá consolidando. Es decir, que en 2019, los 1.800 millones abonados este año se sumarían a los que tendría que desembolsar el Estado ese ejercicio por la vinculación de las nóminas a la evolución de los precios. Serían algo menos de 1.800 millones si se cumple la previsión de que los precios acaben el año en el entorno del 1,5%.

El «modus operandi» va a ser el mismo a partir de ahora. La pasada semana el Pacto de Toledo se puso de acuerdo para volver a utilizar el IPC como referencia para revalorizar las pensiones. Sus señorías han llegado a un entendimiento que supondrá mantener el poder adquisitivo de los jubilados cada año. Además, la comisión del Congreso ha dejado la puerta abierta a una subida superior en los años de gran crecimiento empleando para ello los indicadores que decidan los agentes sociales en la mesa abierta sobre pensiones.

Pero el acuerdo de revalorización no está cerrado definitivamente. Los grupos no han conseguido llegar a un acuerdo sobre la actualización que tiene que aplicarse en los años de recesión. La propuesta del portavoz del PDECat en la comisión, Carles Campuzano, la base sobre la que se ha acordado, es que en estos periodos de crisis solo suban las pensiones más bajas. El PP y Ciudadanos respaldan esta opinión, pero tanto el PSOE como Unidos Podemos se mantienen firmes en el IPC todos los años y para todos.

El nuevo sistema de cálculo se rescata en un momento en el que la Seguridad Social sigue intentado equilibrar sus balances después de una dura recesión que destruyó 3,7 millones de empleos. Hoy, la economía crece un 3% y se están creando 500.000 empleos al año , pero el sistema debe afrontar pagos más elevados que antes de la crisis. La Seguridad Social paga hoy 9,6 millones de pensiones contributivas, prestaciones que se abonan con las cotizaciones de casi 19 millones de afiliados. El número de pensiones que se suman al sistema crecen por encima del 1% desde antes de la crisis, pero los gastos lo vienen haciendo un 3% desde 2014, lo que sitúa el desembolso mensual cercano a los 9.000 millones.

Este aumento sostenido del gasto se debe fundamentalmente al citado incremento del número de pensionistas pero, sobre todo, al efecto sustitución, ya que las nuevas pensiones que entran en el sistema público son superiores en más de un 30% a las que se dan de baja por fallecimiento de sus perceptores.

Este avance de los gastos no permite que el sistema público alivie su déficit. A los créditos de 10.200 millones usados en 2017 y este ejercicio para hacer frente a los pagos, cuando el Congreso dé el visto bueno a los Presupuestos, quedará a disposición de la Seguridad Social una nueva línea de crédito de 15.000 millones que, a la vista del desfase presupuestario que registras el sistema, también se agotará. Y esto pese a que por primera vez desde el estallido de la crisis, en 2017 el déficit de las pensiones redujo su peso en relación al PIB, aunque en términos absolutos volvió a batir un nuevo récord. El desfase entre ingresos y gastos se situó en el 1,61% del PIB, inferior al 1,7% de 2016, pero en términos cuantitativos los «números rojos» escalaron hasta los 18.800 millones, 200 millones más que un año antes.