¿Se pueden controlar los precios del alquiler de pisos?

Esta división ha puesto en riesgo la aprobación de los Presupuestos . Podemos, principal socio del Ejecutivo , pone como condición para apoyar las cuentas que el Gobierno permita que los ayuntamientos limiten las subidas del alquiler en determinadas zonas tensionadas.

Fuentes del mercado inmobiliario consideran que esta medida es «disparatada» y tendrá el efecto contrario al deseado, porque provocará que muchos propietarios decidan no sacar su piso al mercado. «Es una forma de atentar contra la propiedad privada», señalan desde un fondo de inversión con presencia en el sector. Además, se hacen una pregunta clave. «¿Realmente España cuenta con mecanismos para limitar los precios del alquiler?».

La cuestión tiene fácil respuesta para el Ministerio de Fomento: no. O, por lo menos, todavía no. Desde el Gobierno recuerdan que están intentando aprobar un Observatorio de la Vivienda que recoja cifras del alquiler, ya que hoy por hoy no hay datos oficiales de este mercado. No hay una estadística que refleje la variación de sus precios, como sí ocurre con la compraventa. Y esto complica la implantación de la medida de Podemos.

Porque, ¿dónde se pondrían esos límites? ¿en base a qué criterio? ¿durante cuánto tiempo? Son interrogantes que no se han despejado todavía. Ni siquiera Podemos ha aclarado cómo se articularía el control de precios, simplemente ha exigido al Ejecutivo su aprobación.

«Cinco comunidades ni siquiera registran el precio de los contratos. Limitar el precio del alquiler, que no es lo mismo que controlarlo, llevaría tiempo. Ya se verá», insisten desde Fomento. Mientras, en el Ministerio de Economía se muestran más tajantes y consideran que «el mercado del alquiler debe seguir un mercado libre».

El Gobierno tiene la opinión de que con el real decreto que se aprobó el pasado 14 de diciembre será suficiente, por el momento, para frenar la escalada de los precios. Se trata de una norma que blinda a los inquilinos mediante acciones como la ampliación de los contratos de tres a cinco años (a siete si el arrendador es una persona jurídica ) y la limitación de las finanzas a dos mensualidades.

Distintos juristas no comparten esta visión. Amor Pelegrí, socia fundadora del despacho Pelegrí Abogados , advierte que esta reforma de la ley del alquiler será contraproducente. «Si no se puede subir el precio de un alquiler más allá de la inflación en cinco años, lo que haré será poner un precio más alto al previsto desde un principio», apunta.

Una vez superado el periodo de cinco años, la norma propone una prórroga de tres años más. Pelegrí explica que si un propietario no avisa con al menos un mes de antelación a la finalización del contrato de que no quiere extender el alquiler, este se renovará automáticamente. «Muchos contratos se irán a los ocho o a los diez años. Es un periodo muy largo para que no haya subidas de precios».