Montoro propone al Congreso prohibir por ley las amnistías fiscales en el futuro

Montoro se refiere al intercambio automático de cuentas financieras, que provocará que a partir de septiembre la Agencia Tributaria reciba una oleada de datos de cuentas financieras de 53 países. El procedimiento se ampliará a otros 47 países en 2018, entre ellos Suiza y Andorra. Esta obligación ha generado un alud de movimientos en despachos y grandes fortunas ante el temor de salir en la foto que reciba la Agencia Tributaria, señalan fuentes jurídicas a ABC.

La idea de prohibir las amnistías fiscales en el futuro no es novedosa. El ministro de Economía socialista, Carlos Solchaga, después de aprobar la amnistía fiscal en 1991, prohibió las amnistías fiscales sucesivas en los Presupuestos Generales del Estado de 1992 . «A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal ni se establecerán otras regularizaciones análogas», rezaban las cuentas de entonces. «Usted ya sabe que esto no sirve de nada, para ello debería cambiarse la Constitución », ha criticado Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos, a Montoro.

El ministro está compareciendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para explicar la sentencia del Constitucional, que anuló la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó en 2012 al haberse sacado por decreto ley y no como una norma ordinaria. La sentencia del TC, más allá de este defecto de forma, incluía también una dura crítica al procedimiento de regularización, al acusar al Ejecutivo de provocar la «abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». Sin embargo, el dictamen no tenía efecto alguno sobre los acogidos ni sobre el procedimiento , en base a la seguridad jurídica.

Montoro achacó la aprobación de la amnistía fiscal al estado de crisis en el que estaba el país en 2012. «A mí no me gustó nada poner en marcha la regularización extraordinaria que supuso la DTE –Declaración Tributaria Especial–. De hecho había sido ministro en mayoría absoluta y ni se me ocurrió recurrir a esta medida», ha apuntado el ministro que ha criticado que «ahora se mira ese momento como si hubiera sido angelical».

El ministro también ha defendido que la amnistía «ha hecho posible miles de inspecciones» y que tras ella se aprobó un endurecimiento de la Ley de lucha contra el fraude que fijó la obligación de declarar año a año los bienes en el exterior –el llamado modelo 720–. Montoro ha destacado que desde 2013 la Agencia Tributaria ha desplegado 10.990 actuaciones inspectoras a declarantes del modelo 720 liquidando 971 millones e instruyendo deuda por valor de 1.947 millones. Sobre los acogidos se ha inspeccionado a 3.943 contribuyentes , el 11% de los 30.000 amnistiados, aflorando 279 millones de deuda de los que se ha ingresado 212.

«Pasamos de no saber cuánto dinero oculto había, a tenerlo identificado con nombres y apellidos en los ordenadores de la Agencia Tributaria», ha señalado Montoro. El ministro explicó que los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda recomendaban que la amnistía no podía interrumpir la prescripción de las irregularidades afloradas, y que la Agencia Tributaria tampoco podía realizar comprobaciones aisladas con la declaración de los acogidos, pero sí se puede utilizar la información si se cruza con otros datos.

Montoro también ha anunciado que tras la aprobación de los Presupuestos de 2017 propondrá a las Cortes reforzar los efectivos de la Agencia Tributaria. La medida va en la línea de la enmienda introducida por Ciudadanos en el Senado para dotar de 1.000 plazas más al Fisco, adicionales al 100% de tasa de reposición que tiene el organismo.

La amnistía fiscal aprobada en 2012 permitió a 31.529 personas y empresas regularizar su situación y aflorar 40.000 millones de euros que hasta entonces estaban ocultos a los ojos del Fisco. La regularización establecía un gravamen del 10% sobre las rentas afloradas, si bien posteriormente el Ministerio de Hacienda precisó en una resolución de la Dirección General de Tributos que solo se pediría el 10% sobre los ejercicios no prescritos, es decir, los cuatro últimos que arrancaban en 2008. Por ello, en lugar de recaudar el 10% de lo declarado, 4.000 millones, se ingresaron 1.200 millones, solo un 3%.

Unas horas antes de su comparecencia, tras la sesión de control al Gobierno, Montoro insistió en los pasillos de la Cámara Baja en que solo hay un dirigente del PP que se acogió a la amnistía fiscal mientras que «hay más casos en el grupo socialista«, dirigentes «conocidos que también están en los tribunales», informa Efe. El diputado socialista Julián López echó en cara a Montoro estas declaraciones y exigió su dimisión.