Sánchez garantiza a la CEOE que Podemos no controlará ninguna cartera económica

Como avanzó este periódico las empresas están más inquietas que nunca y dispuestas a declarar la guerra si Sánchez hace concesiones que supongan una merma de la competitividad de las empresas, como es el caso de una nueva subida de las cotizaciones por encima de la evolución de los precios o un nuevo alza del salario mínimo (SMI) hasta los mil euros, como ya ha avanzado el propio Sánchez.

Antonio Garamendi fue ayer muy contundente ante los órganos de dirección de la organización que preside, la junta directiva y el comité ejecutivo. En una intervención de unos tres cuartos de hora repasó el momento político y económico y advirtió de que la patronal romperá el diálogo en todas las mesas de negociación si, de nuevo, el Ejecutivo cede ante la formación de extrema izquierda e incrementa el SMI sin negociarlo antes con las empresas.

El dirigente empresarial apeló al derecho que tienen empresarios y sindicatos de ser consultados, lo que no ocurrió en 2018 cuando el salario mínimo se situó en 900 euros por imposición de Podemos. La legislación establece que fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente es potestad exclusivamente del Ejecutivo. Si bien el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores obliga a consultar previamente con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. Pero en esta ocasión, en la sede de Diego de León 50 tienen muy claro que no se conforman con ser consultados, quieren negociar una medida que afecta de lleno a la competitividad de las empresas.

Garamendi recordó ayer que la economía española está en desaceleración y que «mil euros es una barbaridad, porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida». Recordó que el alza del 22,3% decretada este año se aplica por igual en toda España , pese a la diferencia de renta que existen en las distintas regiones. «Dejen de presionarnos con el SMI», apuntó. Reflexiones que hizo después de recibir una llamada del presidente del Gobierno. Una conversación que forma parte de la ronda de llamadas que Pedro Sánchez realizó ayer a los agentes sociales para comunicarles su «voluntad de conseguir la investidura, formar un Gobierno cuanto antes, reforzar el diálogo social y afrontar entre todos las transformaciones que necesita España», afirmaron fuentes del Gobierno.

«Lo que pedimos al Gobierno es que nos deje margen (a empresarios y sindicatos) para hablarlo y que no nos marquen los espacios, que no haya interferencias. El presidente así me lo ha reconocido. Vamos a ver...», dijo Garamendi, antes de reconocer que ya se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales con este fin. «Debemos llegar a un acuerdo y ser nosotros los que traslademos a la clase política esta realidad, no al revés», añadió.

El salario mínimo es la gran línea roja, pero hay otras medidas adoptadas unilateralmente por el Ejecutivo socialista en 2018 que generan intranquilidad en las empresas, como es el caso de la subida de las bases máximas de cotización, que el pasado enero se incrementaron en un 7%. Esta es una de las principales vías para lograr ingresos de forma rápida y efectiva , dado que las bases imponibles sobre las que actúa son las más elevadas (sueldos de más de 50.000 euros al año). La mala noticia es que implica hacer recaer parte de las subidas fiscales en los impuestos al empleo que pagan la empresas, hoy más de seis puntos porcentuales mayores que la media de la UE. Y si aumentar impuestos se combina con alzas del SMI por encima de los precios, la combinación es explosiva, sobre todo en una economía que está en desaceleración, en la que el empleo ya da síntomas claros de retroceso. Valerio ha dejado claro también que la subida del SMI será objeto de negociación con las organizaciones sindicales y empresariales y ha afirmado que existe el compromiso, a lo largo de toda la legislatura (hasta 2023), de que este se sitúe en el 60% del salario medio (a día de hoy esta referencia equivaldría a 1.166 euros).

Sánchez no quiere tener enfrente al mundo empresarial, remar en contra del colectivo que genera empleo en España es un gran problema para gobernar. Asegurarse las carteras económicas es controlar el gasto y también los ingresos, además de tener las riendas de las grandes reformas que están pendientes, como es el caso de la reforma de pensiones y la laboral, dos normas que Podemos quiere derogar de forma inmediata. Lo mismo pensaba el PSOE, aunque cambió el discurso cuando llegó al Ejecutivo para justificar cambios solo en «los aspectos más lesivos» de la reforma. Sin embargo, ha podido hacer algo en el último año y medio y no lo ha hecho. Modificar la norma sin consenso sería otro de los motivos de batalla con CEOE.

El Ministerio de Trabajo es un departamento que controla casi la mitad del Presupuesto. Solo las pensiones se llevan el 75% del gasto social del Estado y si se tienen en cuenta las prestaciones por desempleo el porcentaje asciende al 80%. En un primer momento se llegó a asegurar que el departamento se partiría. Por un lado, quería la Seguridad Social y, por otro, Trabajo. El primero lo controlaría el PSOE y el segundo, Podemos. El nombre de la ferrolana comunista Yolanda Díaz, en cuyo historial político figura que fue protagonista de la ruptura por parte de su formación del consenso en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo antes de las elecciones del 28 de abril. Su nombramiento hizo temblar a las empresas.

La forma de actuar de la formación morada no gusta a los empresarios, pero tampoco a los sindicatos. Temen que este partido «pase de largo» por el diálogo social y utilice el Consejo de Ministros para legislar de forma autónoma. «No tienen ningún apego a la concertación y ha bombardeado el diálogo social», advierte un alto cargo de la patronal sobre Podemos.