EFE

Los recursos contra el cártel de camiones, un camino lleno de baches

El TJUE resolverá en breve un caso que acumula hasta ahora sentencias dispares

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Tras atravesar decenas de pleitos, los principales fabricantes de camiones se han encontrado con un cruce de caminos en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará en breve sobre el cártel que mantuvieron estas empresas entre 1997 y 2011. El fallo determinará si la hoja de ruta del sector se vuelve llano o se mantiene lleno de baches legales. Y es que el caso atañe a los gigantes del sector: Daimler, DAF, Iveco, Volvo, MAN y Scania.

Todos ellos se repartieron el mercado durante catorce años, lo que provocó unos cuantiosos sobrecostes para los transportistas que adquirían un camión. Además de fijar los precios, también fueron acusados de retrasar deliberadamente la entrada en el mercado de vehículos con tecnología para disminuir las emisiones contaminantes y trasladar a los consumidores los costes de la adopción de dicha tecnología. La Comisión Europea condenó esta práctica en 2016 con la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha: 2.926 millones. Pero la cuantía no se repartió entre todas las empresas. MAN se libró porque fue el primero en «chivarse» del cártel. Y Scania, por negarse a colaborar, recibió un castigo particular de 880 millones un año más tarde.

El fabricante sueco siempre ha defendido su inocencia. Es por ello que presentó un recurso de apelación ante el TJUE contra esta sanción a finales de 2017. Un recurso sobre el que tribunal comunitario se pronunciará de forma inminente. En CCS abogados consideran que este fallo puede revolucionar el caso. Desde el despacho, que gestiona actualmente más de 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes, que implican a más de 34.000 vehículos en España, aseguran que si el TJUE hace firme la sentencia contra Scania, cientos de afectados volverán a tener la opción de reclamar. No solo los compradores de un camión de Scania; también los que adquirieron un vehículo a los otros fabricantes implicados en el caso.

En total se calcula que en toda Europa hay unos 4 millones de camiones afectados por el cártel en Europa, de los cuales en España serían unos 400.000. Fuentes jurídicas afirman a ABC que si todos los camioneros afectados reclamaran, los fabricantes pueden enfretarse a una multa de 50.000 millones de euros en total, entre unos 12.000 o 15.000 euros por camión.

Solidaridad plena

Fuentes de CCS puntualizan que, inicialmente, en España solo había un plazo de un año para reclamar desde que se publicó oficialmente la multa de la Unión Europea a los fabricantes implicados en el cártel, en abril de 2017. Esto se debía a que en nuestro país no se aplicó la directiva de daños, que otorga un plazo de hasta 5 años para reclamar en un caso de estas características, hasta mayo de 2017.

Ahora la situación es distinta, ya que si el TJUE confirma la multa contra Scania, miles de transportistas tendrán de nuevo la opción de reclamar los sobrecostes que les impuso este particular cártel gracias a que la directiva introduce la figura de la «solidaridad plena». Por tanto, incluso los que hayan comprado camiones que no sean de la marca Scania pueden rendir cuentas al fabricante sueco gracias a este criterio. Un nuevo escenario que provoca que miles de transportistas estén atentos a lo que dictamine el TJUE. «Un 30% de los afectados todavía no ha demandado», explican desde el bufete.

Eso sí, estas reclamaciones no son sinónimo de éxito. En España ya se han producido algunas sentencias sobre el cártel de camiones y, pese a la multa de la UE, no todas han sido favorables a los consumidores. El motivo de la disparidad en las sentencias es que el criterio ha variado en función de cada caso. ¿Por qué? Según apuntan desde CCS, porque los jueces están tomando como referencia las pruebas periciales aportadas. Y no todas dejan patente el sobrecoste originado por las prácticas del cártel. Eso sí, todavía queda camino por recorrer, ya que todas las sentencias han sido reclamadas, según han informado a ABC fuentes jurídicas. Ante este panorama de incertidumbre, no se descarta que en un futuro tenga que dictaminar el Tribunal Supremo.

Los fondos entran en acción

Mientras tanto, las sentencias por todos los países de la UE van sucediéndose. De hecho, fuentes del sector apuntan a que en los próximos días se espera una nueva resolución clave para el caso. Aunque no se sabe en qué país se dictaminará, las mismas fuentes aseguran que no sería en España. ¿Y por qué sería novedosa? Pues porque sería una demanda llevada a cabo por fondos de inversión, que han entrado de lleno en el caso por los altos costes periciales para los camioneros. Y es que estos tienen que realizar sus denuncias de manera individual, ya que en Europa no se aceptan pleitos en masa (Class action en la jerga) con un único firmante, como ocurre en EE.UU., si no que todos los reclamantes deben formalizar su denuncia de manera individual.

Así, los fondos han aprovechado esta circunstancia para, o bien financiar el pleito, por el que se llevarían una compensación, o comprar parte o la totalidad del derecho a reclamar al cliente. En este último caso los fondos pagarían 1.000 o 2.000 euros, respectivamente. Es el caso de TransAtlantis, que espera lanzar para después del verano una macrodemanda en Alemania. El fondo cree que el país germano es el mejor para denunciar, ya que además de que el procedimiento dura unos tres años menos que en España, de las 30 sentencias emitidas, la mayoría fueron favorables.